Asturias pide «calibrar y dotar adecuamente» la nueva «herramienta de política industrial»

El Principado no ha tardado en reaccionar a la aprobación por parte del Gobierno central del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, una norma muy esperada y demandada en Asturias, pero cuyo borrador no cumplía con las demandas de la región. Una vez confirmado el documento final, el Ejecutivo asturiano ha hecho un primer análisis y asegura que su opinión sobre el texto «no es favorable».

«No cabe duda de que la aprobación de una herramienta de política industrial es positiva, pero entendemos que hay que calibrarla y dotarla adecuadamente porque en su versión actual las empresas con mayores consumos de energía, como la gran industria asturiana, tienen un bajo descuento en su tarifa», señalan fuentes del Gobierno regional, que habían presentado alegaciones al borrador, demandando, entre otras, un trato diferencial para las hiperelectrointensivas, aquellas cuyo consumo es muy superior.

Se trata esta de una primera valoración, a la espera de conocer el contenido del articulado del Real Decreto que da forma al estatuto aprobado este martes en el Consejo de Ministros, dos años después de haberlo prometido. La medida beneficiará a 612 empresas, una cifra elevada que significa que habrá muchas más compañías para repartir, por ejemplo, en relación a la subasta de interrumpibilidad, y que dejará a los mayores consumidores sin el apoyo necesario para rebajar la diferencia que les separa de sus competidores de Francia y Alemania.

La cuestión es clave en comunidades autónomas como Asturias, con una industria básica debilitada, que afronta el reto de la descarbonización e intensiva en consumo de electricidad, cuya factura puede suponer hasta el 40% de sus costes. De ahí que estas empresas exijan un recorte de los gastos energéticos que las equipare a plantas del resto de Europa, principalmente germanas y galas. Según la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), la industria española cerrará el año con un precio de la luz que duplica al de Francia y Alemania, básicamente, por los costes regulados del sistema y nadie en el sector espera que este estatuto suponga un cambio radical con respecto a la situación actual.

Parte del problema reside en que para obtener la condición de consumidor electrointensivo, el consumo anual deberá haber sido superior a 1 gigavatio hora (GWh) durante dos de los tres años anteriores, un gasto que las hiperelectrointensivas consideran demasiado bajo, sobre todo, si a ellas no se les prima de alguna forma o cuentan con un trato diferencial. Por otro lado, el consumo en las horas valle (las más baratas del día) debe representar, al menos, el 50 % del total.

La principal medida pasa por compensar a estas industrias hasta un 85% de los costes que se repercuten en el precio de la luz por la financiación de las primas a las renovables, los costes de cogeneración de alta eficiencia y el extracoste correspondiente a los territorios no peninsulares (financiados al 50 % con cargo al recibo y a los Presupuestos de Estado). En los Presupuestos Generales del Estado solo están contemplados 310 millones para ello, de los que 110 corresponden a fondos europeos, por lo que también hay dudas de que se mantenga esa partida en las cuentas, que igualmente se considera reducida. Como ejemplo, en su momento, la subasta de interrumpibilidad remuneraba a las compañías con 525 millones.

UGT, sindicato mayoritario en las plantas de ArcelorMittal en Asturias, ha expresado este martes su desacuerdo con lo que ha trascendido del nuevo estatuto para las empresas electrointensivas, porque, ha recalcado, la multinacional siderúrgica tiene que ser competitiva frente al resto de los países de Europa.

Para ello ha considerado «fundamental» que todos los competidores salgan al mercado internacional en igualdad de condiciones en cuanto a la tarifa eléctrica, la nueva normativa de emisiones y el sistema arancelario.

De lo contrario, las empresas saldrán en desventaja y, al final, es un perjuicio grave para España, para las multinacionales y los trabajadores, concretamente en Asturias, en opinión de UGT.

El secretario general de sección sindical de UGT FICA en ArcelorMittal Gijón, José Manuel García Fernández, ha señalado a Efe que es una pena que el Gobierno no aporte su grano de arena a estas multinacionales para que puedan ser competitivas en Europa dado que la diferencia de la tarifa eléctrica es de 20 euros por kilovatio respecto a Francia y de 30 con Alemania.

«Salir con un precio por encima de los demás, al final, perjudica a las instalaciones de Asturias y a las plantas de ArcelorMiital en España», ha subrayado el dirigente sindical.