El Principado abrirá una oficina para las quejas de los hablantes de asturiano

El proyecto para hacer cooficiales el asturiano y el gallego-asturiano no tiene visos de salir adelante esta legislatura pero el Principado sigue avanzando en su agenda lingüística. Los últimos días del curso escolar remitió a las aulas carteles animando a los alumnos a apuntarse al estudio de las lenguas propias de la región y esta semana quedó constituida la Rede de Normalización Llinguística, un organismo entre cuyas funciones está la de asesorar a los ayuntamientos para que promulguen ordenanzas linguísticas y «velar por el cumplimiento de la legislación en materia lingüística», especialmente en lo tocante a la toponimia local.

Así lo especificaba la Consejería de Cultura y Política Linguística en un comunicado en el que anticipaba la «creación de nuevos servicios normalizadores». Siguiendo ese principio acaba de iniciar los trámites para abrir una Oficina de Derechos Lingüísticos. No tendrá carácter sancionador y la idea es que funcione como una ventanilla única, atentida por funcionarios especialistas en la Ley de Uso y Promoción del asturiano/bable y a los que los ciudadanos puedan recurrir en caso de detectar incumplimientos en la aplicación de la normativa o albergar dudas al respecto.

La oficina se regulará mediante un decreto y los ciudadanos interesados en aportar ideas para el mismo tienen hasta el 9 de julio en la web de participación del Principado. En la ficha abierta a tal efecto se explica que «en la actualidad no existe un cauce específico para tramitar las quejas, sugerencias o solicitudes de información relativas a los derechos lingüísticos de la ciudadanía asturiana, ni una unidad en la que centralizar su tramitación, integrada por personal con conocimientos suficientes en la materia. Esto hace que, en muchas ocasiones, las consultas o reclamaciones planteadas no se resuelvan adecuadamente».

Abrir una Oficina que centralice las situaciones de discriminación percibidas por los hablantes de asturiano y gallego-asturiano (o eo-naviego) «constituye una medida necesaria para una protección más eficaz de los derechos contemplados en la ley 1/1998 de uso y promoción del bable/asturiano», justifica la consejería. La idea es que el personal especializado que atienda este nuevo departamento ampare «los derechos lingüísticos de la ciudadanía asturiana con independencia de la lengua utilizada».

El Principado entiende que en ausencia de esta unidad específica la única vía oficial de la que disponían los asturfalantes para expresar sus inquietudes eran las oficinas de atención ciudadana y el registro. Esa vía genérica y «la ausencia de personal con conocimientos suficientes hacen que, en muchas ocasiones, las demandas de los ciudadanos no se resuelvan adecuadamente», indica el anuncio.

Con el nombre de Oficina de Derechos Lingüísticos o similares existen ya unidades semejantes en Cataluña, País Vasco, Valencia y Baleares. El caso valenciano resultó polémico; el decreto que creaba el departamento en 2017 fue denunciado en los tribunales por el PP, logrando que doce artículos fuesen anulados primero por el Tribunal Superior de esa comunidad autónoma y después por el TribunalSupremo, en una sentencia de finales de 2021. El motivo principal es que en origen la oficina acogía las quejas de los hablantes de valenciano, hacía una valoración sobre si tenían razón y se estaba vulnerando la normativa, y advertía al posible infractor de cuáles eran las medidas que debía adoptar para corregirlas. Las sentencias estimaron que un proceso de estas características debe tramitarse como un acto administrativo, dando por tanto posibilidad al denunciado para que haga sus alegaciones e impugne la denuncia y resolución.

En Asturias la ley de uso aprobada en 1998 declara entre sus objetivos «garantizar la enseñanza del bable/asturiano» atendiendo al principio de voluntariedad, establece que el Principado «propiciará» el conocimiento de las lenguas autóctonas entre sus empleados públicos y reconoce el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la administración regional en cualquiera de ellas. Las resoluciones de la Junta General «podrán publicarse en bable/asturiano» y en lo tocante a la toponimia solo será bilingüe si la forma en castellano tiene un uso generalizado; en caso contrario prevalece la «forma tradicional».

Motivos de protesta

Esa ley vigente, de cinco páginas, es en la que buscan amparo los colectivos que promocionan el asturiano cuando denuncian casos de supuesta discriminación.En 2020 por ejemplo Inaciu Galán, de Iniciativa pol Asturiano, consideró que sus derechos le eran vulnerados en la Universidad de Oviedo al solicitársele que a su tesis íntegra en asturiano le acompañara una copia en castellano.

Otra de las quejas recurrentes en el colectivo pasa por atribuir el descenso de matrículas de asturiano en los centros concertados o privados a supuestas trabas que se ponen en estas aulas.

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