El Comercio

Una pareja de Valencia entrega a su hijo de cuatro años, adoptado hace tres, a su madre biológica en Oviedo

Alberto y Noelia (centro), padres preadoptivos del menor, tras entregarle en Valencia.
Alberto y Noelia (centro), padres preadoptivos del menor, tras entregarle en Valencia. / Efe
  • «Es una salvajada porque se trata de un niño y lo están tratando como si fuese un paquete que va y viene de un lado a otro», dice el padre de acogida sobre el mandato judicial tras despedirse del menor en el cuartel de la Guardia Civil

Una pareja de Valencia entrega por orden judicial a su hijo preadoptivo de 4 años a la madre biológica en Asturias

Una pareja de Sueca (Valencia) ha entregado este lunes por orden judicial a su hijo preadoptivo de cuatro años a la madre biológica, de Oviedo. La familia de adopción denuncia que sobre la mujer, que en su día fue tutelada por los servicios sociales del Principado, constan "hasta nueve intervenciones por embriaguez" y por "llevar una vida no adecuada".

Así lo han denunciado Alberto, el padre del niño, y el abogado que representa a esta familia valenciana, Enrique Vila tras la entrega del menor en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia a raíz de una sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias que les obligaba a ello.

Esta familia de Sueca, tal y como ha explicado el letrado, recibió al menor cuando tenía tan solo 18 meses, después de que la madre biológica, de 14 años en ese momento, fuese tutelada por los servicios sociales de Asturias y declarasen al niño en desamparo. En ese momento a la joven, que no se opuso a la medida, "le constaban nueve intervenciones por embriaguez y por mala vida", ha indicado Vila.

Transcurrido un tiempo, la abuela biológica del menor, residente en Suiza, quiso recuperar a su nieto e iniciaron una procedimiento judicial que en primera instancia le dio la razón a la familia de Sueca al constar en el procedimiento diferentes informes técnicos de servicios sociales contra la madre biológica.

La madre y la abuela recurrieron esta decisión y con un nuevo informe psicológico que se le practicó a la progenitora en el que se le indicaba que estaba capacitada para cuidar y tener a su hijo, la Audiencia de Asturias dictó una resolución en marzo de este año por la que se le obligaba a la familia de Sueca a entregar al menor.

Esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo tanto por la familia como por Fiscalía y Servicios Sociales, pero el juzgado de Asturias dictó la ejecución de la sentencia el pasado mes de julio, con lo que los padres se han visto obligados este lunes a entregar a su hijo preadoptivo mientras esperan un pronunciamiento del Supremo.

En concreto, el Alto Tribunal deberá pronunciarse en primer lugar sobre la suspensión de la entrega del menor, algo sobre lo que podría tardar unos 15 días, y posteriormente sobre el fondo del asunto denunciado, ha explicado el letrado Vila.

El abogado ha intentado este mismo lunes paralizar la entrega del niño al tener constancia de una nueva denuncia emitida hace una semana por parte de la consejería correspondiente de Asturias contra la madre biológica "por haberla visto ebria, semidesnuda y reconociendo que su pareja le daba mala vida".

Pese a ello, el juez de Asturias les ha obligado a entregar al menor ante la Guardia Civil, una decisión que les ha sentado "fatal" y les ha dejado "hundidos, hechos polvo y con la incertidumbre de no saber lo que va a pasar", ha afirmado Alberto, el padre del niño. "Todavía nos queda el recurso del Supremo, pero visto como actúa la justicia, no sabemos lo que va a pasar. No entendemos nada, aunque tenemos esperanzas porque las tenemos que tener", ha aseverado. "Todo esto -ha lamentado el padre adoptivo- es una barbaridad en sí, una salvajada porque se trata de un niño y lo están tratando como si fuese un paquete que va y viene de un lado a otro. Y luego va a haber que explicarle muchas cosas y conseguir que las entienda", ha lamentado.

La versión de la abogada de madre

Por su parte, la abogada de la madre biológica, Nieves Ibáñez, ha aclarado a este periódico que el interés siempre ha sido proteger el interés del niño y destaca que la cuestión, «ampliamente debatida por cuatro peritos en la Audiencia Provincial, que consideraron que la verdadera aberración jurídica, fue privar a la madre de ese niño, por el solo hecho de estar tutelada por la Administración Pública».

«Por tanto -continúa- ya se valoró cuál era el bienestar del menor y así fue sentenciado... Que diga usted ahora, señor Vila, que el bienestar es estar con sus padres acogedores no deja de ser cuanto menos curioso, puesto que son éstos quienes le abonan sus honorarios».

La letrada asegura que no va a «tolerar ni una insinuación gratuita acerca del comportamiento de la madre» y «cualquier nueva afirmación de ese tipo, habrá de ser probada ante el tribunal competente». En este contexto, añade que ella «podría decir que los padres de acogida están en búsqueda y localización y no mentiría, o podría decir cualquier barbaridad que se me pasara por la cabeza, pero no soy de la misma calaña».

Ibáñez reitera que no va a tolerar insinuaciones que desacrediten a su cliente y a su pareja «caiga quien caiga».

Por último, asegura que «la Guardia Civil no buscó al pequeño porque la ejecución sea de julio, sino porque los padres de acogida incumplieron el plan de acoplamiento de la madre con el menor acordado por el juzgado, desapareciendo durante más de un mes, llevándose consigo al menor».

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