Seis horas en las entrañas de mina Cerredo para saber qué pasó en el fatídico accidente

Tras un primer chequeo por las galerías y plantas que componen la mina, la idea es que 45 minutos después accediera la Guardia Civil, desplegada con equipos del Servicio de Criminalística que harán análisis científicos del lugar de los hechos, y también con perros adiestrados para la detección de explosivos. Precisamente hasta el lugar se han desplazado especialistas en incendios de la unidad de La Coruña, que cubren también el territorio de Asturias y que se encargaron, por ejemplo, de determinar que tras el fuego que arrasó la 'plantona' de Cogersa, hace ahora un año, no hubo imprudencia de relevancia penal.

En este primer reconocimiento la comisión técnica tratará de empezar a poner luz sobre dos de los interrogantes del suceso, esto es, si las condiciones de ventilación en la zona del accidente eran conforme marca la normativa, y si las labores que se estaban desarrollando en el fatídico piso tercero se corresponde con las que tenía autorizado Blue Solving para esa zona. En ese punto de la mina lo único que podía hacer la empresa era retirar chatarra y herramientas como vías y cuadros metálicos para dejar la zona lista para su cierre.

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Existen denuncias que apuntan a que también se podría estar extrayendo carbón en ese piso, algo que la empresa niega y que ahora se intentará aclarar. En 2022, cuando la explotación estaba a cargo de otra empresa del mismo clan familiar, ya se produjo otro accidente mortal a raíz del cual se descubrió que se estaba extrayendo carbón de manera ilegal.

En CC OO no tienen dudas al respecto. Javier Vázquez, responsable de Seguridad y Salud de la central, considera que «hay una cosa evidente. En el tercer piso hubo una explosión y el permiso que tenían allí era para retirar material, no era para investigar ni explotar. Pese a ello, estaban explotando, si no, no se produce el grisú. Otra cosa es que haya que esperar a que el informe diga cómo y por qué, pero para que haya grisú tiene que haber un trabajo para el que no tenían permiso».

Vázquez asegura que su sindicato, como el Principado y el SOMA-UGT, también se personará en la causa penal abierta para determinar las responsabilidades por el desgraciado accidente y mostró su malestar con el Ejecutivo autonómico: «En esta región quien concede los permisos de explotación e investigación es la Autoridad Minera, que depende de la consejería y los consejeros dependen del presidente del Principado. Alguna responsabilidad tendrán que tener, que no nos traten como a bebés al explicarnos una explosión de grisú. Me pueden decir que fue de una manera o de otra, pero lo cierto es que hubo una explosión por un gas que se produce en una explotación de carbón».