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D. M. tenía 16 años recién cumplidos cuando, el pasado mes de octubre, decidió quitarse la vida. Fue el fatal desenlace de una historia que ... pone en entredicho el protocolo que activa la Administración frente a los casos de 'bullying'. Con D. M., desde luego, no funcionó. Cuando las instituciones dieron respuesta al acoso que estaba sufriendo en su instituto de Oviedo, el daño psicológico causado ya no tenía vuelta atrás.
Que era irreparable lo demuestra su suicidio, que ahora adquiere repercusión mediática por empeño de su madre, Sandra M. F., que denuncia, alto y claro, que «los protocolos existentes no sirven para nada» y «las víctimas se sienten muy desprotegidas». Quiere que el caso de su hija se conozca, para que no vuelva a repetirse, para que las puertas que a ella no se le abrieron en su momento, se abran en adelante para otras familias.
Sandra M. F. pretende llegar incluso hasta el Congreso de los Diputados. Su objetivo: «Que se apruebe una ley contra el bullying en condiciones». A nivel del Principado, está removiendo Roma con Santiago y se muestra incluso dispuesta a emprender «acciones por la vía civil contra Educación». La pasada semana, precisamente, se reunía con la consejera de Educación, Lydia Espina, y con su homóloga en Salud, Concepción Saavedra, para «pedir explicaciones».
Teléfono contra el acoso escolar
Línea de atención a la conducta suicida
Teléfono de la Esperanza
El calvario de su hija comenzó dos años antes de que decidiera suicidarse, tal como EL COMERCIO ya contó en su momento. En octubre de 2022, D. M. empezó a salir con un compañero de clase, pero el comportamiento del chico no le gustó y decidió romper la relación a las pocas semanas. Lo que siguió a esa ruptura fue un proceso de acoso y derribo: desde mensajes insistentes a través de WhatsApp o Instagram a comentarios en público fuera de lugar. Incluso empezó a seguirla a la salida del Instituto.
En febrero de 2023, la presión que soportaba D. M. empezó a manifestarse con dolores de barriga y problemas para conciliar el sueño. El hostigamiento que sufría iba a más y la situación se había vuelto realmente insoportable. Una amiga de su acosador había creado un grupo de WhatsApp con la única finalidad de hacerle la vida imposible y, entonces, llegaron las burlas, los insultos y amenazas colectivas.
Cuando en marzo le contó a su madre lo que estaba pasando, D. M. se encontraba psicológicamente rota. Denunciaron, el instituto activó el protocolo de acoso y el asunto llegó al Juzgado de Menores de Oviedo, donde el chico admitió los hechos y fue condenado por un delito de acoso personal y otro continuado de amenazas. Pero «el protocolo no se activó en tiempo y forma, no funcionó, no protegió a mi hija», subraya la madre de esta adolescente que ya nunca volvió a ser la misma.
Lo primero es que el asunto tardó en resolverse casi un año y, mientras, D. M. tuvo que seguir conviviendo en el instituto con su acosador. Le cambiaron de clase, sí, pero «lo pusieron en la de al lado», recuerda Sandra M. F. Por no hablar de que el chico «incumplía reiteradamente» todas las medidas cautelares impuestas. O que «se actuó únicamente contra él», en lugar de «contra todos los alumnos que hostigaron a mi hija». O que fue la víctima la que finalmente tuvo que cambiarse de centro educativo al no poder soportar más la tensión que se había generado.
Como consecuencia de este traumático episodio, D. M. se sintió cada vez más aislada y empezó a experimentar ataques de pánico. El sufrimiento llegó a ser de tal calibre que, en estos dos años, tuvo que ingresar en el área de Psiquiatría Infanto-Juvenil del HUCA en varias ocasiones. «La misma zona de hospitalización que visitó el sábado la consejera de Salud para anunciar que habían aumentado plazas. De ocho a diez. Ya ves, menuda ampliación», ironiza Sandra M. F.
Desde la Consejería de Educación, se argumenta que «el instituto abrió el protocolo y el procedimiento determinó que sí se había producido un caso de acoso escolar y se adoptaron medidas». También, prosiguen desde el departamento de Lydia Espina, «se notificó la existencia de riesgo de suicidio, de acuerdo con lo que establece el documento Promoción del Bienestar Emocional, Prevención, Detección e Intervención ante la conducta suicida». La madre de D. M. se echa las manos a la cabeza y se muestra indignada.
La cuestión es que el acosador, también menor de edad, fue condenado a seis meses de servicios comunitarios y se le prohibió acercarse a D. M. durante dos años. El resto de alumnos implicados en este caso de acoso no recibieron ninguna sanción. «Y mi hija está muerta y ya no la podemos salvar», llora Sandra.
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