El Principado convocará más de 5.400 plazas de funcionarios en los próximos dos años

Decenas de aspirantes esperan para hacer los últimos exámenes para lograr plaza en el Servicio Público de Salud. / PABLO LORENZANA

Los contratos cubren las últimas jubilaciones y reducen la proporción de interinos, pero sin incrementar la factura salarial de la plantilla

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

El empleador que más nóminas paga en Asturias firmará miles de contratos en los próximos años. Es el Principado, que para Educación prepara ofertas de empleo de alrededor de 2.000 puestos. En los departamentos sanitarios se buscará quien cubra alrededor de 2.700 trabajos. Para el resto de servicios en las consejerías y organismos los cálculos actuales apuntan a otras 700 vacantes.

Son en total unos 5.400 empleos que buscarán nuevo responsable de aquí al año 2019, un volumen importante para una región pequeña. En el sector privado solo Alimerka tiene una plantilla más extensa, mientras Arcelor se queda ligeramente por detrás de este nuevo contingente.

Los procesos selectivos a organizar en los próximos cursos suponen que el 15% de las nóminas abonadas por el Principado pueden cambiar de nombres. La novedad responde a que Ministerio de Hacienda ha aflojado el corsé impuesto a las administraciones regionales, pero solo en parte. Por ley al Principado se le permite sacar las plazas, pero no incrementar su masa salarial. Es decir, lo que se ofertará son, principalmente, trabajos que estaban ocupados por empleados recientemente jubilados o interinos.

Trabajadores con más de diez años en puestos nunca ofertados corren el riesgo de perderlos

El Principado cuenta ahora con 36.327 efectivos, según los datos del ministerio del pasado enero, y las oposiciones que se perfilan no tendrían por qué incrementar ese listado. Lo que sí está aprovechando la Dirección General de Función Pública es para permutar oficios según las necesidades. El mecanismo funciona de forma que si, por ejemplo, se jubilan dos cocineros y la administración cree que en realidad no los necesitaba tanto, en lugar de buscarles sustitutos, aprovecha para ofertar esas nóminas en áreas en las que ande más corto.

La política impuesta por el Ministerio de Hacienda facilita así un reparto más efectivo del trabajo y, sin incrementarlas, aportará mayor estabilidad a las plantillas. Ha pesado para ello la doctrina comunitaria, que empiezan a imponer los jueces españoles, y que aplica a estos trabajadores eventuales una indemnización por despido de 20 días por año trabajado, es decir, los equipara al despido objetivo. El peligro de tener que lidiar con un goteo de demandas terminó por convencer al departamento de Cristóbal Montoro de la conveniencia de echar freno a un modelo, el de los últimos años, que confiaba en los interinos el grueso de las nuevas necesidades. Según fuentes sindicales en algunas comunidades los eventuales ya pasaban del 20% de la plantilla.

El objetivo ahora es que en tres años el 90% de ese empleo lo hagan funcionarios, algo que no necesariamente beneficiará a todos los eventuales. El diablo está en los detalles. En Asturias hay categorías profesionales que nunca salieron a oferta, se vienen cubriendo por trabajadores próximos a la jubilación y que acumulan décadas de experiencia. Convocar esos trabajos a oposición pura y dura, sin valorar la experiencia, les expone a competir con jóvenes más inexpertos pero capaces de superarles en un examen que lo decide todo.

En los últimos años y fuera del ámbito docente y sanitario, el Principado ha aplicado el formato de oposición pura, rechazando las peticiones sindicales para matizarlo con el concurso-oposición, fórmula que obliga a todos a superar el examen, pero concede algunos puntos más a los veteranos. Al menos UGT ya ha solicitado rescatar esta solución para las nuevas convocatorias. «Estamos ante una oferta muy interesante, que restará interinidad, pero queremos que la administración nos informe de todas las plazas y casos que valora y seguimos reclamando el concurso-oposición», indica Marisol Gómez, de la Federación de empleados y empleadas de Servicios Públicos del sindicato.

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