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1.067 dependientes fallecidos cobran la ayuda por un error de gestión

ASTURIAS

1.067 dependientes fallecidos cobran la ayuda por un error de gestión

La falta de actualización de una base de datos lleva a pagar 140 millones a unas 30.000 personas en toda España, según el Tribunal de Cuentas

17.01.13 - 03:08 -
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1.067 dependientes fallecidos cobran la ayuda por un error de gestión
La falta de actualización de las bases de datos de dependientes entre los distintos niveles de las administraciones –autonómica y central– provocó que casi 30.000 beneficiarios pudieran seguir cobrando su ayuda después de haber fallecido, 1.067 de ellos en Asturias. Así lo pone de manifiesto un informe preliminar del Tribunal de Cuentas conocido ayer que analiza la gestión económica de la aplicación de la ley de Dependencia entre 2007 y 2011. El documento deja claro la total descoordinación y errática gestión de las ayudas a la dependencia por parte de los organismos públicos.
En su análisis demoledor, el Tribunal de Cuentas denuncia que 29.169 personas se encontraban «indebidamente incluidas en la aplicación informática SISAAD como beneficiarias del sistema después de haber fallecido». El documento denuncia que la omisión de la información se debió a la «falta de comunicación de estos decesos por parte de las comunidades autónomas» a la aplicación informática. Esta falta de actualización de la base de datos provocó que el Estado a través del Imserso –el organismo encargado de gestionar las ayudas de dependencia– siguiera abonando a los Gobiernos regionales el porcentaje correspondiente de la prestación.
Sin embargo, eso no significa que la familia de los beneficiarios fallecidos recibieran el dinero. De hecho, como el propio informe denuncia, es posible que las comunidades sí que dejaran de abonarles la prestación al ser informados del deceso. Por eso el informe concluye que se produjo una «financiación indebida de estas comunidades», ya que el dinero nunca llegó a su destinatario final (ya fallecido).
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas también tira de las orejas al Gobierno central al recordarle que es el Imserso el responsable de la «administración», «mantenimiento» y «actualización» de la aplicación informática. Una vez detectado el problema, el Imserso ha logrado recuperar más de 140 millones de euros de ayudas concedidas a las comunidades autónomas indebidamente. Entre las comunidades con más beneficiarios fallecidos se encuentran Andalucía (4.194), Castilla y León (4.105) o País Vasco (3.444).
«Lo importante es que hemos puesto en marcha que la información de los ministerios se traspase directamente a las comunidades», explicó la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Consejo Territorial de Dependencia. Hacía referencia al acuerdo de mínimos adoptado entre Gobierno y comunidades para dotar al sistema de dependencia de datos más homogéneos y fiables.
Mucho más crítico se mostró el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, quien acusó al anterior Gobierno socialista de la mala gestión. «El informe pone en evidencia no solo elementos de mala gestión, sino de falta de coordinación en las prestaciones», aseguró. Además el informe del Tribunal de Cuentas, que se encuentra en fase de alegaciones, también critica las listas de espera, las diferencias en las prestaciones de las comunidades y defiende los servicios profesionales sobre los familiares.
Los problemas de coordinación en el desarrollo de la normativa aprobada en 2006 ha sido una de las críticas constantes de los responsables del PP contra la ley. En ello ha basado el Gobierno la defensa de los cambios aprobados en varios decretos y que ayer fueron ratificados en el Consejo Territorial. Entre ellos la unificación de los servicios, las cuantías máximas de las prestaciones entre las comunidades. También se aprobó un catálogo de referencia de servicios sociales común. «Buscamos la fórmulas para agilizar la normativa y priorizar la ayuda a grandes dependientes», aseguró Mato. De hecho, uno de los objetivos del Gobierno es potenciar en cinco años los cuidados profesionales frente a los familiares, una ayuda que el PP cree excepcional. Pero la financiación sigue siendo el gran escollo y la principal queja de todas las comunidades. Las regiones gobernadas por el PSOE criticaron las propuestas del ministerio, que en su opinión, siguen la senda de «desmantelamiento del sistema de bienestar», según expresó la consejera asturiana, Esther Díaz, y que buscan la privatización de los servicios a través de la profesionalización de los cuidadores.
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