Los dueños de la mina de Cerredo carecían de licencia municipal cuando se produjo el accidente

El grupo familiar se hizo con el terreno, las instalaciones, los derechos mineros y la maquinaria del lugar acudiendo con su sociedad Combayl a una subasta para liquidar la Compañía Minera Astur Leonesa. La escritura de compraventa se formalizó en octubre de 2021. El documento describe los bienes y los derechos, pero no la transmisión de licencia alguna. Desde entonces, Combayl era dueño, pero con una titularidad condicionada. Para trabajar en el interior de la mina debía esperar a que el Principado le reconociera la transmisión de los derechos mineros y, después, le aprobara el proyecto de lo que quería hacer. Si quería hacer labores mineras en el exterior, debía recorrer el mismo camino. Para iniciar una actividad económica, además, debía pasar por la ventanilla del Ayuntamiento y sacarse la licencia de actividad o comunicar al consistorio que era el nuevo titular de la que pudiera tener en vigor la Compañía Minera Astur Leonesa.

Lo que hizo, ya en noviembre, es contratar personal y empezar a rentabilizar sus dominios. A finales de ese mes trajo una máquina cribadora. Los albaranes, fotografías y mensajes de whatsapp analizados por la Guardia Civil constatan cómo a inicios de 2022 hay un ir y venir de camiones, llevándose carbón que, según las fuentes consultadas, procedían de los acopios dejados en el exterior por el anterior propietario. A inicios de marzo técnicos de Quirón inspeccionan el lugar al objeto de hacer la evaluación de riesgos.

No es hasta abril de 2022 cuando el Servicio de Minas reconoce la transmisión de derechos mineros, recuerda a Combayl que ya está en marcha una restauración ambiental diseñada para reverdecer todo el complejo minero (incluidas sus naves), y solicita que especifique qué bienes quiere preservar y para qué.

El 25 de mayo de 2022, cuando Combayl ya llevaba seis meses trabajando, pide al Ayuntamiento de Degaña la licencia de actividad. Presenta un proyecto de «descompactación», seis folios sin referencia catastral ni fotos, solo imágenes de GoogleMaps para ilustrar que quiere retirar acopios de carbón de cinco zonas de exterior que suman 6.300 toneladas. Habla siempre como algo a hacer en el futuro, por más que lleva meses sacando ese carbón. El 8 de junio presenta los mismos papeles al Servicio de Minas del Principado.

El técnico municipal del Ayuntamiento encargado de revisar aquello no le da un pase. Recuerda que lo que propone Combayl es «una actividad sometida al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp)». Según esta norma –recuerda en su informe– en estos casos se requiere presentar un proyecto y una memoria «con la debida extensión y detalle de las características de la actividad».

El técnico municipal señala que la documentación registrada «adolece de los detalles técnicos que son exigibles, como son las características de la actividad, posible repercusión sobre la sanidad ambiental y sistemas correctores que habrán de utilizarse, con expresión de su grado de eficacia y garantía de seguridad». Por ello reclama que a Combayl presente la documentación que exige la norma; en el proyecto «deberá estar perfectamente situado su emplazamiento, para lo que deberá aportar plano de ubicación exacta, plano de parcela y nave con referencia catastral en la que se encuentra ubicada la nave, calificación urbanística del suelo, distancias al núcleo de Cerredo, etc».

El 5 de septiembre se notificó la decisión a Combayl. En los archivos del ayuntamiento no consta respuesta al requerimiento. Tampoco que Combayl, o su empresa vinculada, Blue Solving, hayan liquidado tasa municipal alguna «dado que no se finalizaron procedimientos previos de concesión de licencia de actividad», según razona el alcalde, Óscar Ancares, en un escrito.

Es decir, hasta hoy Combayl y Blue Solving ha estado trabajado en Cerredo sin una licencia que se exige a todo negocio y cuyo objetivo es verificar que «reúne las condiciones de seguridad y salubridad» mínima. Una obligación que tiene que respetar cualquier instalación, grande o pequeña, y cuyo incumplimiento facultaba al Ayuntamiento a imponer sanciones o, incluso, ordenar el cierre de la instalación.

Por su parte Minas sí dio por bueno esos seis folios que no le valieron al Ayuntamiento. De hecho es sólo a partir de su recepción cuando va a inspeccionar el lugar. En los seis meses anteriores no entró. Cuando visita la zona lo hace para verificar que lo que se está haciendo es compatible con ese proyecto somero. En esa primera visita, girada a los pocos días de recibir el «proyecto de descompactación», se limitan a constatar que ya ha salido alguno de los acopios de carbón descritos.