«Irregularidades» en ampliaciones de capital o facturas por más de 13 millones: así actuaba el asturiano Juan González Herrero

«El último informe de la UDEF es totalmente esclarecedor de cómo se llevaba el dinero calentito». Así lo afirma el abogado José Luis Ortiz, que representa a más de 500 afectados en la supuesta macroestafa de Herrero Brigantina, empresa que tenía su sede principal en Ponferrada. Hace referencia al presunto cabecilla de la trama y principal investigado en la causa que lleva el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, el asturiano Juan González Herrero.

Una causa a cuyas diligencias previas se ha incorporado ese informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que, como señala Ortiz, se explican los movimientos de dinero. «Hacía ampliaciones de capitales y luego vendía todas sus participaciones a la sociedad instrumental que tiene en Miami, Pembroke Capital», además de las facturas que el propio González Herrero pasaba a las empresas del grupo Herrero Brigantina por la realización de cursos que, según el documento al que ha tenido acceso Elbierzonoticias, superan los 13 millones de euros.

Todo ello ha sido posible gracias al análisis de los dispositivos informáticos de una de las personas investigadas, en los que había informes redactados por ella, que la UDEF considera relevantes para la investigación, y que hacían referencia a «irregularidades» en procesos como las distintas ampliaciones de capital, un total de cinco entre 2020 y 2021, así como la posterior compraventa de las acciones propiedad de González Herrero por parte de The Pembroke & Grosvenor Management, sociedad matriz de todas las sociedades del grupo y que, según la investigada, se usó para eliminar de los consejos de administración todas las empresas, a efectos legales, a Juan González.

Con dichas ampliaciones de capital se estableció en 2021 un capital social de 5.224.000 euros, del cual Juan González Herrero suscribía acciones correspondientes a 4,1 millones, el 80 por ciento del total. En ese mismo año se formaliza la compra de esas acciones por parte de Pembroke, la sociedad instalada en Miami, una venta que se califica como «no adaptada a la legalidad», ya que se formalizó en 2021 pero se elevó a público en 2023. En dicha empresa figuraba como «Miembro Autorizado».

Respecto a los diferentes consejos de administración, la investigada afirma que estos no tomaban las decisiones, que provenían de González Herrero, con órdenes directas de firmar los documentos «sí o sí», y que incluso se llegó a solicitar los sellos de todas las empresas que «nunca fueron devueltos».

En cuanto a las facturas sobre cursos y coaching que el principal cabecilla de la trama pasaba por los servicios prestados a las empresas del grupo, la investigada hace referencia a que el importe facturado entre 2019 y 2023 ascendería a más de 13 millones de euros, poniendo como ejemplo el año 2020, año de la pandemia, en el que el importe total de facturas emitidas es de 409.144,89 euros, mientras que el asturiano Juan González Herrero ingresó en su cuenta un total de al menos 3.606.661,89 euros. «Esto hace una diferencia de 3.197.517 euros cobrados por Juan González Herrero de NAIBC que no se corresponden con ninguna factura contabilizada en NAIBC», apunta el informe.

A ellos se sumaría, entre otros —rescates de pólizas o gastos privados endosados a las empresas—, 1,1 millones que se pagan de NAIBC a otra empresa del grupo en concepto de «endosos» y diversas «facturas» relacionadas con el principal investigado y que la Agencia Tributaria considera que dichos servicios «no son reales» y que se habrían hecho para justificar el traspaso de fondos de las empresas a sus cuentas personales.

«Es demoledor», insiste el abogado José Luis Ortiz, algo que ya consideraba anteriormente con el informe presentado por Hacienda, en el que decía que «ha dejado un pufo importante de millones de euros, tanto las sociedades como él como persona física», por lo que la Agencia Tributaria también se quería personar en la causa.

Ante esto, el letrado pidió, con el apoyo de las demás acusaciones particulares, la prisión preventiva para González Herrero y su mujer, Kelly Johana Galeano, algo a lo que la Fiscalía se ha opuesto. «Para mi sorpresa, como no es un caso político como pueden ser los temas candentes ahora, pues el fiscal se opuso y dijo que no ha lugar», lamenta. Por tanto, el juez Pedraz solo les mantiene como medida preventiva la retirada del pasaporte al no ver riesgo de fuga.

Pero Ortiz no las tiene todas consigo de que eso vaya a pasar. «Cualquier día este tío coge un jet privado de esos de alquiler sin pasaporte, se mete en un paraíso fiscal y allí se queda, como hay tantos. Si eso ocurre, pediré responsabilidad patrimonial a la Administración de Justicia por negligencia», concluye.

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