El Principado no resolvió una denuncia por irregularidades en la mina de Cerredo hasta después del accidente mortal

Un acta que no llegó a la mesa de Cristóbal Valdés, ingeniero forestal y funcionario de carrera en el Principado desde hace tres años y destinado a la zona suroccidental, la que engloba Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, desde agosto de 2024, «hasta enero de 2025. Y yo la evacué en mayo». Así lo aseguró durante su comparecencia ante la Comisión Cerredo en la Junta, la que inició enviando el pésame a los fallecidos en tanto en el accidente de marzo pasado, como el de 2022.

Respecto a la tardanza de la Administración, evidenció que, en este caso, tuvo doble motivo. En primer lugar, porque el cambio de zona a Valdés le obligó «a destinar los cuatro últimos meses de 2024 a certificar las subvenciones que aprobé en mi anterior destino», mientras que en el inicio del presente año también tuvo que aprobar «otras 30 subvenciones».

Un trabajo burocrático que le llevó a que, de los 28 montes que ahora tiene bajo su supervisión «haya algunos que aún no conozco» y a que se interesara por todo lo relativo a Cerredo y el área de explotación minera «a partir de junio, cuando supe que tendría que comparecer». Expedientes que reconoce «que he mirado, pero no con profundidad». Textualmente dijo: «En la segunda quincena de julio intento ponerme un poco al día al saber que tengo que comparecer. Tengo 45 montes, 28.000 hectáreas, y hay montes que no conozco».

Además del cambio de sección, aclaró Cristóbal Valdés el segundo motivo del retraso. Que no es otro que el proceso que conlleva que un acta de un agente de Medio Natural llegue a su mesa es, cuando poco, largo. «A mí me llegó en enero de 2025 y lo evacué en mayo», insistió a la vez que apuntó los pasos que siguió el acta firmada por Carral. «El acta del guarda pasa al guarda mayor. De él, a un coordinador. Si el acta se debe tramitar como denuncia, pasa a un jefe de servicio de guardería y, automáticamente, a los servicios jurídicos de la secretaría general técnica de la Consejería». Cuatro pasos hasta llegar a su mesa.

Una maquinaria burocrática que criticaron abiertamente tanto el portavoz de Vox, Gonzalo Centeno, como el del PP, Rafael Alonso. Para ambos no solo el retraso es cuestionable, sino también el escaso recorrido de la denuncia. «El guarda realizó dos inspecciones, el 3 y el 20 de octubre, y recoge que la empresa no le aporta la autorización para abrir esa zanja», una que Centeno considera «hecha para evacuar agua procedente de un cribado de carbón».

Para Cristóbal Valdés, está claro que «la empresa no podía aportar autorización alguna, porque no tenía», pero no tanto que esa zanja fuera para evacuar agua del cribado de carbón. «Visité físicamente el terreno, fue mi primera visita al monte, y lo que vi es una zanja que no tiene importancia alguna, desconozco como funciona el tema minero, pero no le vi sentido. Allí no había restos de nada ni de arrollar el agua, no coge una cuenca hidrográfica muy grande, no le vi sentido, quizás obré con demasiado celo en mi informe, igual debería haber pedido más documentación, pero a mí no me figuraba que esa gente tuviera autorización que amparara esa zanja, así que denegué su petición de legalizar la ocupación».

No vio extraño, tampoco, que la empresa sancionada y la que aceptó la multa de 1.000 euros, para pagar 600 por pronto pago, fuera Combayl y no Blue Solving. «Yo actué de acuerdo a los informes que tenía».

La insistencia de los portavoces de PP y Vox en ese aspecto, en el de la falta de conocimiento de qué empresa era y qué autorización tenía, fue el origen de un rifirrafe con el portavoz del PSOE, René Suárez. Durante sus preguntas a Cristóbal Valdés, el diputado socialista hacía mención a las preguntas que habían realizado tanto Gonzalo Centeno como Rafael Alonso, llegando, incluso, a abrir un diálogo con este último.

«Nos llamó la atención que se le pretenda a usted saber si la empresa Combayl era Blue Solving o al revés, usted hace un informe de una empresa en la que el denunciante cita a Combayl. Si es así, es lógico que la sanción vaya a Combayl. ¿O es que el guarda hizo mal la denuncia? Es lo que intentaba decir el PP?...

Situación que cortó la presidenta de la Comisión, Covadonga Tomé, quien le pidió que «pregunte al compareciente, no al resto de diputados». Y que llevó a que Adrián Pumares, el portavoz de Foro y que tenía que preguntar en último lugar, se negara a hacerlo. «Las preguntas que podría hacer ya han sido realizadas por los grupos parlamentarios anteriores, y, en este caso que tuviese que realizar sería al portavoz del PSOE que se dirigió al resto de diputados de esta Cámara en lugar de al compareciente, pues yo no voy a realizar preguntas al compareciente».