Chamorro pide una FP específica para el personal de la Administración de Justicia
El nuevo presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Lorenzo, critica la 'ley Bolaños' y pide más personal: «No podemos seguir exprimiéndonos»
Antonio Lorenzo Álvarez es ya oficialmente presidente de la Audiencia Provincial, tras un acto solemne pero por momentos emotivo e incluso con algún paréntesis ... en el protocolo siempre estricto del ámbito judicial, en el que también tomó posesión Alejandro Cabaleiro como nuevo magistrado e integrante de la Sala Civil y Penal por el turno autonómico y Marta Huerta hizo lo propio como miembro electo de la Sala de Gobierno del TSJA. Un solemne acto en el que el presidente del tribunal, Jesús María Chamorro aprovechó para lanzar unas cuantas peticiones, ante una sala llena de autoridades. La más novedosa, una Formación Profesional específica para los funcionarios de la Administración de Justicia: «Necesitamos una plantilla estable y adecuadamente formada», dijo, en cuestiones como «nuevas tecnologías y conocimientos jurídicos imprescindibles», por lo que propone que haya estudios oficiales y que los aspirantes se formen en centros homologados.
Las demandas de Chamorro pasan también por poder contar con una «plantilla estable» y suficiente, con «diálogo» con el Gobierno para las nuevas fases de implementación de los juzgados de Instrucción y sobre la 'comarcalización' de los juzgados de violencia de género. Además, anunció el presidente dos novedades. Por un lado, que Asturias ha sido elegida para la puesta en marcha de un plan piloto de digitalización y que la comunidad acogerá también un Foro de Excelencia Jurídica sobre protección de datos.
También lleno de reflexiones significativas ha estado el discurso del nuevo presidente de la Audiencia Provincial. Antonio Lorenzo ha hecho una alusión clara a la 'ley Bolaños', mostrándose totalmente en contra, al recordar su propio acceso a la carrera judicial con un sistema basado en los principios de «mérito, capacidad e igualdad, que garantiza, a diferencia de otros que se quieren instaurar por la puerta de atrás, la independencia judicial, pilar fundamental del Estado de Derecho».
El presidente de la Audiencia ha pedido a las autoridades que «escuchen» a quienes conocen la realidad de la Administración de Justicia, «no podemos ser invitados de piedra», dijo, en cuestiones como la nueva organización de los juzgados de Instrucción. Pidió inversión y mejores medios materiales, además personal. Ha especificado la necesidad de una plaza para la sección primera (Mercantil), dos plazas para la tercera (Violencia de Género) y otra más para séptima (Civil). «No podemos seguir exprimiéndonos más, renunciando a parte de nuestra vida personal para mantener unos estándares óptimos», ha lamentado, ante «el aumento de la carga de trabajo».
Lorenzo ha abogado por una justicia «más cercana a los desfavorecidos, a los jóvenes y a las personas con discapacidad» y ha aplaudido la decisión de ubicar en Asturias de un centro Bauhaus para la atención a niños, ante «el aumento de los delitos sexuales contra menores de edad». Ha mencionado también el esfuerzo contrala violencia de género y ha advertido de que «una justicia lenta victimiza aún más» a quienes ya son víctimas.
Ha sido el nuevo presidente generoso en agradecimientos, recordando a quienes han tejido a lo largo de su carrera profesional una red de compañeros y amigos. Y ha hecho una excepción al protocolo cuando ha pedido permiso para dar un gran abrazo a su «tutor, padrino y amigo», José Antonio Soto-Jove.
Por su parte, Alejandro Cabaleiro, que deja su labor en la Fiscalía Especial contra la Corrupción, se ha mostrado «ilusionado» por su nueva labor en la Sala de lo Civil y lo Penal, donde «era necesario que se nombrara un nuevo magistrado». De su etapa anterior ha preferido no mencionar ninguna causa en concreto, pero sí ha asegurado que deja «casi todo el trabajo hecho». Ha defendido también la independencia judicial y de la Fiscalía y se ha mostrado a favor de mantener el actual sistema de acceso a la carrera judicial, frente a los cambios que plantea la 'ley Bolaños'.
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