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Con una profusa explicación sobre la tramitación administrativa de los permisos para la explotación, Belarmina Díaz, antes de anunciar su dimisión, negó que se ... hubiese autorizado otra cosa que la retirada de equipamiento y la investigación sobre la posible utilidad de materiales alternativos, como el grafito. La intervención de Díaz comenzó con un recuerdo para los fallecidos en la mina de Cerredo, a los que citó por su nombre, y un apoyo a las familias, prometiendo «todos mis esfuerzos en saber qué pasó y por qué ocurrió». Dicho esto, aseguró que «si, como parece, en el piso tercero de la mina se extraía carbón de manera ilegal y en condiciones de extrema peligrosidad para los trabajadores, la responsabilidad es de la empresa y del director facultativo, porque estarían vulnerando la legalidad y las autorizaciones de las que disponía Blue Solving e incumpliendo la legislación en materia de seguridad minera».
La consejera derivó la responsabilidad en todo momento a la empresa. Indicó que «ante la pregunta de cómo y por qué ha podido suceder esta tragedia, me siento en la obligación de hablar con claridad, siendo consciente de que no solo disponemos de indicios, sino de algunas evidencias de lo que pudo ocurrir la mañana del 31 de marzo en el interior del piso tercero del antiguo Grupo Cerredo, cuya responsabilidad apunta claramente a la empresa Blue Solving y a su dirección facultativa», señaló.
Y añadió que «Blue Solving era titular de unos derechos mineros con una antigua mina un proceso de cierre para la que no existía permiso alguno para la extracción de carbón. Solo para la recuperación de materiales y maquinaria de las galerías y de depósitos de carbón preexistentes. Si, como parece, en el piso tercero, denominado Mangueiro, se extraía carbón de manera ilegal y en condiciones de extrema peligrosidad para los trabajadores, la responsabilidad es de la empresa y del director facultativo, porque estarían vulnerando la legalidad y las autorizaciones de las que disponía Blue Solving e incumpliendo la legislación en materia de seguridad minera».
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Para la consejera, «Cerredo no era una mina activa, sino una explotación en proceso de cierre para la que sus propietarios no tenían en ningún caso, en ningún caso, permiso para extraer carbón. Ninguna de las nueve inspecciones realizadas desde mediados de 2022, ninguna, reflejó actividad fuera de la legalidad en el tercer piso, ni incumplimientos graves en materia de seguridad. De haber existido una sola señal en los informes recibidos, el Servicio de Minas habría actuado de inmediato».
Y puso el acento la responsable de Industria en que la inspección pública sobre la minería es intensa: «jamás esta consejera recibió un informe técnico que alertara de alguna irregularidad en el piso tercero en el que se produjo el fatal accidente. De haber sido así, habría actuado sin dudarlo. Con la ley y con toda la contundencia».
Dicho esto, precisó que «las inspecciones se determinan por el Servicio de Minas atendiendo a criterios técnicos relacionados con los riesgos asociados con la actividad, tipología de la mina (cielo abierto o subterránea), laboreo y técnicas mineras, uso de explosivos, y número de personas trabajando. Blue Solving únicamente disponía de una autorización para la recuperación y extracción de chatarra, una actividad de bajo riesgo. En 2024 se realizaron 461 visitas de inspección a explotaciones mineras. Por comparar, en otras comunidades autónomas se producen entre 30 y 80 inspecciones anuales por provincia».
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