La Audiencia Nacional imputa al gerente de la UTE por la ampliación de El Musel

Iban a declarar como testigos en la Audiencia Nacional nueve representantes de las empresas que confirmaron la UTE Dique Torres, que se encargaron de las obras de ampliación del puerto de El Musel, pero solo lo hicieron ocho. El noveno, Juan Miguel Pérez Rodríguez, quien fuera gerente de la UTE hasta junio de 2009, en representación de la empresa Dragados -perteneciente al grupo ACS-, fue imputado en la causa por el juez Juan Pablo González, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Por ello, Pérez Rodríguez declarará ante el juez el próximo 24 de junio, el mismo día que el expresidente del Puerto, Fernando Menéndez Rexach, mientras que al día siguiente lo hará su exdirector, José Luis Díaz Rato, ambos también en calidad de imputados. Estas dos últimas declaraciones se producirán después de que el juez admitiera la petición presentada en ese sentido por el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (Ocan), grupo afín a Podemos.

Así, ayer declararon como testigos Ana Isabel Dizy Menéndez, Manuel Amaro Martínez Díaz, Guillermo Castañedo Elizalde, Isidro Alonso Sierra, Miguel Eguiegaray García, Antonio Manuel Alvargonzález García, David López Navarrete y Manuel García Beiro. Todos ellos coincidieron en que el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) en que se basa la investigación presentaba errores y que todos los trabajos fueron debidamente supervisados. Es más, Martínez Díaz llegó a indicar que «nunca ha habido una obra con tantos controles y verificaciones como ésta».

«Instrucción larga»

Las declaraciones de los testigos están en consonancia con las alegaciones presentadas en su momento por la Autoridad Portuaria de Gijón en el sentido de negar cualquier tipo de favoritismo con la explotación de la cantera de Aboño, ya que su elección vino determinada por su proximidad a la obra, así como remarcar que el control de los áridos transportados por los camiones se realizaba por volumen y no por peso.

Según la representación legal del Ocan, presente en las declaraciones de ayer, la imputación de Juan Miguel Pérez se debe «a que fue la persona que estuvo más tiempo en la gerencia de la UTE y coincidió con el tiempo que se aprobaron las modificaciones en la obra». De todas formas, la iniciativa popular es consciente de que «es un tema complejo. Será una instrucción larga y estamos en las primeras testificales».

En cuanto a la declaración de los testigos, la representante del Ocan apuntó que «trataron de justificar la actuación de la UTE con unas declaraciones que contradicen el informe de la Olaf. Pero estamos satisfechos, porque se va viendo un poco de luz en este caso. Hay que aportar más documentación y declaraciones para desbrozarlo todo, pero valoramos que la Fiscalía y el juez hayan imputado al gerente».

Hay que recordar que la Fiscalía Anticorrupción detectó en la gestión de la obra de ampliación de El Musel la comisión de seis posibles delitos. Se trata de los de fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada por razón del importe, falsedad en documento oficial y mercantil cometida por particular, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación.