La nulidad del céntimo sanitario deja en entredicho 13.000 millones ya recaudados

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) asestó ayer el golpe de gracia al llamado céntimo sanitario aplicado en todas las comunidades autónomas, salvo el País Vasco, Aragón, La Rioja y Canarias. Una sentencia esperada desde octubre -el abogado general ya se pronunció en ese sentido-, que supone un serio revés para las administraciones regionales -y, en última instancia, el Ministerio de Hacienda- pues estaría obligado a devolver hasta 13.000 millones de euros a los conductores que entre 2002 y 2012 estuvieron pagando un recargo por echar gasolina, el ya suprimido Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), declarado ahora ilegal por la Corte de Luxemburgo.

Lo fue, razona la sentencia, por no ajustarse a la legislación comunitaria. Entre otros motivos, porque este recargo cedido desde el Gobierno central a los ejecutivos autonómicos para financiar -en teoría- partidas sanitarias y medioambientales, «carece de finalidad específica». Es decir, que el tributo habría estado bien aplicado, explican los jueces, si la recaudación se hubiera destinado, por ejemplo, a «reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de esos hidrocarburos».

Los jueces hacen oídos sordos a las reclamaciones del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña -partes demandadas- y mantienen el principio de retroactividad para su fallo, algo a lo que se oponían las administraciones por la frágil situación económica del país. El tribunal lo desestimapor considerar que «actuaron de mala fe», al hacer caso omiso de las advertencias de la Justicia y de la propia Comisión Europea. Esta decisión abre la puerta a un sinfín de procedimientos administrativos o incluso judiciales para la devolución del dinero, que siempre se produciría previa justificación mediante facturas. Un hecho que hace que los particulares tengan muy difícil recuperar el dinero y que prácticamente cierra el círculo en torno a las empresas de transportes.

Entre 2002 y 2011 (faltaría por contabilizar 2012), el dinero recaudado ascendió a 13.000 millones, pero esta cifra es del todo irreal ya que el artículo 66 de la Ley General Tributaria estipula que el derecho a obtener cantidades indebidamente abonadas a Hacienda prescribe a los cuatro años. Es decir, que en este caso se trataría de los ejercicios 2010, 2011 y 2012, dado que el año pasado el céntimo sanitario dejó de existir como tal tras ser incluido como un tramo específico más dentro del Impuesto sobre Hidrocarburos tradicional.

Montoro culpa a la Comisión

No obstante, también podrían verse beneficiadas las empresas o los particulares que tengan desde 2002 procedimientos judiciales 'ad hoc'. En este caso la prescripción quedaría sin efecto. Fuentes de Hacienda matizaron que la cifra será «sensiblemente inferior» y que los trámites de ejecución de sentencia podría demorarse años por su «complejidad».

Sea como fuere, el agujero en las arcas públicas puede ser importante y amenaza el cumplimiento de los próximos objetivos de déficit, que obligaban a España a ajustarse en otros 37.000 millones de aquí a 2016. Por su parte, las comunidades afectadas se apresuraron ayer a lavarse las manos -pese a ser las que recaudaron el dinero y se aprovecharon de uso- y sostener que el que debe pagar es el ministerio.

De momento, la única declaración oficial fue la del ministro del ramo, Cristóbal Montoro, quien optó por criticar a las instancias comunitarias. «El Tribunal de la UE no está desautorizando al Gobierno español, sino a la Comisión Europea, que en su momento fue la que autorizó este sistema», recalcó.

Sin embargo, la sentencia recuerda que desde Bruselas habían advertido en varias ocasiones de la ilegalidad de la tasa. De hecho, desde la CE apuntaron ayer a la responsabilidad directa de España a la hora de «buscar una solución».

El caso llegó a Luxemburgo de la mano de la empresa catalana Transportes Jordi Besora, que solicitó la devolución de los 45.600 euros que tuvo que pagar entre 2005 y 2008 por el céntimo sanitario. Primero recurrió al Tribunal Superior de Cataluña y éste elevó el asunto al de la UE. Su abogada, Irene Mallol, se felicitó por el fallo y mostró su deseo de que «ayude a salvar muchas empresas». De momento, representa a 85 firmas y el montante de su devolución rondaría los seis millones.

millones de euros debe recortar España de aquí a 2016 por el déficit.