El Gobierno asturiano pide acabar «de una santa vez» con el peaje de la autopista del Huerna pero asume que el ministerio lo defienda hasta 2050
El presidente del Principado, Adrián Barbón, argumenta que «todos los gobiernos estamos atados por un principio de seguridad jurídica y debemos defender los acuerdos anteriores, aunque no estemos de acuerdo con ellos»
La Comisión Europea considera que el Gobierno de España vulneró la legislación cuando, en el año 2000, acordó ampliar el peaje del Huerna ... hasta el 2050 y luego privatizó la concesionaria que explota la vía, Aucalsa. Por ello ha remitido al Ejecutivo nacional un dictamen motivado dándole dos meses para que ponga sobre la mesa alternativas para recuperar la legalidad en la concesión; de no hacerlo, anticipa que el siguiente paso puede ser denunciar al Gobierno de España ante el Tribunal de Justicia de la UE. Se trata de una vía que, caso de desembocar en sentencia confirmando la tesis de Bruselas, abriría la puerta a multar a España hasta que devuelva la situación del Huerna a una situación conforme a las directivas comunitarias.
Ante ese ultimátum, todos los partidos en Asturias han llamado a aprovechar la ocasión para lograr la supresión del peaje, expectativa que ha sido desoída por el Ministerio de Transportes. Desde el departamento que rige Óscar Puente se anticipaba ayer que el proceso no ha terminado y que agotarán todas las vías para defender la situación actual. Eso sí, recordaban que la prórroga la acordó el PP, señaló que «por su culpa» estamos en la actual situación, y defendió que los Ejecutivos socialistas han venido mejorando las bonificaciones en la autopista.
Ante esa tesitura el presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha sumado al frente común pidiendo la eliminación del peaje. «Tenemos claro que si eso es ilegal tiene que desembocar en la eliminación del peaje», dijo. «Estamos a la espera de que se confirme porque es una oportunidad de oro, lo primero, para señalar la responsabilidad del Gobierno de José María Aznar que tenía a Francisco Álvarez-Cascos de ministro, y ver también si de una santa vez logramos que se elimine el peaje», indicó.
Sobre la posición del ministerio, se mostró comprensivo: «Todos los Gobiernos estamos atados por un principio de seguridad jurídica ante el cual, cualquier acuerdo anterior que pueda perjudicar a las arcas públicas, todos los gobiernos estamos obligados a defenderlo, es lo que le pasa al Gobierno de España, que aunque no esté de acuerdo debe defender por seguridad jurídica e impacto económico esos acuerdos». Barbón dijo que «todos los que sabemos de Derecho entendemos perfectamente que existe esa obligación de defensa de los actos de la administración» aunque pasen los gobiernos. Con todo, «eso lo debe justificar el ministerio», manifestó.
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