Okupas en el viejo cuartel de Langreo

El viejo cuartel de la Guardia Civil de Langreo se ha convertido en un polo de atracción para los okupas desde hace unas semanas, según ha podido saber este periódico. Varias personas han entrado en las antiguas dependencias del acuartelamiento, cerradas desde marzo, aunque no han logrado su propósito de quedarse en ellas a vivir, ya que la Policía las ha desalojado nada más conocer el asalto. El suceso no deja de ser sorprendente, ya que hay ventanas tapiadas desde que los agentes se mudaron al nuevo para, precisamente, evitar que extraños entren en el viejo cuartel.

Ahora bien, que el edificio esté deshabitado no solo es una tentación para los jóvenes que buscan locales vacíos para vivir. También lo es para los ladrones. Hay constancia de que han accedido a las instalaciones con la intención de sustraer piezas de valor para poder venderlas después.

Usuarios del centro deportivo Juan Carlos Beiro, situado en la parte trasera del cuartel, apuntan que han visto a jóvenes haciéndose fotos en el patio del acuartelamiento, aunque, según estas fuentes, «están poco tiempo. Entran y salen saltando. Otros lo intentan, pero al final no lo consiguen».

Además de un delito, supone un peligro real de sufrir algún accidente, ya que, como se viene recordando, las instalaciones están muy deterioradas. Hasta tal punto, que el Ayuntamiento lleva tiempo intentando declararlo en ruina por los riegos que entraña: derrumbes, caídas de cascotes, rotura de canalones... De hecho, como afirmó la alcaldesa, María Fernández, el domingo, durante la fiesta del Pilar, trabaja «a diario» para ello, y está buscando qué fórmulas jurídicas se pueden aplicar. Mientras tanto, se han extremado las medidas de protección, con una malla que cubre la fachada y el tapiado de ventanas. Pero no parecen suficientes.

Estos actos delictivos apuntalan la petición municipal de que la antigua casa cuartel langreana se derribada en el menor tiempo posible. Supondría desembolsar 200.000 euros, un coste que nadie está dispuesto a asumir, por lo que muchos temen que «terminará cayendo».

Por tanto, no hay nada definitivo sobre su posible derribo. El convenio que posibilitó la construcción del nuevo acuartelamiento no recoge explícitamente la demolición del viejo. La Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa) sería la propietaria final de estos terrenos, pero asegura que en la actualidad no está en condiciones de acometer el derribo. Máxime cuando no hay un papel que le obligue a ello, ya que pensaba que recibiría un cuartel viejo, pero no es estado de ruina. Su actual propietario, el Ministerio del Interior, no muestra disposición para acometer los trabajos. Incluso, su titular, Jorge Fernández, apuntaba la posibilidad de acudir a los tribunales para ver a quién le correspondería sufragar los gastos del derribo.