El Ayuntamiento de Oviedo reclama 165.726 euros a los últimos cinco usuarios de El Asturcón

Uno de los últimos usuarios de El Asturcón atendiendo a su propio caballo en las instalaciones. / MARIO ROJAS
Uno de los últimos usuarios de El Asturcón atendiendo a su propio caballo en las instalaciones. / MARIO ROJAS

Los propietarios que mantienen sus caballos en el centro acumulan una deuda individual de cerca de 30.000 euros

R. A./ J. C. A. OVIEDO.

El Asturcón cerraba sus puertas hace un año y tres meses. Los intentos del equipo de gobierno de que una empresa se hiciera cargo de su gestión no dieron sus frutos y el 30 de abril la antigua concesionaria, Urbaser, abandonó las instalaciones. Desde entonces, cinco usuarios siguen manteniendo allí sus caballos y ahora el Ayuntamiento les reclama 165.726 euros, devengados por el servicio de limpieza, vigilancia y de los suministros de agua, luz y gasoil hasta el 30 de junio de este año.

En concreto, cada usuario debe a las arcas municipales 30.367 euros -13.102 euros por los gastos generados desde mayo hasta diciembre de 2016 y 17.265 euros por el coste de los servicios durante el primer semestre de este año-. Pero no todos deben lo mismo. El 10 de enero, uno de los seis caballos que pasó fin de año en las instalaciones abandonó el centro ecuestre. Fue llevado a una protectora de animales porque sus dueños no contestaron a los requerimientos que desde la Concejalía de Deportes, liderada por edil delegado Fernando Villacampa, les enviaron para exigir el pago de 785 euros.

Ante esta situación, desde mediados de enero solo quedan cinco equinos en El Asturcón - 'Gold Action', 'Massara', 'Abril', 'Gitano' y 'Patriot- y sus propietarios se quejan de que las cantidades exigidas por el Ayuntamiento son «excesivas». Argumentan que hasta el 30 de abril de 2016 por el uso del box abonaban a Urbaser «110 euros al mes» -1.320 euros anuales- y ahora esta cantidad se ha duplicado.

Sin embargo estas cifras no les ha amedrentado y siguen negándose a irse. Algunos explican que no tienen una parcela dónde meter sus animales y también, que están a la espera de que los juzgados resuelvan los recursos que han planteado.

Pero mientras el tiempo pasa, la cantidad sigue aumentado. Cada día, y según recoge un informe municipal emitido hace un mes por la jefa de Deportes, los gastos que se generan son de 1.193 euros, a repartir entre ellos y los usuarios del servicio de hipoterapia, que cuentan con diez caballos. Durante los meses en los que el Ayuntamiento se hizo cargo de las instalaciones en 2016 generaron un gasto de 131.020 euros.

Por otro lado, los propietarios se quejan de los servicios que presta en Consistorio no son satisfactorios y piden que se desglosen. En caso contrario, no podrán ver la razón por la que las cantidades reclamadas «multiplican por veinte o por treinta la cuotas habituales» y son dignas de un centro de «alto rendimiento».

Critican, además, que la persona a la que se le encomendó la veterinaria está «de baja por maternidad» y le sustituye su marido que no tiene «la titulación necesaria». Y también señalan que el equipo de gobierno les está «acosando», después de que uno de los miembros de la administración local les llamase «okupas». Sin embargo, ellos vuelven a remitirse a los jueces explican que están ocupando las instalaciones de forma legal porque aún no hay una orden de desalojo.

Con todas estas premisas, el abogado Miguel Teijelo está estudiando las cartas que el Ayuntamiento ha enviado a cada usuario con los gastos generados en este año y tres meses y, en caso de que proceda presentará unas alegaciones, que después los funcionarios municipales admitirán o por el contrario desestimarán.

Los trabajadores

Mientras los dueños de los equinos y el Ayuntamiento siguen enfrentados, los doce trabajadores vieron en julio cómo sus opciones de que el Ayuntamiento o Urbaser les subrogase o les indemnizase se acababan. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación que habían presentado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias afirmase que su expulsión no se trataba de un despido colectivo. Entienden, que aunque el centro ecuestre permanezca abierto y se ha contratado a nuevos empleados que desempeñan las funciones que ellos realizaban, su despido es nulo.

Pero antes de que el alto tribunal emitiese su veredicto. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró su propia «incompetencia» por entender que «no se había producido despido colectivo alguno» y derivó el caso al Juzgado de lo Social, que rechazó que lo rechazó también.

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