La UCE pide a comercios y hostelería un «compromiso ético» contra el botellón

Sin embargo, los últimos estudios revelan que un 80% de los adolescentes han consumido bebidas etílicas en el último mes. Supermercados, tiendas y establecimientos hosteleros siguen siendo las principales vías de acceso de los menores al alcohol, a pesar de que la normativa exige la presentación del carné de identidad para realizar la compra. «Hay una duda razonable de si se les exigente realmente el DNI», expresa Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE). La «tolerancia extrema hacia el alcohol de esta sociedad» se manifiesta también en el escaso volumen de denuncias recibidas por el organismo en materia de venta a menores. «Nos llega alguna vez alguna cosa pero muy puntual, no es un tema que la gente denuncie», lamenta.

Un 60% de los jóvenes reconoce participar en botellones, una práctica que vive su apogeo durante el verano y que está especialmente extendido en ciertas fiestas de prau del concejo, como Cabueñes, Castiello, Mareo o Nuevo Roces. El botellón, señala Alonso, debe atajarse desde varios frentes. Uno de ellos es la permisividad de los establecimientos de distribución comercial. «Una de las claves son los supermercados y tiendas, tienen que tener un compromiso mayor. Todavía hay una cierta tolerancia porque puede dar la impresión de que lo importante es vender y no importa a quién ni cómo». La ley establece que todos los comercios en los que se despache alcohol deben contar con un cartel que recuerde la prohibición de la venta a menores. La normativa fija también la obligatoriedad de pedir el carné, así como separar el espacio destinado a bebidas alcohólicas de refrescos.

«Comercios y hostelería son un eslabón en la cadena de acceso de los jóvenes al alcohol y tienen que tener un compromiso social y ético más claro del que se tiene en este momento», expresa el presidente de UCE. Esta organización firma, a nivel nacional, uno de los últimos análisis sobre la venta de alcohol a menores, que data de hace ya ocho años. «Merece la pena un estudio de impacto del Principado para analizar los distintos sectores implicados y cómo se están comportando desde el cambio normativo», sugiere Alonso.