La Audiencia ordena a tres condenados del 'caso Renedo' devolver 2,1 millones al Principado
Resuelve el fleco que quedaba pendiente en el proceso repartiendo la indemnización entre Renedo, Otero y Víctor Manuel Muñiz
El 'caso Renedo' saltó a la luz pública en 2011, con la detención de dos exresponsables de la Consejería de Educación (José Luis Iglesias ... Riopedre y María Jesús Otero), una funcionaria (Marta Renedo) y dos empresarios (Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez). La Audiencia Provincial determinó que formaban una trama de corrupción en el Principado y dictó sentencia en 2017. Dos años después el Tribunal Supremo reajustó las condenas y contra su decisión ya no cabía recurso. Los penados entraron en prisión uno a uno, se les aplicó una multa que sumaba 4,28 millones, pero quedaba un fleco del caso por resolver, complejo jurídicamente.
La sentencia dejaba para una fase posterior determinar cuánto debían devolver al Principado. Tras estudiar de nuevo la causa, las pruebas y las peticiones, la Audiencia Provincial acaba de concluir que Renedo, Otero y Muñiz han de restituir al erario autonómico 2,1 millones, repartidos de la siguiente manera.
A Marta Renedo se la condena a pagar al Principado una indemnización de 1.490.210,07 euros; Muñiz responderá solidariamente de ellos hasta un límite de 198.003,38 euros. A María Jesús Otero se la castiga con 690.549,22 euros, quedando Muñiz aquí como responsable solidario de toda la factura. Sánchez por su parte termina al margen del asunto. La Sección Tercera asume que no tiene pruebas consistentes de que los regalos que su empresa hizo a Otero y Renedo los financiara con fondos públicos.
La Sala dictó su auto el 19 de junio y la huelga judicial retrasó la notificación. La decisión queda lejos de colmar la aspiración del Principado, que había solicitado que se le reingresaran 4,9 millones. La Fiscalía por su parte proponía dejarlo en 2,7. Los letrados de la defensa mantuvieron que no había base para obligarles a devolver nada.
La complejidad del asunto estriba en que, al final, entre los errores de las acusaciones y los aciertos de las defensas, parte de las pruebas de cargo se quedaron fuera de la causa. La principal es una auditoría interna que el Principado hizo para calcular el perjuicio económico causado en Educación. Tras revisar expedientes y facturas de 87 colegios e institutos concluyó que entre 2009 y 2010 la consejería pagó a Igrafo y APSA cuatro millones por materiales que cree que nunca se entregaron. La letrada del Principado presentó la auditoría el primer día del juicio y la Audiencia desestimó tenerla en cuenta. Una prueba de ese calibre exigía haber tomado declaración antes a los directores de los centros y comprobado si sus firmas se falsificaron. Aquel dictamen quedó apartado y motivó una segunda investigación penal que sólo ahora acaba de terminar.
Sin esa base, la Audiencia ha asentado su análisis en la contabilidad 'B' de Igrafo, donde anotaba el dinero que recibía de contratos públicos por obras y materiales que o no entregaba o les aplicaba un sobreprecio. El saldo desviado lo guardaba en la caja y con él financió regalos y dádivas a Renedo, Otero y las sociedades a las que estaba vinculada esta última. Contra las indemnizaciones impuestas cabe de nuevo recurso ante el Supremo.
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