León quiere andar solo

Reelegido alcalde tras las elecciones municipales de julio de 2023, Díez ha hecho suya la propuesta leonesista de avanzar hacia una región autónoma aun a costa de provocar una crisis interna en el PSOE regional, cuya postura oficial siempre ha sido favorable al fortalecimiento de la comunidad autónoma. De hecho, la conmoción generada por el socialismo leonés ha obligado a Ferraz a salir al paso y aclarar que «León no se va a ninguna parte», que lo ocurrido no es más que un «toque de atención» a la Junta por el abandono al que viene sometiendo a la provincia.

En los 41 años de andadura autonómica, en Castilla y León no es noticia que una parte relevante de la sociedad leonesa muestre su desafección hacia la comunidad y apueste por la segregación. Tampoco lo es que fuerzas políticas como PSOE y PP secunden reivindicaciones de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), con la que han pactado en varias ocasiones para sacar adelante sus respectivos ejecutivos. El penúltimo episodio se dio en 2019, cuando PSOE y UPL llegaron a un acuerdo para acabar con 24 años de gobiernos del PP al frente de la Diputación Provincial, una circunstancia que se ha repetido en 2023 pero con una formación leonesista aún más fuerte, que pasó de tener un diputado a conseguir tres.

Si bien es cierto que las reivindicaciones leonesistas hunden sus raíces en el primer tercio del siglo XX como reacción a las presiones autonomistas de Cataluña, también lo es que adquirieron más fuerza durante el proceso de constitución de la comunidad autónoma. Un proceso tortuoso y difícil, plagado de dudas, ambigüedades y contradicciones por parte de los actores políticos encargados de llevarlo a cabo. Castilla y León fue la última comunidad autónoma en aprobar su Estatuto de Autonomía, el 25 de febrero de 1983, pues ninguna otra atravesó por un proceso fundacional tan conflictivo. No solo León planteó problemas: Segovia estuvo a punto de quedar fuera de la comunidad -tuvo que ser incluida mediante Ley Orgánica- y en Burgos surgieron voces en contra del centralismo vallisoletano. Más datos: el PSOE leonés comenzó apostando por la autonomía uniprovincial, Alianza Popular (luego PP) no creyó nunca en la configuración actual de la comunidad y secundó todos los movimientos segregacionistas, y la UCD, fuerza mayoritaria hasta 1982 y autora del primer texto estatutario, se mostró dubitativa y ambigua en los primeros momentos.

Diversos factores explican esta singular situación: la configuración de la autonomía de Castilla y León no fue fruto de una dinámica reivindicativa endógena, pues el papel más relevante lo ejercieron las élites políticas de organizaciones suprarregionales, sobre todo del PSOE y UCD. El eco social del regionalismo era muy escaso en estas tierras, pero no así las identidades de tipo provincial, que gozaban -y siguen gozando- de una honda raigambre. Además persistía una estrecha imbricación histórica con la identidad española, circunstancia que ha limitado siempre cualquier proceso de diferenciación regional, al tiempo que los grupos de poder de determinadas capitales de provincia -diputaciones, ayuntamientos, asociaciones profesionales, entidades financieras...- alentaron con eficacia la segregación para preservar su posición relativa en el sistema territorial del Estado. A todo ello se sumaba el temor a que un nuevo centralismo, el vallisoletano, capitalizara todos los recursos de la nueva entidad administrativa. Al final, la utilización de la conjunción copulativa 'y' en Castilla y León se convirtió en una denominación de compromiso, que quería expresar la existencia de dos reinos o regiones históricas que se unían para constituir la nueva comunidad.

Entrando en detalles, ya antes de constituirse, en 1978, el Consejo General de Castilla y León, encargado del proceso autonómico, la inflación de sentimientos regionalistas impulsó la creación de agrupaciones que volvían a defender tanto la reedición de un supuesto reino leonés formado por León, Zamora y Salamanca, como la configuración de una autonomía uniprovincial. Es lo que pretendían el Grupo Autónomo Leonés, creado en junio de 1977, y el Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL) a partir de 1980. Ambas, sin embargo, no tendrían la fuerza suficiente para aglutinar voluntades, pese a que las encuestas manejadas entonces por la Diputación mostraban una clara inclinación por caminar al margen de Castilla. A ellos habría que añadir el Partido del Bierzo, defensor desde 1979 de la provincia autónoma de El Bierzo contra el «centralismo leonés».

Iniciado el proceso por la vía lenta del artículo 143 (asunción gradual de competencias en cinco años), para que la iniciativa autonómica prosperase era precisa la aprobación, en seis meses, de, al menos, dos terceras partes de los municipios cuya población representase la mayoría del censo electoral de cada provincia. Ya entonces, Alianza Popular se aliaba con los leonesistas para apoyar la creación de un Consejo General de la Región Leonesa paralelo al de Castilla y León, mientras Rodolfo Martín Villa y la UCD, partido dominante en ese momento, no terminaban de definir su actitud; no así el PSOE de León, que apostaba por la autonomía uniprovincial. Ya es sintomático que cuando en la Asamblea de Parlamentarios celebrada en Ávila el 18 de febrero de 1978, UCD y PSOE consensuaron el texto preautonómico para negociarlo con el ministro Clavero Arévalo, ya no estuvieran presentes los parlamentarios leoneses. Al mes siguiente, una nutrida manifestación a favor de la autonomía recorría las calles de la capital.

El socialismo leonés pisó entonces el acelerador de la segregación: ya en el primer congreso regional del PSOE, en 1979, rehusó participar para visibilizar su negativa a formar parte de «Castilla y León». Las desavenencias internas se escenificaron en el Congreso Provincial socialista celebrado del 30 de junio al 2 de julio de 1979: mientras las agrupaciones de León y Ponferrada defendían la integración en Castilla y León, la de Villablino proponía la autonomía uniprovincial. Presiones desde Madrid y de Gregorio Peces Barba, diputado por Valladolid, llevaron a los socialistas leoneses a aceptar, a regañadientes, la autonomía castellana y leonesa.

También a la fuerza tuvo Martín Villa que disciplinar a la UCD leonesa para que abandonase la ambigüedad, sobre todo después de que la formación decidiese, a nivel nacional, racionalizar el proceso autonómico conteniendo la proliferación de autonomías uniprovinciales.Saldada así (en falso), la cuestión leonesa, a continuación, y en un tiempo récord, tanto la Diputación (16 de abril de 1980) como el Ayuntamiento de la capital (17 de abril) se sumaron a la iniciativa autonómica, actitud que fue secundada en la provincia por 158 ayuntamientos de un total de 214. El 12 de julio de 1980 los parlamentarios leoneses volvían al órgano preautonómico tras más de dos años de ausencia. Pero estas decisiones no cerraron el problema.

La crisis de UCD posterior a las elecciones generales de octubre de 1982 lo reactivó al dejar prácticamente sin efecto la operación integradora de Martín Villa. Así, el 13 de enero de 1983, el presidente centrista de la Diputación, Julio César Rodrigo de Santiago, convocaba un pleno extraordinario para secundar las tesis secesionistas de AP y, con 22 votos a favor (UCD y AP) y 4 en contra (PSOE y PCE), dejaba sin efecto el acuerdo del 16 de abril de 1980 y proponía iniciar el proceso para constituir un ente autonómico uniprovincial. El día 19, el Ayuntamiento de Ponferrada se sumaba a la actitud de la Diputación, y el 29 más de 20.000 manifestantes gritaban 'León solo' por las calles de la capital.

La Mesa del Congreso de los Diputados no llegó a admitir la petición de la Diputación leonesa de suspender la tramitación del proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aunque el 25 de octubre, ocho meses después de la aprobación del mismo, el Consistorio de la capital también revocaba su acuerdo de 1980 y solicitaba el reinicio del proceso.

Como durante la tramitación del Estatuto en las Cortes nacionales se rechazaron las pretensiones del grupo parlamentario popular de separar León de la autonomía, en junio de 1983, 53 de sus senadores presentaban dos recursos ante el Tribunal Constitucional, uno contra el Estatuto, cuyo objetivo era excluir a León de la comunidad, y otro contra la Ley Orgánica de incorporación de la provincia de Segovia. Ninguno de ellos prosperó: en su sentencia, el Constitucional señalaba que, si bien con el acuerdo de ayuntamientos y diputaciones se impulsaba el proceso de constitución de la comunidad autónoma, no era necesario que éste se mantuviese en lo sucesivo, pues el proceso pasaba a manos de otros sujetos. Y tampoco se pronunciaba sobre la iniciativa autonómica uniprovincial, sobre si la provincia de León podía o no segregarse, ni sobre la vía a seguir para ello.