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El Ayuntamiento permitirá el derribo de tres edificios catalogados en la calle Jovellanos

GIJÓN

El Ayuntamiento permitirá el derribo de tres edificios catalogados en la calle Jovellanos

Urbanismo prepara una modificación específica del PGO, al margen de la futura revisión, para rebajar la protección de los inmuebles

27.07.12 - 02:40 -
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La situación de la calle de Jovellanos es un viejo debate urbanístico de la ciudad. Como la fachada del Muro o el martillo de Capua. ¿Qué hacer con tres inmuebles protegidos que están adelantados en la acera respecto al resto de edificios y, por tanto, reducen el espacio para los peatones? Además, su altura es inferior a la del resto de bloques, por lo que dejan a la vista las medianeras. Los tres inmuebles, que corresponden al número 1 de la plaza del Instituto, el 1 de Jacobo Olañeta y el 1 de Cabrales, están incluidos en el actual catálogo urbanístico, con protección ambiental.
Su situación es tan peculiar que la propia memoria del catálogo habla de la «singular configuración, con dos alineaciones» de la calle de Jovellanos, donde hay estos «tres edificios históricos de interés» y el resto, en una nueva alineación retranqueada respecto de la original y de mayor altura. El catálogo propone el mantenimiento de los tres, con dos modificaciones posibles. La primera, un aumento de la altura para ocultar las medianeras colindantes. Y, en segundo lugar, «transformar parcialmente en soportales la planta baja de estos edificios». Es decir, eliminar los bajos y retranquearlos, haciendo posible el paso peatonal bajo los nuevos soportales. La entrada estaría entonces ya alineada con los otros edificios. De hecho, se ganaría en altura la edificabilidad que se perdería en los bajos.
Esta es la situación actual. Pero no será la futura. El Ayuntamiento tiene la intención de acometer una modificación específica del Plan General de Ordenación y del catálogo urbanístico, para cambiar la protección de estos tres inmuebles, un cambio que posibilitaría el derribo. Esta modificación es independiente de la revisión del PGO que también se llevará a cabo, trabajos que saldrán a licitación en los próximos meses ya que se está preparando el pliego de condiciones. La idea, y sobre ella están trabajando ya los técnicos municipales tal y como confirmó la concejala de Urbanismo, Lucía García, es que los edificios pasen a tener una protección ambiental documental. Esto supone que se debe realizar un expediente, con suficientes pruebas documentales del estado actual, y remitirlo al archivo municipal. El servicio de Patrimonio del Principado debe dar el visto bueno. Si lo hay, se permite el derribo.
«Importante impacto»
Lucía García justifica la decisión en el «importante impacto visual negativo» que generan los tres inmuebles afectados, que «estrechan considerablemente la calle Jovellanos, creando una singular problemática volumétrica». Las nuevas construcciones podrían tener ocho alturas, las mismas que los edificios colindantes.
Al parecer, los responsables municipales ya mantuvieron hace meses una reunión con los propietarios para notificarles la intención de esta modificación del PGOU. La respuesta fue distinta en cada caso. Lo que es evidente es que al menos uno de ellos pretendía acometer reformas, pero acogiéndose al plan actual. Porque, de hecho, esto es lo que motivó el debate en la Comisión de Urbanismo de ayer. En concreto, fueron los propietarios del número 1 de la calle Cabrales, que habían presentado un estudio de detalle para rehabilitarlo que, según la ordenación vigente, pasaría a tener soportales y ganaría altura.
Al parecer, el plan ya fue aprobado de forma inicial, por el silencio administrativo del Ayuntamiento. Y ahora llegaba el momento de la aprobación definitiva, que quedó paralizada. Entre otras cosas, porque el popular Pablo Fernández llamó la atención sobre el hecho de que los planos presentados no eran correctos. Además, teniendo en cuenta que habrá una modificación que no permitirá este desarrollo, se ha solicitado un informe jurídico sobre el asunto. Si se aprueba ahora el proyecto, en el futuro habrá que indemnizar a los promotores.
La edil socialista Begoña Fernández criticó la «falta de rigor» de Urbanismo, mientras que Pablo Fernández lamentó que se hubiera accedido a silencio administrativo, permitiendo que la tramitación llegue hasta aquí.
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