Educación, incendios y rebajas fiscales del Principado: los retos del presupuesto de 2026

Las consejerías trabajan ya en la elaboración de sus cuentas, condicionadas en gran medida por los compromisos adquiridos por el Ejecutivo regional, especialmente en materia de educación y, en el mes de agosto, en plena ola de incendios forestales, también en prevención y servicios de emergencia.

Unas inversiones que deberán encajarse en un presupuesto en el que se prevé un incremento de los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica, pero en el que también se notará la merma de fondos del Plan de Recuperación, así como el impacto en la recaudación por las rebajas fiscales. No obstante, el Gobierno regional espera compensar la caída de ingresos por estas últimas con la previsión de crecimiento económico del próximo ejercicio.

El Principado estará condicionado, como cada año, por las reglas fiscales, pero en esta ocasión se examina con lupa cada gasto tras el incumplimiento de la regla de gasto en 2024, y que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) considera en riesgo también para 2025 y 2026. Esta regla podría incluso limitar el uso de una hipotética quita de deuda aprobada por el Consejo de Ministros, pero pendiente aún de una complicada tramitación parlamentaria.

Un cóctel de condicionantes al que se suma que el Ejecutivo autonómico no cuenta con mayoría suficiente en la Cámara asturiana para sacar adelante las cuentas, y que el reciente pacto de Foro con el PP limita la negociación a la exdiputada de Podemos, ahora líder de Somos, Covadonga Tomé.

La elaboración de las cuentas de 2026 parte con una previsión de un incremento de los recursos procedentes del sistema de financiación, principal línea de ingreso de las Administraciones autonómicas. Y es que el Ministerio de Hacienda ya ha comunicado al Principado que en 2026 contará con las mayores entregas a cuenta de su historia, un 5,6% más respecto a lo percibido este año. Recibirá 3.965 millones de euros, a lo que habría que sumar la previsión de liquidación de 2024, que en este caso se sitúa en 238 millones, lo que suma 4.173 millones: 208 millones más que en el presente ejercicio. Ese incremento espera poder compensar parcialmente la merma de fondos procedentes del Plan de Recuperación, que debe quedar liquidado a más tardar el 30 de junio de 2026.

La reforma del IRPF que el Gobierno del Principado espera poder aprobar en la Junta General este año para que pueda aplicarse a la próxima Declaración de la Renta supondrá una merma en la recaudación estimada en unos 38 millones de euros, que se eleva a 110 si se tienen en cuenta las deducciones fiscales que ya existen. El Ejecutivo regional, no obstante, confía en poder amortiguar las consecuencias de estas rebajas con el incremento de ingresos previsto por el crecimiento económico.

La crisis educativa que se vivió en Asturias este año, en la recta final del curso escolar, y que provocó la dimisión de la hasta entonces consejera de Educación, Lydia Espina, hizo que el Gobierno regional suscribiera con los sindicatos un gran pacto 'Asturias Educa' que incluye desde el incremento de la plantilla hasta mejoras retributivas, y que se cuantificó en 45 millones. No obstante, el último informe de la Airef sobre el plan de ajuste presentado por el Gobierno regional este verano eleva las medidas previstas en el ámbito educativo comprometidas para el ejercicio 2026 en cien millones de euros. Una cifra a la que habrá que sumar el incremento en los fondos reservados a prevención de incendios –que este año sumaron 95 millones, cifra récord– y a la mejora de los servicios de emergencia. Ambas medidas anunciadas en plena ola de incendios, aunque sin cuantificar.

El Gobierno del Principado debe cuadrar el presupuesto cumpliendo las reglas fiscales y no será fácil. La Airef sostiene que «se mantiene el riesgo» de incumplimiento de la regla de gasto, ya que las medidas propuestas por el Gobierno autonómico en su plan de ajuste son «insuficientes» para corregir el desvío. La aplicación de esta norma podría impedir al Gobierno regional utilizar recursos disponibles e incluso limitar el uso de los 30 millones anuales de ahorro en intereses que supondría para Asturias la aprobación de la polémica quita de deuda, que en cualquier caso dotaría a la Administración de mayor solvencia financiera al ver reducida un 36 % su deuda.

El pacto parlamentario sellado por PP y Foro en marzo de 2025 cambia de forma evidente las reglas de juego que hasta ahora se habían visto en las negociaciones presupuestarias de esta legislatura, con un Gobierno autonómico sustentado por 22 diputados que únicamente necesitaba un voto más para sacar adelante las cuentas y que jugaba a dos bandas con Foro y Covadonga Tomé. El diputado forista Adrián Pumares deja de ser un comodín para el Gobierno regional, condicionado ahora por las exigencias de Covadonga Tomé