Cataluña sigue preparándose para gestionar el IRPF pese al rechazo de Asturias
El presidente de Canarias aplaude a los socialistas asturianos por «elevar la voz» y el Parlamento andaluz seguirá a la Junta y rechazará hoy el cupo
A pesar del rechazo que el acuerdo de «financiación singular» suscrito por los gobiernos central y catalán está suscitando en el resto del territorio, y ... a pesar de la declaración que en el mismo sentido aprobó la Junta General el lunes, la Generalitat sigue avanzando en sus planes. En la última reunión de su Consejo de Gobierno se aprobó la creación del comisionado y el Consejo Asesor para el despliegue de la Agencia Tributaria Catalana (ATC).
El pacto con el Ejecutivo central señala como meta que el año que viene la ATC se haga cargo de la gestión de la declaración del IRPF en la medida de lo posible. Eso implica expandir la plantilla y medios del departamento, un crecimiento para cuyo diseño el Ejecutivo que lidera Salvador Illa ha reclutado a Indra.
Recaudación inmediata del IRPF
«Hemos creado estos Comisionado y este Consejo Asesor para guiar, supervisar e impulsar el nuevo modelo fiscal», indicó la portavoz del Govern, Silvia Paneque. ERC por su parte tiene anunciado que antes de que termine julio registrará en el Congreso una proposición de ley para que la Generalitat pueda recaudar el IRPF de manera inmediata. Al respecto el Ejecutivo del PSC entiende que los republicanos «quieran ir más rápido», pero pide paciencia dada la «complejidad» del asunto. Con medidas como las recién aprobadas, justificó Paneque, se va «paso a paso».
En Canarias el presidente Fernando Clavijo –de Coalición Canaria– ha llamado en su territorio a forjar un pacto contra la «financiación singular». Clavijo elogió la «valentía» de los socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha por «elevar la voz».
En Andalucía la consejera de Hacienda, Carolina España, previno en su parlamento contra las consecuencias del pacto. «Los socialistas serios no defienden el cupo independentista», dijo. Hoy la cámara votará una iniciativa de los populares instando a su Gobierno a preparar un recurso de inconstitucionalidad contra la «financiación singular» y exigir al Ejecutivo central que «ponga fin» a los acuerdos bilaterales, siguiendo así los pasos de la Junta General y del parlamento de Castilla-La Mancha, las dos cámaras autonómicas que ya han rechazado formalmente las nuevas condiciones para Cataluña.
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