Coronavirus en Asturias | Las residencias privadas exigen al Principado medidas urgentes para frenar al coronavirus

Ante el «desconocimiento» sobre en qué puede variar las directrices del protocolo de actuación frente al coronavirus, la Asociación Asturiana de Residencias de Tercera Edad (AARTE) considera que esta actualización «debería ir encaminada en relación con el aislamiento en centros residenciales para que se pueda efectuar de manera correcta». En esta línea, Andrea Garea, secretaria técnica de AARTE aboga por «derivar a los residentes a un centro sanitario o con atención medicalizada donde sí hay garantías de realizar el aislamiento al 100%. Es muy complicado llevarlo a cabo en algunos centros de mayores, porque sus instalaciones no están preparadas para ello: en algunos geriátricos solo disponen de habitaciones triples».

Los residentes fallecidos en estos equipamientos ya supera desde hace unos días la mitad de los decesos por el virus en la región. Hasta este lunes eran 87 los decesos en la red geriátrica sobre los 156 fallecimientos totales de la región desde el inicio de la crisis. Ante estos datos, Garea considera que «no se están haciendo las cosas bien. Todo lo que se está haciendo ahora en cuanto a los test se debería haber realizado desde el primer momento, así como gestionar de otra forma los casos positivos en residencias». Según el análisis epidemiológico de casos confirmados hasta el 7 de abril, elaborado por el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública, de los casos totales de afectados por el virus el 9% corresponde a los profesionales que trabajan en centros sociosanitarios. En este sentido, el sindicato Comisiones Obreras insiste en que «en algunos centros donde no hay afectados se continúan racionando los equipos de protección individual (EPIs) y la Administración les pide una lista de lo que se gasta». Con estas palabras advierte Geni Tamargo, delegada sindical del ERA en este sindicato, que «continúan escaseando EPIs en algunos centros» y añadió que en otros recursos donde sí hay afectados «hay equipos de protección pero no tantos como los que debería».

Ana Rigueira, tesorera de la plataforma de afectados del ERA, asegura que «no se aplicaba un protocolo estricto para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas que pudieran tener los trabajadores o residentes». Insiste además en que «los profesionales de las residencias deberían de tener desde antes formación en utilización de EPIs». Por su parte, propone «preparar un espacio para que puedan tener encuentros los residentes con familiares, uno para afectados y otros sanos, extremando las medidas de seguridad. Es inhumano que no puedan ver a sus seres queridos», lamenta.

Respecto al aislamiento, considera que habría que separar a «los usuarios en residencias específicas pero con excepciones, teniendo en cuenta que si cambias de lugar a las personas con trastornos cognitivos se alteran mucho». Rigueira se pronuncia en la actuación de los servicios sociales sobre los que indica que «no querían plegarse a los servicios sanitarios porque para ellos era como una injerencia en su medio, con lo cual se organizaron al margen del sistema sanitario: por un lado, con protocolos y procedimientos rudimentarios y, por otro, deficitarios en cuestión de medios».