El estatuto de las electrointensivas no primará a la gran industria asturiana y el Principado lo rechaza

El Principado y la industria pesada asturiana asumen ya que el Estatuto de los Consumidores Electroinensivos no primará su elevado gasto eléctrico frente al de plantas de menor tamaño, que se van a poder beneficiar igualmente de este mecanismo, aunque para ellas la factura eléctrica no sea vital para su supervivencia. El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde definitivamente al texto, dos años después de haberlo prometido, una medida que beneficiará a 612 empresas, una cifra elevada que significa que habrá muchas más compañías para repartir, por ejemplo, en relación a la subasta de interrumpibilidad, y que dejará a los mayores consumidores sin el apoyo necesario para rebajar la diferencia que les separa de sus competidores de Francia y Alemania.

Desde la Consejería de Industria del Principado ya se ha hecho un primer análisis y, a falta de conocer los detalles del real decreto, aseguran que la opinión «no es favorable». «No cabe duda de que la aprobación de una herramienta de política industrial es positiva, pero entendemos que hay que calibrarla y dotarla adecuadamente porque en su versión actual las empresas con mayores consumos de energía, como la gran industria asturiana, tienen un bajo descuento en su tarifa», señalan.

La norma estaba pendiente de aprobación desde que se comprometió a raíz del anuncio de cierre de las plantas de Alcoa de Avilés y La Coruña en diciembre de 2018. El Gobierno de Sánchez prometió que sería aprobado por el Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, pero ante los reparos expresados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el proyecto quedó aparcado.

La cuestión es clave en comunidades autónomas como Asturias, con una industria básica debilitada, que afronta el reto de la descarbonización e intensiva en electricidad, cuya factura puede suponer hasta el 40% de sus costes. De ahí que estas empresas exijan un recorte de los gastos energéticos que las equipare a plantas del resto de Europa, principalmente germanas y galas. Según la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), la industria española cerrará el año con un precio de la luz que duplica al de Francia y Alemania, básicamente, por los costes regulados del sistema y nadie en el sector espera que este estatuto suponga un cambio radical con respecto a la situación actual.

El caso de Alcoa, con su conato de cierre y posterior venta en La Coruña y Avilés, ha sido paradigmático en este sentido, pero en el Principado Arcelor y Asturiana de Zinc también están muy pendientes de que se conozcan los detalles, que aún no se han hecho públicos. El tema no es una cuestión menor. La multinacional siderúrgica, por ejemplo, decidió en octubre cerrar su acería y su horno alto de Cracovia alegando distintos motivos, como la caída de la demanda o el coste del CO2, pero el único que era particular de esa factoría era, precisamente, el alto precio de la energía en Polonia.

Según el Gobierno, sin embargo, el estatuto aprobado dota a los grandes consumidores de electricidad de un marco jurídico y económico que proporciona seguridad y certidumbre a sus costes energéticos y mejora su competitividad internacional, «todo ello de conformidad con la normativa comunitaria», según el Ministerio de Industria. A pesar de ello, la gran industria duda de que vaya a suponer un cambio diferencial para su negocio.

Parte del problema reside en que para obtener la condición de consumidor electrointensivo, el consumo anual deberá haber sido superior a 1 gigavatio hora (GWh) durante dos de los tres años anteriores, un gasto que las hiperelectrointensivas consideran demasiado bajo, sobre todo, si a ellas no se les prima de alguna forma o cuentan con un trato diferencial. Por otro lado, el consumo en las horas valle (las más baratas del día) debe representar, al menos, el 50 % del total.

Para optar a las ayudas previstas en el Estatuto, las empresas deberán asumir obligaciones y compromisos en eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes, al tiempo que deberán mantener la actividad productiva durante un periodo de al menos tres años, a partir de la fecha de concesión de las ayudas.

La principal medida pasa por compensar a estas industrias hasta un 85% de los costes que se repercuten en el precio de la luz por la financiación de las primas a las renovables, los costes de cogeneración de alta eficiencia y el extracoste correspondiente a los territorios no peninsulares (financiados al 50 % con cargo al recibo y a los Presupuestos de Estado). En los Presupuestos Generales del Estado solo están contemplados 310 millones para ello, de los que 110 corresponden a fondos europeos, por lo que también hay dudas de que se mantenga esa partida en las cuentas, que igualmente se considera reducida. Como ejemplo, en su momento, la subasta de interrumpibilidad remuneraba a las compañías con 525 millones.

Otro aspecto que incluye el estatuto, es que el Estado, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), asumirá la cobertura de los riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo de consumidores electrointensivos, con el fin de fomentar la contratación bilateral a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) del suministro. Sin embargo, los grandes consumidores también duda de que esto les permita conseguir un precio mucho más bajo, dado que el principal problema se encuentra en los costes regulados de la factura (peajes, costes de compensación extrapeninsular, déficit tarifario..).

En febrero de este año, antes de que la pandemia se desatara, se anunció el Estatuto Electrointensivo, que, según informó entonces el Gobierno, permitiría el ahorro de 90 millones para estas empresas solo por bonificación del 85% de los cargos en su factura. Sumados a las compensaciones por costes de CO2 (172 millones el pasado año), el apoyo a la industria electrointensiva superaría los 262 millones. El presupuesto del próximo año cuenta con esos 310 millones.

En total, beneficiará a 612 empresas de más de 60 actividades industriales, que suman unos 300.000 trabajadores, y, junto con las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2 (dióxido de carbono) y el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, «supondrá un nuevo marco legal al servicio de la gran industria».

El Ministerio de Industria será el encargado de certificar la condición de consumidor electrointensivo, que deberá ser solicitado la empresa, ha informado el departamento en un comunicado.