Una Asturias unida se moviliza contra el peaje del Huerna
Miles de personas discurren por las calles de Oviedo para exigir que se ponga fin a una «decisión injusta que lastra la competitividad de Asturias» y que las bonificaciones se eleven al 100% mientras llega la eliminación definitiva
Más de cinco mil personas respondieron a la llamada de la Alianza por las Infraestructuras para exigir el fin del peaje del Huerna. Las dos exigencias unánimes fueron el cumplimiento de la legalidad por parte del Gobierno central y que, mientras eso se produce, las bonificaciones se eleven hasta el 100%. Pero el mensaje que se buscaba con esta marcha no era tanto el de la cifra de asistentes, que también, sino simbolizar la unidad: la de los asturianos, pero principalmente -por lo poco frecuente- de la clase política, empresarial y sindical.
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En sus declaraciones previas, cada uno matizó y lanzó sus reproches, pero en una misma imagen y tras una misma pancarta, todos acabaron saliendo juntos en la misma foto. Ahí estaban en primer término los presidentes camerales, la presidenta de Fade, los líderes de las patronales del transporte, y también los sindicatos, UGT y CC OO. Detrás, los partidos, excepto Vox. Junto a ellos, alcaldes y concejales, De las poblaciones grandes, como Gijon y Oviedo, y de las de menor tamaño, como El Franco, con su alcaldesa en su doble condición, también de presidenta de la Facc. Por cierto, también asistió Daniel Ripa, quien inició –y ganó– toda esta batalla judicial y que ha convocado su propia concentración este sábado.
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Del número de participantes imporante que su voz sonase al unísono tras una pancarta que lo decía todo 'Asturias unidas. Fin del peaje del Huerna'. Y que la misma retumbase al otro lado de la frontera. Lo que chocó, para lo se espera de una tarde reivindicativa, son los gritos y cánticos, tan característicos de una manifestación y que aquí se limitaron al sonido de unas gaitas.
Los asistentes sí que lo miraría con lupa el ministro Oscar Puente, para comprobar si por la vía de los hechos, las calles le dan la razón o no a esas incendiarias declaraciones de esta semana en las que afirmó que el Huerna es un tema que no preocupa a los asturianos. Colmó un vaso que ya venía rebosante desde que, desde lo jurídico, Bruselas diera la razón a esta histórica reivindicación, a la que EL COMERCIO le puso cifras a principios de semana: lo que paga un asturiano para llegar a Madrid en coche es mucho más de lo que paga cualquier otro que se encuentre en el punto que usted prefiera de la geografía española.
Pero en la marcha nadie se metió con el Gobierno, ni el de aquí ni con el de España, tampoco hubo críticas al PP ni a Álvarez Cascos, a pesar de hubiera sido él quien prorrogase el peaje que hoy se sigue pagando. Tampoco se dijo nada del ejecutivo asturiano, cuyo Consejo de Gobierno acudió casi en su totalidad –solo faltó la vicepresidenta Gimena Llamedo–, y que también estuvo representado por los viceconsejeros de Infraestructuras y de Industria (no se vio a la de Turismo, Lara Martínez) y otros cargos, como el director de la Oficina Económica de la Presidencia.
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Precisamente, buena parte de los focos estaban en Adrián Barbón dado no es habitual ver al presidente de una comunidad autónoma detrás de una pancarta –en su condición de presidente y no de militante– y protestando contra una decisión de un gobierno de su mismo partido.
Todas esas referencias, a las que se acostumbra la refriega política, tampoco figuraron en el manifiesto. Desde el primer momento, estaba marcha fue algo consensuado, que huyese de la crispación y que diese la imagen de todos a una. Ya habrá días y debates en os que se volverá al rifirrafe.
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En el texto que se leyó se volvió a subrayar el «agravio histórico» que sufre Asturias como consecuencia del peaje prorrogado en el año 2000 y se incidió en la carga «injusta» que limita el desarrollo de la región, al tiempo que «penaliza su economía y debilita la cohesión territorial». Se enumeraron las irregularidades detectadas en Bruselas y que forman parte del Dictamen de la Comisión Europea, el mismo que al que el gobierno central ha alegado, y el que ha motivado en parte la manifestación: una prórroga sin licitación ni publicidad, una vulneración de los principios de igualdad y transparencia, un uso indebido de la excepción 'in house' y que se trata de una prórroga vinculada a la privatización.
Respecto a los compromisos, verbalizados en voz alta desde la plaza de la Escandalera, a modo de compromiso de la Alianza por las Infraestructuras para con los asturianos: algunos ya puestos en marcha y tan genéricos como desplegar actuaciones «a todos los niveles» y «defender una estrategia integral» y los concretos, si se pueden llamar así, como es la exigencia al gobierno central de bonificaciones del 100% mientras se cumple el Dictamen.
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Todo acabó con un «Asturias no puede esperar», coreando el himno patrio y con una capital que en segundos volvió a la normalidad.
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