Dimite la consejera Belarmina Díaz: «No voy a ser un obstáculo para la investigación ni para conocer la verdad»

Esta mañana tenía que volver a comparecer, esta vez ante el Pleno de la Junta General, y lo hizo dando profusas explicaciones sobre todos los datos con los que dice contar en una intervención inicial, de 20 minutos, en la que daba la impresión de que iba a seguir defendiendo su actuación y la necesidad de seguir investigando un caso que los socialistas han dado en llamar 'Blue Solving', en referencia a la empresa minera que explota la mina de Cerredo. La propia Belarmina Díaz insistió en la idea de que «si estaban extrayendo carbón de forma ilícita, la responsabilidad es de la empresa y del director facultativo de la mina».

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Por eso, cuando tras las intervenciones de los seis grupos parlamentarios, en las que todos ellos, a excepción del portavoz socialista, René Suárez, insistieron en la necesidad de profundizar en las responsabilidades políticas, la consejera anunció, con una breve declaración que dejaba su puesto (se suponía que tenía una segunda intervención sin límite de tiempo para responder a los grupos parlamentarios), se desató la tensión.

Durante toda la sesión, de hecho, ésta había ido creciendo. No pocos parlamentarios hicieron ver que llamaba la atención que a la primera intervención de Belarmina Díaz hubiesen asistido todos los consejeros, pero no el presidente, Adrián Barbón, que también estuvo ausente en todas las intervenciones de los portavoces parlamentarios a excepción de la del socialista René Suárez, que cerraba los turnos de los grupos.

Incluso el diputado de Vox Gonzalo Centeno, en su intervención, hizo referencia a ese escenario generado por Barbón, a quien se refirió como «el señor de los ocho apellidos mineros», en referencia a lo que ayer el PP y Foro habían definido como un «uso de un sentimiento minero impostado» por parte del presidente a lo largo de las dos últimas semanas. Mientras que las intervenciones del resto de grupos se centraron en las responsabilidades políticas y ahondaron menos en los hechos acontecidos en la mina de Cerredo no ya para llegar al accidente, sino en toda su gestión previa al cambio de titularidad, la intervención de Centeno fue una relación de las irregularidades y las presuntas ilegalidades que se fueron cometiendo en el entorno minero del suroccidente que completaba un escenario en el que previamente IU había dejado claro que había que seguir buscando qué es lo que falló a nivel político.

La dimisión de la consejera, visto lo visto, pareció coger a contrapié a todos los grupos, salvo al socialista. Y desató la tensión en el Hemiciclo, en particular después de que el presidente, Adrián Barbón, dirigiese unos gestos al presidente del PP, Álvaro Queipo, con los que parecía afearle que no hubiese respondido al teléfono una llamada el día anterior. Según varios diputados, se le habría llegado a escuchar cuestionar la 'catadura moral' de Queipo y la llamada en cuestión habría sido de Belarmina Díaz para anunciarle su dimisión. No quedó diáfano, con todo, pero la visión de Barbón estampándole un beso en el centro del Hemiciclo a la recién dimitida Belarmina Díaz, con los consejeros socialistas aplaudiendo, hizo que las críticas se disparasen entre la oposición. Tanto, que el resto de la sesión plenaria se fue desintegrando poco a poco.

El punto sexto, en el que Foro preguntaba cuándo iba a dimitir la consejera, obviamente fue retirado del punto del día, así como otro sobre el puerto de Lastres. La iniciativa sobre la Universidad Privada se debatió, pero con la tensión puesta en otro sitio (pese a que intervenía el consejero Borja Sánchez, a quien todos los grupos aprovecharon para felicitar por su regreso a la actividad, y la tensión explotó cuando el popular José Agustín Cuervas Mons pidió un turno de intervención para afearle a Barbón su actitud hacia Queipo y el presidente de la Cámara, Juan Cofiño, se lo impidió hasta por tres veces, hasta que le expulsó de la Cámara y suspendió el pleno por cinco minutos. El grupo popular acabó abandonando la sala, apoyados por Foro y Vox, y el pleno se diluyó ya completamente.

Quedaban, con todo, varias cuestiones por dilucidar. ¿Habrá comisión de investigación parlamentaria, tras la dimisión de la consejera, con lo que, en principio, los socialistas podrían intentar hacer ver que ya se han sustanciado las responsabilidades políticas?. Pues sí, la habrá. PP, Foro, Vox y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé siguen apoyando que se investigue, y la constitución de la comisión puede ser solicitada por dos grupos o diez diputados.

Sólo una posible oposición de PSOE e IU (esta, aún por decidirse) más un cambio de opinión de Tomé que, hoy por hoy, no parece probable tras su intervención de esta mañana, podría dar lugar a que la convocatoria de la comisión llegase a sustanciarse en un Pleno.

En todo caso, los tres partidos de la derecha, Foro, PP y Vox, dejaron claro que seguirán adelante, porque «la dimisión de la consejera era necesaria, pero no es suficiente». Castaño, de Vox, indicó que con lo que se sabe hasta ahora «es claro que hay una negligencia culposa, y el siguiente grado en el Código Penal es el dolo, lo que dejo para la comisión de investigación, aunque lo que hace la mafia carbonera lo saben todos los asturianos».

Cuervas-Mons, por su parte, tras asegurar que Barbón se había comportado «como un 'hooligan'» en su incidente hacia Queipo, subrayó que la comisión tiene que investigar responsabilidades más allá de las de Belarmina Díaz, de la que aseguró que por parte de Barbón «fue una trampa hacerla comparecer habiendo dimitido el día anterior, ha sido esperpéntico y nos muestra un PSOE en un claro proceso de descomposición». Y Adrián Pumares, de Foro, sentenció que «la comisión sigue siendo necesaria, porque esto pasa de ser 'el caso Belarmina Díaz' a ser 'el caso del Gobierno de Barbón'». Una dimisión que «no acaba con las enormes dudas que tenemos, por lo que no vamos a renunciar a la comisión de investigación».

Aprovechó Pumares para señalar que algo falla en el Gobierno regional «cuando hace dos meses la antecesora de Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí, tuvo que dimitir por un conflicto de intereses y ahora esta consejera también tiene un conflicto de intereses destapado por Foro. ¿Nadie se entera de nada en este Gobierno?».

Queda por definir la posición de Convocatoria por Asturias-Izquierda Unida, de la que, en último término, depende la continuidad de un Gobierno regional que está atravesando sus peores momentos de la legislatura y cuyos consejeros estaban hoy claramente preocupados. A las cinco de esta tarde se reunirá su dirección Colegiada, en sesión extraordinaria convocada al término de la sesión plenaria, para analizar la situación. Ovidio Zapico, cariacontecido y lacónico, se limitó a señalar que será esta Colegiada la que decida si apoya o no la comisión de investigación y que tras la dimisión de Belarmina Díaz «se abre un escenario de investigación y regeneración». Pueden ser palabras mayores.

Con una profusa explicación sobre la tramitación administrativa de los permisos para la explotación, Belarmina Díaz negó que se hubiese autorizado otra cosa que la retirada de equipamiento y la investigación sobre la posible utilidad de materiales alternativos, como el grafito.

La intervención de Díaz comenzó con un recuerdo para los fallecidos, a los que citó por su nombre, y un apoyo a las familias, prometiendo «todos mis esfuerzos en saber qué pasó y por qué ocurrió». Dicho esto, aseguró que «si, como parece, en el piso tercero de la mina se extraía carbón de manera ilegal y en condiciones de extrema peligrosidad para los trabajadores, la responsabilidad es de la empresa y del director facultativo, porque estarían vulnerando la legalidad y las autorizaciones de las que disponía Blue Solving e incumpliendo la legislación en materia de seguridad minera».

La consejera derivó la responsabilidad en todo momento a la empresa. Indicó que «ante la pregunta de cómo y por qué ha podido suceder esta tragedia, me siento en la obligación de hablar con claridad, siendo consciente de que no solo disponemos de indicios, sino de algunas evidencias de lo que pudo ocurrir la mañana del 31 de marzo en el interior del piso tercero del antiguo Grupo Cerredo, cuya responsabilidad apunta claramente a la empresa Blue Solving y a su dirección facultativa», señaló.

Y añadió que «Blue Solving era titular de unos derechos mineros con una antigua mina un proceso de cierre para la que no existía permiso alguno para la extracción de carbón. Solo para la recuperación de materiales y maquinaria de las galerías y de depósitos de carbón preexistentes. Si, como parece, en el piso tercero, denominado Mangueiro, se extraía carbón de manera ilegal y en condiciones de extrema peligrosidad para los trabajadores, la responsabilidad es de la empresa y del director facultativo, porque estarían vulnerando la legalidad y las autorizaciones de las que disponía Blue Solving e incumpliendo la legislación en materia de seguridad minera».

Para la consejera, «Cerredo no era una mina activa, sino una explotación en proceso de cierre para la que sus propietarios no tenían en ningún caso, en ningún caso, permiso para extraer carbón. Ninguna de las nueve inspecciones realizadas desde mediados de 2022, ninguna, reflejó actividad fuera de la legalidad en el tercer piso, ni incumplimientos graves en materia de seguridad. De haber existido una sola señal en los informes recibidos, el Servicio de Minas habría actuado de inmediato».

Y puso el acento la responsable de Industria en que la inspección pública sobre la minería es intensa: «jamás esta consejera recibió un informe técnico que alertara de alguna irregularidad en el piso tercero en el que se produjo el fatal accidente. De haber sido así, habría actuado sin dudarlo. Con la ley y con toda la contundencia».

Dicho esto, precisó que «las inspecciones se determinan por el Servicio de Minas atendiendo a criterios técnicos relacionados con los riesgos asociados con la actividad, tipología de la mina (cielo abierto o subterránea), laboreo y técnicas mineras, uso de explosivos, y número de personas trabajando. Blue Solving únicamente disponía de una autorización para la recuperación y extracción de chatarra, una actividad de bajo riesgo. En 2024 se realizaron 461 visitas de inspección a explotaciones mineras. Por comparar, en otras comunidades autónomas se producen entre 30 y 80 inspecciones anuales por provincia».