El Principado garantiza que atenderá todas las peticiones relativas a la eutanasia
El servicio público de salud atenderá las solicitudes a pesar de que aún está por conformar el observatorio de Muerte Digna que las tramitará
M. ROJO
GIJÓN.
Sábado, 26 de junio 2021, 03:28
El director general de Cuidados y Humanización del Principado de Asturias, Sergio Valles, garantizó ayer que el Principado atenderá todas las peticiones que, desde ... ayer, pueden enviar los ciudadanos para que se les ayude a morir dignamente. Recordó que la Ley orgánica de regulación de la eutanasia, que ya en vigor, «da una respuesta equilibrada, jurídica y garantista a la demanda de la sociedad en relación a la prestación de la ayuda para morir dignamente». Y añadía que «desde hoy (por ayer), cualquier asturiano o asturiana puede solicitar esta prestación, incorporada a la cartera de servicios del sistema sanitario público, y para ello simplemente deberá rellenar una solicitud diseñada a tal efecto». A pesar de que, al igual que comunidades como Galicia o Castilla y León, aún no ha puesto en marcha el Observatorio de la Muerte Digna, que en teoría se iba a encargar de gestionar y monitorizar esas solicitudes, la Ley obliga al Principado a cumplir los protocolos y las garantías recogidas en la misma. «Hemos trabajado para garantizar en todo momento que cualquier solicitud sea tramitada en los términos y requisitos que vienen recogidos en la citada ley», explicaba Sergio Valles.
La ley de eutanasia, en principio, no acarreará una avalancha de casos. Así lo cree la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que prevé que en su primer año completo de vigencia, en 2022, se rondarán las 4.000 solicitudes en toda España.
Los principales demandantes de la eutanasia y el suicidio asistido serán los enfermos terminales oncológicos ya desahuciados, los que padecen dolencias crónicas como ELA, esclerosis múltiple y distrofias musculares y, en menor medida, los pacientes de demencias. Los enfermos mentales serán quienes tengan más difícil invocar ese derecho, dado que tales «patologías están muy estigmatizadas y se supone que quienes las sufren son incapaces», asegura el presidente de DMD, Javier Velasco. La organización está recibiendo muchas demandas de información para saber cómo formalizar el testamento vital o documento de voluntades anticipados.
Señala que las comunidades autónomas van con retraso en la creación de comisiones de garantías y evaluación, que son las que deben aprobar cada caso, y la constitución de un registro de médicos objetores. Hasta hace unos días, solo Baleares, Extremadura, Murcia, País Vasco, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana se habían dotado de este organismo.
Para solicitar la eutanasia el paciente debe «sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que le genere un «sufrimiento intolerable». En la asociación están inquietos porque están detectando mucha actividad de colectivos médicos que se oponen a la ley y tratan de dificultar su aplicación mediante el uso del derecho a la objeción de conciencia. «Enturbian el ambiente diciendo que los médicos no son verdugos, que la norma convierte a España en un campo de exterminio y atribuyendo a la ley fines eugenésicos».
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