Los dueños de la mina de Cerredo dieron un permiso al Principado para que lanzara una obra millonaria pagada por la UE

Una revisión de los expedientes evidencia que desde un inicio la parte pública y la privada tenían un incentivo muy alto para entenderse. Entre junio y septiembre de 2021 el ITJ firmó el convenio para surtir al Principado de ayudas para restaurar el cielo abierto de Cerredo, y la consejería encargaba a Tragsa el proyecto. En ese momento las unidades productivas eran de Compañía Minera Astur Leonesa, por entonces en proceso de liquidación. En consecuencia la rehabilitación se diseñó a mayores, cubriendo 660 hectáreas, aprovechando 27 millones de los que el 87,4% llegan por el Plan de Recuperación que financia la UE.

La familia de 'Chus Mirantes' puja por los derechos mineros con la sociedad Combayl, haciéndose con ellos por 975.000 euros y firmando la escritura en octubre de 2021. En abril de 2022 la consejería da el visto bueno a esa transmisión, pero fijando condiciones. Todo lo que la empresa quiera hacer deberá ser «compatible» con la restauración ambiental ya lanzada antes de su llegada, y que «afectará tanto al cielo abierto como a la unidad subterránea, por existir una íntima relación geominera entre ambas». Es una frase que, depende de cómo la interprete la consejería, puede dejar a Combayl sin opciones de entrar en los pisos interiores de la mina.

La empresa asume sin problemas ese rol subalterno y hace un primer gesto para que la parte pública sepa que en ellos tendrá un apoyo. En mayo desembarca sobre el terreno Tragsa y firma el acta de replanteo, lo que marca el inicio de la obra de restauración; el acta refleja que previamente Combayl «manifiesta por escrito su conformidad por la ejecución del proyecto así como la expresa disponibilidad de cuantas fincas de su titularidad, ubicadas en el perímetro y zona de afección, sean precisas para proceder a la correcta ejecución del proyecto».

El Grupo Cerredo tiene, queda dicho, 660 hectáreas. Mucho terreno donde es en ocasiones difícil deslindar de quién es qué. Gracias a esa buena voluntad de Combayl los camiones y operarios subcontratados por Tragsa pueden utilizar los caminos y espacios de la sociedad, sin impedimentos ni cortapisas, agilizando una restauración financiada por la UE a cambio de completarla antes de junio de 2026. El tiempo apremiaba a la consejería.

En un principio Combayl solo tiene permiso para retirar acopios y maquinaria del exterior de la mina, pero quiere más. Un mes después de que empiece a trabajar Tragsa, el director facultativo de Combayl ya adelanta al actuario de Minas que pretende solicitar un PIC para extraer material del interior de la mina.

Dos meses después, en agosto, ocurre el anterior accidente mortal. Un operario muere y otro pierde la pierna al descender de la montaña con un 'dumper' cargado al que le fallan los frenos. El siniestro evidencia que Combayl estaba ya extrayendo carbón sin permiso para ello; Minas salda esa ilegalidad con una multa muy limitada, 20.000 euros que la sociedad rebaja gracias al pronto pago. Todo ayuda a avanzar.

Pese al suceso, la consejería irá autorizando a Combayl primero a retomar los trabajos para recuperar chatarra en el exterior, luego a adentrarse en la mina para hacer lo propio. Ya bajo el nombre de Blue Solving le aprueba el PIC de 60.000 toneladas.

Solo una vez la comunidad de intereses pareció romperse. Fue cuando Minas debía dar el visto bueno para que todo lo que era de Combayl pasara a Blue Solving. Entonces, en noviembre de 2023, la consejería exigió a la nueva sociedad una garantía de 3,1 millones que tiene su por qué. Con el apoyo de la consejería el grupo empresarial se había hecho con las ayudas de 1,5 millones para levantar dos naves en un espacio de 13,8 hectáreas que inicialmente estaba incluido en el proyecto de restauración ambiental en marcha. Ese dinero cubriría la ayuda de la UE que no se iba a poder emplear en esa lugar.

Blue Solving interpone un recurso duro, tachando de «desproporcionada» la cantidad que le exigen e ilegal el procedimiento seguido. En enero de 2024 la consejera Nieves Roqueñí desestima las alegaciones. En abril Blue Solving pliega velas, recuerda su «conocido ánimo de colaboración» y para evitar «inútiles esfuerzos y engorrosos trámites» a la empresa y a la consejería «desiste» de su recurso y acepta el pago.

Eso sí, el plazo para formalizar la fianza expiraba a finales de 2024, sin que la sociedad pusiera el dinero ni la consejería le revocara los permisos de actividad por esa omisión.