Carcedo: «Decir que la ley de eutanasia supondrá un ahorro es una obscenidad»

«El dolor humano no distingue de creencias ni de ideologías» y, sin embargo, en España, la derecha ya ha recurrido a demasiadas «triquiñuelas parlamentarias» para retrasar la ley de eutanasia. Retrasos que han supuesto que muchas personas como el gijonés Fernando Cuesta -enfermo de ELA que tuvo que viajar a Suiza para poner fin a su sufrimiento- «no hayan podido tener una muerte digna en su entorno y, por qué no decirlo, teniendo que gastarse además unos buenos miles de euros».

Eso sostuvo ayer en la sede de la FSA la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, encargada de defender el proyecto de ley de eutanasia esta misma semana en el Congreso. Una ley que, tras recibir luz verde en la Cámara, ahora intentarán «agilizar» todo lo posible para que esté «aprobada en este periodo legislativo», que concluye el próximo 30 de junio.

Carcedo desgranó en Oviedo los detalles del proyecto y, de paso, lanzó varias andanadas a la oposición. La primera, dirigida al diputado popular José Ignacio Echániz, quien se refirió a la vertiente «financiera» de la ley y al ahorro que supondría para el Estado en cuanto a gasto en pensiones, sanidad y dependencia. Unas afirmaciones que, según la socialista, son «una obscenidad política» y «una falta de respeto» a las personas enfermas, además de «un sarcasmo» viniendo «de quien ha acometido los mayores recortes en nuestro sistema sanitario».

«La derecha tendrá que explicar muchas cosas a la ciudadanía. Tendrán que explicar por qué se opusieron a la ley del matrimonio homosexual y luego se casaron. Por qué se opusieron al divorcio y luego se divorciaron. Por qué se opusieron al aborto y luego no sé lo que hicieron», ironizó sobre quien «se opone a todos los avances sociales». Una «derecha ultramontana» que «intenta aglutinar a sus huestes» con un discurso «alarmista» que casi pronostica «el fin del mundo».

La exministra aclaró, frente a ese mensaje apocalíptico, que esta será «una ley extremadamente garantista», que, además de despenalizar la eutanasia, nos aproximará al modelo belga. Un modelo en el que la persona deberá cursar dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito (o bien haberlo hecho a través de un testamento vital), dejando una separación entre ellas de al menos quince días, que vendrán avaladas por dos médicos y que terminarán en una Comisión de Control y Evaluación de cada comunidad. «Estamos hablando de derechos fundamentales, recogidos por la Constitución», recalcó Carcedo, quien también tuvo palabras para la Iglesia católica: «Una creencia religiosa no puede imponerse al resto de la ciudadanía». Argumento que, además, zanjó con datos: «Hasta un 60% de los católicos apoyan esta ley y un 80% del conjunto de la ciudadanía».