Los sindicatos de la Educación llaman a la huelga contra la anulación de la jornada reducida

Las primeras en salir a la calle van a ser la educadoras del ciclo de 0 a 3 años. UGT, CC OO y CSIF anunciaron la primera de las movilizaciones: el jueves 15 de mayo, habrá una concentración a las 18 horas en la Plaza de España de Oviedo, bajo el lema 'Escuelas infantiles, integración sí, pero no así'. No será la única. De hecho, cuando se pregunta a los portavoces sindicales si habrá huelga, la respuesta es contundente: «Parece ineludible». Un año después de la exitosa huelga que las educadoras protagonizaron en junio del año pasado, el colectivo vuelve a las andadas por considerar que no se ha avanzado absolutamente nada en dos cuestiones primordiales.

Por un lado, en la integración de las aproximadamente 800 trabajadoras de los centros que conformarán la red de les Escuelines, especialmente en el centenar que no fueron estabilizadas en su momento por la negativa de sus ayuntamientos. «Esto no va a salir bien si se hace a costa de las trabajadoras», han dicho los sindicatos, que acusan al Principado de cometer «fraude» con ellas.

La ley de creación de la red de escuelas infantiles recogía los plazos en los que esta y otras cuestiones debían ser abordados. Pero esos plazos, dicen, no se están cumpliendo. Hace solo unos días tuvo lugar una reunión con los responsables de Función Pública, que es de quien depende el proceso de integración del personal.

Pero, además de la cuestión laboral, dicen los sindicatos que tampoco se ha avanzado nada en las medidas necesarias para darle al ciclo 0 a 3 el carácter educativo que se reclamó y que se incluyó en la ley. Cuestiones como la implantación de la pareja educativa, la bajada de la ratio o facilitar tiempo de trabajo fuera del aula para las educadoras. «Hay muy buenas intenciones pero hechos concretos, ninguno», lamentan.

Por su parte, el Principado se mostró «sorprendido» por la reacción sindical. La directora general de la Red 0 a 3, Cristina Blanco, aseguró que ha habido por el momento dos reuniones de trabajo y que la Administración se está «dejando la piel» por la puesta en marcha de la red. Hasta ahora, Blanco se ha reunido con 47 municipios que están presentando ya toda la documentación necesaria para la integración. El portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, defendió que «se respetarán los derechos laborales de las personas».

Pero las movilizaciones del 0 a 3 no parece que vayan a ser las únicas en este final de curso. La decisión de la Consejería de Educación de eliminar la jornada reducida que los colegios suelen aplicar en los meses de junio y septiembre (decisión relacionada con la extensión del servicio de comedor escolar a junio y septiembre en los centros que no contaban con él y cuya gestión depende de Educación) ha provocado un profundo malestar en los sindicatos. De forma unánime, algo que no suele darse con frecuencia, han dicho 'no' a esa medida y han amenazado con ir a la huelga.

El lunes por la mañana estaban a la espera de que Educación rectificase su posición y pese a que algunos representantes sindicales se habían mostrado muy claros durante el fin de semana, llamando directamente a la huelga, ayer preferían ser prudentes mientras hubiera una posibilidad de rectificación. Pero la realidad es que no la había. Y quedó muy claro tras la reunión que Lydia Espina y parte de su equipo mantuvieron con representantes de la Junta de Personal Docente. La resolución sobre el calendario escolar del próximo año ya estaba publicada y Lydia Espina había defendido con contundencia su postura en la entrevista publicada el fin de semana en EL COMERCIO: todos los colegios deben mantener, durante todo el curso, las cinco horas lectivas.

A la salida de la reunión, Espina volvió a defender la decisión: es la única solución para que haya comedor escolar en todos los centros públicos. Y la prioridad es atender una demanda que las familias llevan pidiendo más de 30 años. La medida implica que ningún centro público pueda acabar a la una de la tarde y eso implica que los concertados con jornada partida la mayor parte del curso, no puedan aplicar una reducción que supone que no haya clases por la tarde en junio y septiembre. Los sindicatos han afeado que no se haya negociado con ellos, algo que la consejera no considera necesario porque «no afecta en absoluto a la jornda laboral» de los docentes, solo al horario de los niños.

Sí admite la consejera que no podrán dedicar ese tiempo a evaluaciones o tareas administrativas, pero no ve mayor problema, teniendo en cuenta que disponen de otras horas, dice, para esas tareas.

El malestar no es solo sindical. Docentes y directores han mostrado su desacuerdo. Los hay que, incluso, han compartido un escrito con las familias de sus aulas para hacerles partícipes de la situación porque «estas decisiones, aunque pueden parecer administrativas o técnicas, tendrán un impacto real en la educación que reciben vuestros hijos e hijas durante los próximos años».

Directores de la pública lamentan también la retirada de la jornada reducida, porque «en esas horas nosotros estamos con las evaluaciones. Vamos a tener que empezar a evaluar el 1 de junio para acabar. Es increíble que se pueda mentir tanto», critica la directora de un centro público asturiano. Unos y otros lamentan que la consejera «tome las decisiones sin hablar con nadie y sin razones pedagógicas que lo justifiquen. Así no se puede trabajar».

Llegados a este punto, la convocatoria de huelga parece inminente. CCOO y CSIF se adelantaron el lunes, instando al resto de fuerzas sindicales a convocar una huelga para «lograr mejoras en el salario y las condiciones laborales de los docentes». Considera CSIF la decisión «un atropello, el último de una lista inasumible e interminable», mientras que CCOO anotó que «esta decisión se ha tomado de forma unilateral, sin diálogo ni negociación con las organizaciones sindicales». Lo mismo en SUATEA, que ya celebró una reunión con los afiliados y llama a la huelga por lo que considera «un ataque frontal a la representación legal del profesorado asturiano». Se espera que durante el martes los sindicatos docentes aprueben el calendario de movilizaciones conjuntas, en particular UGT y ANPE, el sindicato mayoritario de la enseñanza.

«Claro que no va de redes, no. ¡Quién podría pensar eso!» Es la respuesta irónica que Escuelas Católicas da a las declaraciones que hacía el fin de semana Lydia Espina en EL COMERCIO. La consejera defendía su decisión de limitar el uso de dispositivos digitales en las aulas, una decisión que ha sentado mal en algunos sectores de la pública pero, sobre todo, en la concertada, cuyo proyecto pasa desde hace años por el uso individual de dichos dispositivos.

«¿Quién podría pensar que va de redes? Por eso, representando el 30% del alumnado no universitario la consejera dice que se ha gastado 1,3 millones en medios digitales en la concertada, mientras que ha destinado casi 40 a la red pública», contestan desde Escuelas Católicas. Espina asegura que algunos centros concertados rechazaron las ayudas para la compra de dispositivos para no hacerse cargo del mantenimiento. «Alude a que tenemos los gastos de mantenimiento y funcionamiento para realizar las instalaciones digitales y adquirir dispositivos de uso colectivo por el alunado. Ella sabe perfectamente, y así se lo hemos demostrado con números, la insuficiencia de esa partida presupuestaria. Tal es así que en otras comunidades la mejoran, porque el mínimo económico lo fija con carácter estatal la ley de presupuestos del Estado. En Asturias no se ha mejorado ni se espera esa mejora».

Por su parte, directores de la pública se preguntan cómo «casa la decisión sobre los dispositivos con que las pruebas de la evaluación de diagnóstico vengan en formato digital y nos digan que el alumnado de cuarto de Primaria tiene que saber entrar con sus credenciales, abrir imágenes, pestañas...» Lamentan algunos directores que «después de todo lo que aguantamos, diciendo que los docentes no estábamos formados y no queríamos incorporarlo, ahora que ya todos trabajamos en los planes de digitalización, nos dicen que nos pasamos y que para atrás». La concertada asegura que esta decisión atenta contra la autonomía pedagógica de los centros.