Los «graves riesgos para la salud» de los pinchazos
El Consejo General de Enfermería alerta de que los efectos van más allá de cómo pueda afectar la propia droga. Pueden generarse reacciones alérgicas o efectos secundarios si se combinan con otras sustancias o medicamentos
El goteo constante de denuncias de intentos de sumisión química no cesa. Sin ir más lejos, la Policía está investigando el caso de una joven de 13 años, víctima de un pinchazo de éxtasis líquido en las fiestas de Montevil.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraba este viernes que siguen trabajando para determinar a qué obedece la oleada de 'pinchazos' en locales de ocio nocturno que se ha intensificado este mes de julio, todo ello para esclarecer si esas prácticas buscan la sumisión química o «amedrentar» a las mujeres para echarlas de los espacios públicos.
«Hay que concretar si hay sumisión química tradicional con el fin de someter la voluntad de una persona dirigida a la comisión de ese delito, o si hay otra voluntad detrás como la de intentar trasladar una situación de seguridad como amedrentar a un colectivo con ese discurso machista de tratar de sacar a las mujeres del espacio público», ha explicado.
En una entrevista en TVE, el titular de Interior ha señalado que hay un total de 60 denuncias en todo el territorio nacional y que, ante este incremento, están trabajando en hacer un estudio individualizado para esclarecer si estos hechos se atribuyen a la sumisión química.
Efectos de la sumisión química
El Consejo General de Enfermería (CGE) ha alertado por su parte de los «graves riesgos para la salud» que pueden ocasionar las sustancias químicas presentes en los pinchazos en discotecas, como «inhibición de la voluntad, incapacidad para defenderse o tomar decisiones, caída de la presión arterial o pérdida de la consciencia».
A través de un comunicado, el CGE ha informado de que ha puesto en alerta a los Consejos Autonómicos de Enfermería y a los colegios provinciales que hay en España por los problemas que pueden acarrear estos pinchazos.
Además, ha instado al Gobierno a endurecer las penas para los agresores por Real Decreto y a crear acciones de vigilancia y prevención específicas contra estos delitos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
«Estas prácticas atentan contra los derechos de la mujer, son ilícitas y, ante el auge e incremento que se está denunciando, deberían ser tipificadas específicamente por la ley. Hemos dado la voz de alarma a toda la Organización Colegial para denunciar todos y cada uno de los casos que sean atendidos en hospitales y centros de salud y atención primaria. Las enfermeras pondrán su granito de arena en la lucha contra esta actividad ilegal tan perjudicial para la salud y que está causando una gran alarma social estos días», ha señalado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.
Las primeras investigaciones han detectado que estos pinchazos podrían inyectar sustancias ilegales y, por tanto, que carecen de control sanitario alguno, como el éxtasis líquido, la ketamina o benzodiacepinas, que producen una reacción inmediata en la víctima de pérdida de control y, por tanto, facilidad para el abuso por parte del agresor. Los efectos son intensos pero estas drogas permanecen poco tiempo en el organismo, por lo que detectarlo es complicado si no se actúa con rapidez.
«Los efectos son bastantes inmediatos y si se tiene sensación de pinchazo, hay que advertirlo rápidamente a gente de confianza para que puedan vigilar si se produce una situación de sedación o pérdida de control. Además, antes de que actúe la sustancia, es importante contar si se ha visto a alguien que pudiera ser sospechoso de haber realizado la intromisión a la intimidad de la mujer. Muchas veces, cuando la víctima llega a los servicios hospitalarios, la sustancia ya no se detecta en los análisis, así que es muy importante estar atentos a cualquier sensación extraña», profundiza el secretario general del CGE, Diego Ayuso.
Aquellos pacientes con algunas patologías asociadas a tratamientos farmacológicos pueden tener reacciones adversas frente a estas sustancias, inyectadas sin consentimiento y sin ningún control. También habría que tener en cuenta otras posibles sustancias que hayan consumido voluntariamente, que, al mezclarse con una nueva dosis de otra droga, la persona podría llegar a sufrir una intoxicación mayor.
Además, el CGE también subraya que se están utilizando agujas fuera del entorno sanitario, por lo que es posible que no estén desinfectadas o se hayan podido usar con otras personas. Así, dependiendo del estado del material que se está utilizando, la víctima podría llegar a estar expuesta a enfermedades de transmisión sanguínea como el VIH o la hepatitis.
«Nos encontramos ante una situación que como profesionales de la salud nos produce absoluto terror. Es inconcebible que se estén produciendo este tipo de prácticas, ya sea para llevar a cabo un abuso posterior o simplemente para asustar a las mujeres. Desde las administraciones públicas se debe trabajar con absoluta premura en parar esta problemática, implantar protocolos para ayudar a las víctimas y condenar a los atacantes. En un país civilizado y plural como es España no podemos tolerar estos comportamientos», afirma Pérez Raya.
Ante esta situación, desde el CGE se considera «imprescindible» que si se siente uno de estos pinchazos («es como un pellizco y suele quedarse un punto rojo en la zona»), se pida ayuda rápidamente comunicándolo a amigos/as o al personal de la sala, discoteca o festival en el que se encuentre la persona.
Además, recomiendan llamar cuanto antes a los servicios de emergencias y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que acudan lo más rápido posible, así como no dejar sola bajo ningún concepto a la víctima.
«Los amigos y amigas de la persona que ha sufrido el pinchazo tienen un papel fundamental en este momento porque deben acompañarla durante todo momento y vigilar los posibles síntomas que se deriven de esta situación», argumenta Ayuso.
Para la institución enfermera, más allá de proteger a la víctima y de crear protocolos específicos para actuar con inmediatez, hay que «endurecer los castigos y poner el foco en los atacantes antes de que sea demasiado tarde». El órgano que aglutina a las más de 330.000 enfermeros de España recuerda que «no son las mujeres las que deberían aprender a protegerse, sino los agresores los que tienen que saber que estas prácticas constituyen un delito».
En este sentido, el CGE insta al Gobierno central, Gobiernos autonómicos, Ministerio de Sanidad y Ministerio de Igualdad a trabajar en común para «tomar las medidas necesarias y acabar con una situación que pone en riesgo la libertad de las mujeres».
