La Consejería de Industria, seis años sin tregua

Los diferentes titulares han tenido que capear con todo tipo de críticas a su gestión: las deslocalizaciones de empresas, la venta de Alcoa, las negociaciones en el estatuto de la industria electrointensiva y los fondos de transición justa, pero también las directrices de comercio (con la polémica respecto a la llegada de Costco), el incendio de la 'plantona' (que destapó que ninguna de las plantas de Cogersa cuenta con seguros que cubran con daños por incendios), la construcción de parques eólicos, una planta de pirólisis en Gijón y, por supuesto, la tragedia minera en la mina de Cerredo que ha costado la vida a cinco personas.

Los dos últimos nombres al frente de la consejería, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz, generaron fricciones adicionales en la izquierda porque no gustaban a su socio en el gobierno de coalición, IU-Convocatoria por Asturias. Además, han estado permanentemente en el punto de mira de la oposición que ha querido ver conflictos de intereses familiares en sendos casos. Su predecesor, Enrique Fernández, fue reprobado en 2022 por toda la oposición en bloque (entonces PP, Ciudadanos, Foro, Podemos, y también IU).

En ese momento fue el caso Alu Ibérica, uno de los primeros quebraderos de cabeza que tuvo el Gobierno regional en el anterior mandato, y que llevó a los trabajadores a hacer una marcha a pie desde Avilés a Madrid para pelear por sus puestos de trabajo. Un conflicto que al gobierno de Adrián Barbón le vino prácticamente heredado puesto que arrancó con la venta de Alcoa de la planta de Avilés a Parter (verano de 2019) y que a su vez lo vendió ocho meses después a Industrial Riesgo.

Íntimamente relacionado, y casi en paralelo en el tiempo, la Consejería de Industria se vio obligada a plantarse frente al Gobierno central, también socialista, a cuenta del Estatuto del Consumidor Electrointensivo. El primer borrador de la entonces ministra Reyes Maroto no gustó en el Principado, que rápidamente dijo que «nuestra opinión sobre el texto no es favorable». Si esto sucedía a finales de 2019, unos meses antes Vesuvius anunciaba que se iba. «Es una deslocalización en toda regla», decía Enrique Fernández.

La batalla industrial se viene librando en muchos ámbitos, con el europeo siempre presente. Previo a la pandemia ya se estaba en el Pacto Verde con unas cantitades asignadas para Asturias procedentes del Fondo de Transición Justa (y que se sumaría al despligue de ayudas procedentes del ministerio). Las cantidades siempre se vieron como insuficientes. Bien es cierto que el carpetazo definitivo al carbón en Asturias no llegaría hasta finales de 2024 cuando La Pereda comunicó sus obras para funcionar con biomasa y Aboño solicitó dejar de quemar este mineral y producir energía con gas.

A partir de la pandemia, el dinero pareció dejar de ser un problema y se anunciaron millones por doquier. Ahí está la subvención de 450 millones de ayudas concedidos a Arcelor para producir acero verde. La empresa de los Mittal ha sido, y probablemente seguirá siendo, uno de los quebraderos de cabeza de los sucesivos consejeros de Industria. Es la principal empresa del sector en la región y todavía este martes seguía con su intención de acelerar sus planes de recorte de plantilla urgiendo a los sindicatos a negociar.

El paso de Nieves Roqueñí por la Consejería de Industria (y ya sin las competencias de Empleo ni con Idepa —ahora Sekuens— en su organigrama) venía precedido de una polémica, que era la autorización para la instalación de planta de pirólisis en el Musel. Un asunto que formó parte de la campaña de las elecciones locales y autonómicas de 2023 y que acabaría quedando en un cajón. «Cuando los documentos estuvieron completado fue entonces cuando se conoció la incompatibilidad del proyecto para ser ejecutado, después de un análisis exhaustivo y detallado», explicó Nieves Roqueñí en noviembre de ese año.

Pero el asunto que marcó su trabajo como consejera fue todo lo que se derivó del incendio de la 'plantona' de Cogersa hace medio año, instalación en la que se había invertido más de 62 millones, y que llevaba operando 113 días cuando se quemó. El incidente destapó que ninguna de las plantas de Cogersa contaba con seguros que cubrieran los daños por incendio. En 2022 expiró la póliza y el ente no contrató otra. Es decir, 29 meses que Cogersa estvuo, a fecha del incendio, sin seguro multirriesgos o industrial para sus instalaciones.

Meses antes, y dependiente de la misma consejería, hubo que lidiar con la la modificación de las directrices de comercio para que empresas como Costco puedan instalarse en Bobes, y con un alcalde, también socialista, el de Siero, presionando para que el Gobierno regional legislase a favor de ello. La guerra con el comercio minorista estuvo, y sigue estando, servida, porque ahora se busca su posible encaje (o no) como proyecto estratégico en la recién ley aprobada por el gobierno asturiano.

Un asunto que provocó tensión con Izquierda Unida, socio de gobierno, esta legislatura como también lo hicieron los proyectos de varias empresas para instalar parques de baterías de litio que permiten el almacenamiento de energía para su posterior uso. Lo mismo con la energía eólica, de la que la formación que lidera Ovidio Zapico exigió que fuera «planificada y organizada», sin incluir espacios que ya habían sido excluídos con anterioridad«.

La llegada de Belarmina Díaz coincidió en el tiempo con el convulso escenario económico y geoestratégico mundial desencadenado a raíz de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Así que a todo lo anterior, aún sin cerrar en muchos casos, habría que añadir, por ejemplo, la industria de la defensa, donde Asturias tiene mucho que decir. Para consolidarse como referente, la ya exconsejera viajó a Madrid para reunirse con responsables ministeriales.

Pero la tragedia en la mina de Cerredo con cinco fallecidos ha puesto fin a su paso por la consejería. La investigación de lo sucedido, la gestión política y las explicaciones dadas hasta la fecha han supuesto un acoso y derribo de la oposición que desembocará en la creación de una comisión de investigación, han llevado a presentar su dimisión.