Aucalsa se aferra a una sentencia reciente de la UE para defender que el peaje de la autopista del Huerna siga hasta 2050

En el año 2000 el Consejo de Ministros acordó alargar la concesión de la autopista que construyó y explota Aucalsa; en origen estaba previsto que cobrara a los usuarios hasta el año 2021, pero amplió el negocio hasta el 2050. Luego privatizó la sociedad pública que controlaba Aucalsa. El Ejecutivo que rige Ursula von der Leyen sostiene que ambas decisiones vulneraron las directivas entonces en vigor. Que antes de tomar esos acuerdos, España debía haber publicado anuncios en el Boletín Oficial de la UE y haber permitido que inversores de otros países pudieran pujar por ese periodo de concesión añadido de 29 años.

Bruselas da dos meses al Gobierno de España para que ponga sobre la mesa alternativas con las que legalizar la situación. De no hacerlo, el siguiente paso sería denunciar a España al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Es un camino ya conocido en Asturias. Los transportistas de la región acudieron también a Bruselas para denunciar el 'céntimo sanitario', un recargo que aplicaron al combustible determinadas comunidades al objeto de captar más dinero para la sanidad. En 2008 la Comisión Europea emitió un dictamen motivado, dando dos meses a España para corregir la ilegalidad; el caso llegó al TJUE, que dictó la sentencia seis años después. Aún así los transportistas tuvieron que amenazar con ir al paro si el Gobierno no les devolvía el dinero de más pagado en esos años.

La posición del Ministerio de Transportes es la de seguir dando la batalla para defender lo acordado por el Consejo de Ministros hace ahora 25 años. «Agotará las opciones de respuesta», transmitió, lo que sitúa como escenario más problema que la cosa quede en manos del TJUE.

Ahí es donde la concesionaria mantiene sus esperanzas. Itínere Infraestructuras, sociedad matriz de Aucalsa, señala en su última memoria que «en un asunto similar iniciado por la Comisión Europea contra la República Federal de Alemania, con fecha de 17 de octubre de 2024, el Abogado General del Tribunal Europeo de Justicia ha presentado conclusiones en una cuestión prejudicial en el asunto C-452/23, que debería reforzar la posición del Reino de España frente al procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea».

Posteriormente a la emisión de esa memoria, el propio TJUE dictó sentencia en los términos en los que razonaba el Abogado de la UE. El caso versa sobre la gestión de las autopistas alemanas y en concreto sobre los contratos para explotar sus estaciones de servicio. En esencia el fallo reconoce que un país puede modificar los términos de un contrato de concesión cuando la empresa que lo explota es pública.

La sentencia es de abril de 2025, y es de suponer que Bruselas la tuvo en cuenta al reafirmarse en la ilegalidad del contrato del Huerna cuando remitió esta semana su dictamen.

La noticia ha provocado nuevas críticas del Principado y Foro contra el expresidente autonómico y exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos. En un artículo junto al director de Asturias Liberal, Joaquín Santiago Rubio, el aludido vuelve a defender la decisión de prórroga de la concesión aduciendo que gracias a ello se pudo evitar el plan para imponer peaje entre Onzonilla y Benavente, y además se contuvieron las tarifas.

En la actualidad, «dentro de la ley», observa tres soluciones «y todas cuestan». El rescate anticipado de la concesión, esto es, la extinción del contrato y compensación a la empresa, lo estima entre 75 y 150 millones, con el riesgo de caer en «sanciones, arbitrajes internacionales y convertir un problema en un conflicto diplomático». La compra del contrato a Aucalsa la cifra entre los 120 y los 200 millones, con la ventaja de ofrecer «un control inmediato, posibilidad de eliminar el peaje sin conflicto legal y con lógica mercantil. Es la solución más directa y menos tóxica jurídicamente».

La tercera vía sería bonificar al 100% el peaje, lo que supondría unos 36 millones al año, «una hipoteca a largo plazo si no se vincula a una solución definitiva». «La propuesta racional es combinar la bonificación total inmediata con un proceso rápido y transparente de compra del contrato», señala. Así se lograría «alivio hoy, cierre jurídico mañana. Y fin del problema en un horizonte de meses, no décadas».

«Pero para eso hay que gobernar. Lo que tenemos, en cambio, es un PSOE que critica al PP por la prórroga del año 2000« y un PP »que es incapaz de hacer política de frente y con la verdad«. Álvarez-Cascos critica el inmovilismo de las elites ante el que »mientras tanto, Europa amenaza con multas, los conductores pagan religiosamente, y el Gobierno parece decidido a esperar a que la inercia se convierta en política«.