Una asignación de 25.001 euros y párrafos «tachados» sobre la financiación de los daños

También se puso de relieve que en el borrador «que nos acaban de remitir desde el ministerio» -una vez que la inclusión del lobo en el LESPRE ya era oficial- aparezcan «tachadas» algunas de opciones previstas. Por ejemplo, «la puesta en marcha de mecanismos de ayudas públicas o la coofinanciación de los daños, incluido el lucro cesante».

Todo ello forma parte, según las organizaciones presentes tanto en la reunión de trabajo como en la comparecencia posterior ante los medios de comunicación, «de las mentiras que está contando el ministerio». ASAJA, Coag y UPA consideran que Teresa Ribera «se está apoyando en lo más talibán del ecologismo para darle la espalda al mundo agrario» y avisan de que «nuestra respuesta será contundente».

Pedro Barato (ASAJA), Charo Arredondo (COAG) y Román Santallana (UPA)- adelantaron que, lo mismo que han hecho ya las consejerías, también van a recurrir judicialmente la orden ministerial porque, a juicio de los tres, «esta medida es un atropello al sector ganadero y al mundo del campo». Además, los tres sindicalistas advirtieron a Ribera de que, de no rectificar su decisión, los ganaderos tomarán medidas «contundentes» que llevarán más allá de los tribunales en lo que fue un llamamiento a los ganaderos de toda España a echarse a las calles para mostrar su rechazo frontal a una decisión que, coinciden, «nos ha defraudado mucho», pero que no va a salir gratis al Gobierno de Pedro Sánchez: «Los ciudadanos están tomando nota de esto».

A la espera de que se dirima el pleito interpuesto por Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León, se le ha pedido a la Audiencia Nacional que suspenda cautelarmente la orden ministerial, que entraba en vigor la semana pasada y que en Asturias ha implicado la paralización de las actuaciones del Plan Regional del Lobo hasta que una medida cautelar no le aporte «seguridad jurídica», como indicó Calvo el pasado lunes.