El Principado cuenta con 48 pisos sin adjudicar «por falta de demanda» en San Martín
El concejo tiene libres 21 viviendas en alquiler que gestiona Vipasa y otros 27 pisos sociales dependientes de la consejería
MARTA VARELA
BLIMEA.
Viernes, 19 de noviembre 2021, 01:43
El municipio de San Martín del Rey Aurelio dispone de 48 viviendas, propiedad del Gobierno regional, sin adjudicar desde hace años. Las primeras 21 son titularidad de Vipasa, se ubican en Blimea y corresponden a una actuación de 43 pisos en alquiler; las otras 27 son viviendas sociales del Principado y desde la Junta indicaron que «no hay demanda» para las dos opciones.
Una problemática sobre la que el pleno municipal deberá tomar una decisión, ya que desde IU entienden que «solo cabe articular medidas correctoras, rectificando una gestión pasiva y dejada, tanto en el ámbito municipal como en el autonómico», por lo que «desde la responsabilidad» han registrado una moción plenaria en la que solicitan que se analice la situación administrativa de las solicitudes para el acceso a vivienda social o por emergencia existentes sin tramitar en el Ayuntamiento. Dicen que «se acumulan retrasos injustificados en una materia tan importante como el acceso a la vivienda».
Además piden «instar con urgencia a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para agilizar los trámites y las reparaciones necesarias» para que las viviendas sociales y de emergencia social pertenecientes a la consejería puedan ponerse a disposición de las familias inscritas en el registro municipal como demandantes y que reúnan los requisitos, en el menor plazo de tiempo posible». Así mismo ven necesaria una reunión con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar Social al objeto de cambiar la actual situación, urgiendo el compromiso para que las viviendas de la zona del Centro del Consumidor en Blimea se reactiven con una revisión del precio de los alquileres, a día de hoy entre 200 y 250 euros, «haciéndolas competitivas y atractivas para posibles interesados que se ven frenados por unos precios muy por encima del mercado». Y recuerdan que estas viviendas en su origen formaban parte de un Plan de Vivienda Joven que «lamentablemente nunca llegó a concretarse».
La construcción del edificio, de cinco plantas y bajo cubierta, fue adjudicada en febrero de 2010 con un plazo de ejecución de 18 meses y un presupuesto de 2,3 millones de euros. Las viviendas, financiadas con fondos mineros, se concibieron para ser destinadas a la venta preferentemente a jóvenes, aunque posteriormente se decidió que si no hubiese suficiente demanda se ampliaría a otros colectivos. Superaron varios problemas; entre 2011 y 2012 la obra permaneció paralizada trece meses por la falta de acuerdo entre la Administración regional y el Ayuntamiento samartiniego, sobre quién debería hacerse cargo de la ejecución de las aceras. Puestas a la venta, la Dirección General de Vivienda recibía un total de siete solicitudes para las 43 viviendas. La superficie de estos pisos oscila entre los 55 y los 76 metros cuadrados y cuentan con uno, dos o tres dormitorios. Los más accesibles cuestan 50.641 euros y los más caros, 117.564. Los retrasos acumulados y los precios terminaron con la retirada de las mismas. Finalmente se cambió a viviendas de alquiler, que tampoco fructificaron.
