Escuelas Católicas, sobre la reducción de dispositivos electrónicos en las aulas: «Se darán cuenta del error que cometen»

«Se trata de medidas restrictivas e involutivas. Con esta decisión retrocedemos varios años e impedimos que el alumnado esté preparado para el tiempo y la sociedad en la que ya estamos», dice Escuelas Católicas sobre una regulación que prohíbe la presencia de dispositivos en la primera etapa de Infantil; que solo permitirá actividades grupales en la segunda etapa de ese ciclo y que cambia bastante las cosas en Primaria respecto a lo que se está haciendo. Las pantallas pasan a ser algo «complementario», que la consejera ha llegado a comparar con una calculadora o con el diccionario.

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«Esta normativa vulnera el principio de autonomía pedagógica de los centros que reconoce la ley. ¿Para qué está esta autonomía, para decidir la editorial de los libros de textos? ¿Para que el profesor decida en qué momento introduce en el aula los carros con los dispositivos para un trabajo puntual desconectado del proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Educar de forma responsable, crítica, segura y con fundamento pedagógico es usar un dispositivo como un diccionario o un compás? ¿En eso consiste la competencia digital del alumnado? ¿Para qué el esfuerzo de centros y docentes en formarse y adquirir una competencia digital certificada?» Son las preguntas que lanzan al aire los responsables de Escuelas Católicas.

No ha sentado bien en la institución la respuesta que da Lydia Espina a la pregunta que se hacen las familias sobre qué hacen ahora con los dispositivos que ya tienen comprados (algunos, en este mismo curso). La consejera aseguró, en la entrevista concedida a EL COMERCIO el domingo, que son los centros y los docentes los que deben dar una respuesta a los padres. «Somos los centros los que tenemos que dar explicaciones a los padres sobre qué hacer ahora con los dispositivos cuando lo que cada colegio lleva adelante dentro de su plan digital de centro se hizo legalmente de acuerdo a lo que establecía la normativa en el momento en que se hizo e incluso siguiendo las indicaciones que el Servicio de Inspección enviaba a mayores en determinados casos cuando había quejas de algún padre. Por cierto, una minoría muy minoritaria».

El conflicto por los dispositivos digitales saca a relucir, además, otros viejos conflictos entre Administración y red concertada. Como la «insuficiencia» de las partidas para mantenimiento y funcionamiento, unos módulos que la concertada ha reclamado actualizar en numerosas ocasiones. O diferencias con la red pública para cuestiones como la función directiva: «Como esto no va de redes lógicamente sólo tenemos 4 horas por centro (independientemente del número de alumnos) para el ejercicio de la función directiva, nuestros profesores dan 25 horas de clase (en la pública 23 en EI y EP, y 18 en ESO y Bachillerato) y son los peor pagados de toda España. La ratio de profesorado por alumnado es mucho mayor en los públicos que en los concertados«. »O por eso tampoco quieren oír hablar de ayudas o subvenciones a la implantación de primeros ciclos de Infantil (0-3) en los centros concertados«, recuerdan ahora los responsables de los centros.

Son muchos los frentes abiertos también entre la Consejería de Educación y la enseñanza concertada, que coincide con la pública en una cosa: «Hay muy buenas palabras pero ningún hecho».