«Como director general de Montes no recibí ninguna denuncia o queja sobre la mina de Cerredo. Y mi puerta siempre estuvo abierta»

Noticia relacionada

El Principado no resolvió una denuncia por irregularidades en la mina de Cerredo hasta después del accidente mortal

De hecho, él solo firmó dos expedientes en relación a la mina. Uno, el relativo a la revocación del permiso para ocupar 70 hectáreas en el monte de Cerredo, para la explotación de mina de cielo abierto. Otro, la autorización para utilizar 1,2 hectáreas en el mismo monte, de utilidad pública, esta vez para utilizar el terreno para acopio de material. La licencia fue pedida para dejar ahí el material para chatarra del desmontaje de la mina. Un terreno que, según dejó constancia en un acta el agente de Medio Natural José Manuel Carral, se utilizó no para acumular chatarra, sino material propio de la extracción de carbón.

Una apreciación que a Prendes, «no le consta», según respondió a la pregunta del portavoz socialista René Suárez, y a las reiteradas de los portavoces de PP, Vox, Convocatoria por Asturias, Foro y Somos Asturias. Es decir, de Rafael Alonso, Gonzalo Centeno, Xabel Vegas, Adrián Pumares y Covadonga Tomé. Esta última le preguntó a quién compete saber si, tras autorizar la ocupación de un terreno, se le da el uso adecuado. «Hay una cuestión básica: que haya maquinaria activa o no dentro de las labores de achatarramiento. Si tienes camiones nuevos ocupando el ámbito es evidente que no se está cumpliendo. Si embargo, si hay maquinaria, aunque sea extractiva, sacada de dentro para achatarramiento, resulta complejo distinguir. Nosotros el permiso concedido era para que instalaran en ese terreno tanto la maquinaria que estaban utilizando como la que estuvieran utilizando ellos para el transporte», le respondió.

Fue esta, la última pregunta, el resumen de su comparecencia ante la Comisión de la Junta para aclarar lo sucedido en el accidente de la mina de Cerredo, que sirvió para que dejara claro su desconocimiento sobre posible extracción de carbón en la mina de Degaña, como el prolijo proceso obligatorio desde que un agente de Medio Natural ve algo que considera delito hasta que la sanción recibe la firma del director general. «En los expedientes sancionadores, puede haber una denuncia de un tercero o de un acta, se abre un expediente sancionador que se tramita dentro de la guardería de Recursos Naturales, luego informa el técnico de zona, (el de Cangas, de Narcea era Jaime Martín), posteriormente se eleva a los servicios jurídicos de la Consejería, se nombra un instructor y se realiza una calificación, si lo necesita recaba más información... Si entiende que merece sanción, se eleva por un jefe de servicio o, en su ausencia, de sección y me llega y yo rubrico. Mi intervención es solo rubricar».

También aclaró que «una denuncia va más rápido que un acta porque ya hay una identificación del presunto infractor. En ese caso se ahorra una parte de la labor de investigación que debería haber realizado la guardería. Camina más rápido que un acta. El plazo es de un año, es un proceso muy garantista y la prioridad la regula el tipo de infracción que se haya cometido. Sea muy grave, grave o leve. Las que se consideran muy grave tienen un recorrido más rápido que las otras, pero siempre evitando la caducidad de los expedientes, que es de un año».

Tampoco le resultó extraño ni objeto de necesaria investigación por su departamento, que tanto la licencia revocada para ocupar 70 hectáreas, como la concedida para usar 1,2, tuvieran detrás empresas de nombre cambiante, desde Minera AstuLeonesa, Combayl o Blue Solving, «nosotros respondemos a la empresa que hace la solicitud. Es obligación de la empresa advertir del cambio».