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El problema está ahí. Enfermeros, doctores y celadores ejercen una profesión que los deja expuestos al grito, insulto, empujón o golpe del paciente ... de turno o de los familiares del mismo. Pasa en Asturias y en todo el mundo. Ante este tipo de violencia en el trabajo colegios profesionales primero y organizaciones internacionales después vienen apremiando a las administraciones a dar pasos al frente.
El Principado lo hizo ayer. Su Consejo de Gobierno aprobó el decreto que crea el Observatorio de Agresiones Profesionales, órgano colegiado que quedará adscrito al Servicio de Salud (Sespa). La idea es sentar en la misma mesa a a los directivos del Sespa, los representantes sindicales de la plantilla y los mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una vez el decreto llegue al Boletín Oficial el órgano debe constituirse antes de un mes, y tendrá reuniones al menos una vez al año, con posibilidad de crear grupos de trabajo específicos. Entre las funciones del observatorio está estudiar mejor el problema, impulsar planes formativos para atajarlos, y establecer estrategias en la misma linea. Además, el Sespa lanzará una campaña de sensibilización entre la plantilla y los pacientes.
Los números hablan. El pasado año el Sespa registró 365 agresiones a profesionales sanitarios, pese a un descenso del 12% respecto a 2023. En 21 casos los ataques derivaron en denuncias formales. El 84% de las víctimas eran mujeres, mayoritariamente enfermeras y doctoras. El 59% de las víctimas estaban en un rango de edad de entre 35 y 55 años. El 60% de las agresiones tuvieron lugar en hospitales; en las consultas se dieron 96 casos y otros tantos en las plantas.
Según los registros del Sespa el 78% de los agresores eran pacientes (varones en su mayoría) mientras que en el resto de situaciones el que se encaró contra el profesional era un familiar del enfermo al que se prestaba atención. Dato importante: 156 de los ataques (el 43%) lo emprendieron personas reincidentes en esta conducta, una tendencia que va al alza en los dos últimos años.
El pasado octubre la propia consejera de Salud, Concepción Saavedra, instó a la plantilla a denunciar «tanto si son agresiones físicas como verbales. Estamos viendo que hay personas reincidentes y esta es la forma de atajarlo».
La creación de este observatorio en Asturias es una demanda histórica de los profesionales, que ven en este foro la opción de pasar del mero registro de los ataques a un trabajo más intenso para remediarlos. A nivel nacional el ministerio tiene un órgano similar y existen también observatorios al menos en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Andalucía.
Una de las herramientas que se han ido extendiendo en los últimos años es el Botón SOS-Sanitarios, una aplicación que el profesional sanitario puede descargarse en el teléfono y que, al ser pulsada, contacta con el centro policial más cercano y le envía 10 segundos de audio de lo que está sucediendo.
Según las estadísticas policiales entre 2020 y 2023 por esta vía los agentes pudieron atender 148 avisos, siendo Asturias una de las cinco comunidades en las que nadie utilizó este recurso.
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