Coronavirus | El apoyo al pago de alquileres incluye quitas a los grandes propietarios

Un Consejo de Ministros, el tercero en cuatro días, el de ayer eminentemente social, tuvo como paquete de medidas estrella el destinado al apoyo de los inquilinos, un colectivo que, según destacó el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, en los últimos tiempos -aunque no solo desde el estallido del coronavirus, pese a que este haya sido el detonante de las medidas- había venido reclamando protección. El decreto se ha aprobado no sin choques previos entre las carteras de Iglesias y la de José Luis Ábalos, que finalmente llegaban a un acuerdo el lunes por la tarde, 'in extremis' para llegar al Consejo de Ministros de ayer.

El vicepresidente de Derechos Sociales, en su primera intervención en una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros, se felicitó de que el paquete de medidas para apoyar a los arrendatarios discrimine entre los pequeños propietarios y los «fondos buitre» o grandes tenedores. Así, aseguró que «todos los pequeños propietarios» van a cobrar íntegramente su renta. E ilustró la necesidad de tal garantía con el caso de una pareja de jubilados que tenga una pensión baja y que complemente con la renta de un inmueble adquirido durante toda una vida de trabajo, en contraposición con alguien que tenga quince o veinte viviendas alquiladas o un «fondo buitre» con miles de viviendas y locales en el mercado.

Así, según explicó Iglesias, los fondos de inversión y los grandes tenedores inmobiliarios tendrán que hacer un esfuerzo y colaborar en esta coyuntura. Así, describió, los grandes caseros tendrán que optar entre dos vías para ayudar a sus inquilinos: aceptar una quita del 50% en las rentas o asumir una reestructuración de la deuda, es decir, repartir el pago de los alquileres no retribuidos durante en un plazo de tres años.

En la práctica, lo que propone el Gobierno es que inquilinos y grandes propietarios traten de llegar a un acuerdo para rebajar las rentas. Si no se logra tal arreglo, la idea es que los caseros activen el decreto para cobrar la renta con quita o para dar una moratoria al inquilino de cuatro meses, que devolvería más adelante la deuda generada.

El punto fuerte del plan del alquiler es un paquete de microcréditos públicos a interés cero que podrán solicitar los inquilinos que hayan quedado en una situación vulnerable por la crisis del coronavirus y que tendrán la posibilidad de devolver en seis años prorrogables por otros cuatro ejercicios, si se tienen problemas para hacer frente a su devolución en el primer plazo.

Para acceder a estos créditos, la definición de hogar vulnerable se flexibiliza, para que sea más inclusiva y llegue a más hogares. Así, de los créditos se podrán beneficiar las personas paradas, los trabajadores sometidos a procesos de ERTE o reducciones de jornada, así como los autónomos que hayan sufrido una fuerte caída de sus ingresos. El vicepresidente Iglesias calcula que serán medio millón de hogares los beneficiados por estas medidas.

Estos préstamos, con una duración máxima de seis meses de alquiler, están pensados especialmente para los inquilinos de pequeños propietarios, para asegurar que estos últimos, que representan el 85% del mercado, no pierden rentas y, también, para evitar que el miedo a no cobrar lleve consigo una reducción de la oferta de viviendas que ocasione escasez y subidas de precios. Pero los arrendatarios que vivan en pisos de grandes propietarios también podrán acceder a créditos si no pueden hacer frente a la deuda que hubieran contraído tras la moratoria de cuatro meses.

Los hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos contarán con ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO. «El Estado se va a hacer cargo de los alquileres de las personas que no puedan devolver las ayudas públicas», aseguró Iglesias. «El Estado no les va a dejar tirados», ratificó el vicepresidente.

El decreto también contempla la suspensión de los desahucios para hogares sin alternativa habitacional hasta el día en que hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma. Y también se establece una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que fueran a vencer inmediatamente. Ello implica, según Iglesias, que a nadie se le pueda subir el precio del alquiler en el próximo medio año. También en materia de vivienda, el Gobierno ha ampliado a tres meses la moratoria en el pago de la hipoteca para las personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos.