«Aseguraremos la ventilación siempre», la promesa incumplida de los dueños de la mina de Cerredo
Lograron el permiso del Principado para trabajar en el interior de las galerías asegurando que proporcionarían «óptimas condiciones de trabajo» a sus empleados y pidiendo que tuvieran libertad de movimiento en los pisos hasta 2026
El 31 de marzo cinco trabajadores murieron y cuatro resultaron heridos por una explosión de grisú en el piso tercero de la mina ... de Cerredo (Degaña). Es una tragedia que no debió ocurrir de haberse cumplido la legislación en la explotación. O, al menos, las promesas que la empresa hizo al Principado.
Rebobinemos a 2022. La familia de Jesús Rodríguez Morán, 'Chus Mirantes', acaba de comprar el yacimiento y se encuentra con que el Principado está lanzando una obra de restauración ambiental sobre todo el lugar, por 27 millones, lo que obliga a ambas partes a ponerse de acuerdo. La empresa que entonces utilizan los Rodríguez para operar es Combayl, quien como primer paso tramita el permiso para sacar la maquinaria abandonada de etapas pasadas y los acopios carbonosos que estén en el exterior de las galerías.
No le durará mucho.
En agosto de 2022 muere un trabajador y otro pierde una pierna cuando bajaban con un 'dumper' cargado de carbón al que le fallan los frenos. El Servicio de Minas del Principado paraliza toda faena en tanto investiga los hechos y tramita las sanciones correspondientes.
En abril de 2023 los Rodríguez, a través de su director facultativo, José Antonio Fernández Casillas, tratan de convencer al Principado para que les permita recuperar la actividad exterior, pero también para empezar a trabajar legalmente en el interior de la mina. El Plan de Abandono de Labores que firma en junio de ese año es toda una promesa de buenas intenciones.
Combayl dijo querer entrar «en las distintas plantas del Grupo Cerredo para proceder a la recuperación de materiales de interior de mina (cuadros, carril, cabestrantes, cintas, etcétera) favoreciendo de este modo la economía circular». Bajo ese argumento su planteamiento era ambicioso: «Lo que se pretende es recuperar todo el material que queda en el interior de la mina, en los distintos pisos que lo componen».
Pedía libertad de movimientos dentro hasta 2026
Dado que la concesión «cuenta con más de 50 kilómetros de galerías, estos trabajos durarán en el tiempo, a lo largo de este año y seguirán realizándose en años sucesivos». El ingeniero identificaba a siete trabajadores con categoría de peón, oficial de primera, maquinista y electromecánico, y lo que reclamaba al Principado es que les autorizara unos «trabajos de recuperación de materiales de interior de tres años aproximadamente, es decir, se ejecutarán a lo largo de lo que queda de 2023 y los tres años siguientes». Con el permiso para retirar chatarra Combayl aspiraba así a tener libertad de movimiento por el interior de toda la mina hasta 2026.
«Todos estos trabajos se realizarán en óptimas condiciones de trabajo», comprometía el documento. Las labores se ejecutarían «siguiendo todas las normas de seguridad establecidas y conforme al Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera». Entre otras precauciones, el director facultativo aseguraba al Principado lo siguiente: «Tendremos asegurada la ventilación en cualquier circunstancia, así como el control ambiental».
No fue así. El día de la tragedia era lunes. Según el testimonio que han trasladado los supervivientes, el fin de semana había estado apagado el sistema de ventilación; al llegar entraron todos juntos directamente al piso tercero. El Reglamento de Seguridad Minera establece, en cambio, que en las minas de carbón «se reconocerá la presencia de grisú y la deficiencia de oxígeno diariamente en el frente de las labores y en los lugares sospechosos, con anterioridad a la entrada del personal a dichas labores».
Cuando uno de los mineros, ya en el piso tercero, encendió su oxímetro empezó a sonar su alarma. En el exterior la concentración de oxígeno es del 21% y por debajo del 19% hay que parar y salir. El aparato alertaba de que había un 17%. El grisú había desplazado al oxígeno. La investigación trata de determinar qué provocó la ignición, de dónde vino la chispa o calor que llevó al grisú a explotar.
El 8 de abril, tras los funerales y las sospechas, entraron al lugar los técnicos de Minas del Principado, localizando dos huecos «generados por el deshulle producido». Consideran que, en efecto, se extraía carbón de forma ilegal. En la galería describen la presencia de «equipos de transporte de mineral, vagones, una mesilla y una locomotora de acumuladores, así como una pala neumática, equipos de ventilación, constituidos por turbinas neumáticas, herramientas manuales, martillos y motosierra de accionamiento neumático». Salvo este último elemento, Combayl tenía autorización para meter el resto de herramientas. El Plan de Abandono de Labores aprobado por Minas amparaba específicamente su uso.
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