Un acusado reconoce que reformó ilegalmente cabañas para uso turístico en Nava y acepta 1 año y 8 meses de cárcel

Un acusado de reformar cabañas catalogadas como de Especial Protección de Interés Paisajístico para convertirlas en alojamiento turístico en el concejo de Nava reconoció este jueves la ilegalidad de su actuación, tal y como sostenía la Fiscalía del Principado de Asturias, y asumió una condena por un delito contra la ordenación del territorio que incluye el restablecimiento de la zona a su estado original y 1 año y 8 meses de prisión.

Según informa Fiscalía, la vista oral estaba señalada este jueves en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo. El acusado, nacido en 1984, adquirió el 21 de diciembre de 2015 y el 15 de marzo de 2016, respectivamente, dos cabañas en El Felguerón, concejo de Nava, y las reformó, cambiando el uso tradicional de las mismas, de carácter agrícola o ganadero, a fin de adaptarlas a un uso residencial turístico. Para ello llevó a cabo obras sin licencia, tanto en las cabañas como en los terrenos

Las obras de reforma de una de las cabañas concluyeron en el año 2017, tras lo cual el denunciado solicitó al Ayuntamiento licencia de apertura de vivienda vacacional, que fue denegada por resolución de la Alcaldía de fecha 6 de marzo de 2018 al constituir un uso prohibido. Tras ello se incoó un expediente, derivado de una denuncia del SEPRONA. Asimismo también acondicionó una tercera cabaña, para que solicitó licencia de apertura como vivienda vacacional el 07 de septiembre de 2017 que le fue, igualmente, denegada por constituir un uso prohibido.

Las cabañas se encontraban en parcelas clasificadas como suelo no urbanizable y estaban calificadas como de Especial Protección de Interés Paisajístico, de conformidad con las normas subsidiarias del concejo de Nava, aprobadas por acuerdo de 26 de febrero de 21997 (BOPA del 22 de julio).

El acusado se puso en contacto con el Ayuntamiento de Nava para restaurar la legalidad urbanística, sin respuesta. Consignó la cantidad de 2.500 euros. La causa sufrió retrasos no atribuibles al acusado.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito continuado contra la ordenación del territorio. Concurren las atenuantes de reparación de daño y la de dilaciones indebidas. Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de 1 año y 8 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; multa de 12 meses con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago; e inhabilitación especial para la promoción o construcción durante 1 año y 6 meses.

El acusado deberá restituir la parcela a su estado original o bien indemnizar al Ayuntamiento por el coste de la restauración si éste lo hubiera hecho ya. Además indemnizará también a la Confederación Hidrográfica por el perjuicio derivado de las canalizaciones efectuadas que se acrediten en ejecución de sentencia.

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