Gobierno y Principado de Asturias siguen sin crear el grupo de control de inversiones estatales anunciado en 2022
Adrián Barbón calificó de «hito histórico» y prueba de «la importancia de Asturias» la constitución de un foro en el que los ministerios debían detallar la situación de sus obras
¿Cuánto invierte el Estado en Asturias? Hasta junio de 2022 la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) publicaba en su web ... cada semestre un informe desvelando cuál era la inyección real de cada ministerio, organismo autónomo y empresa pública estatal en cada comunidad. Desde esa fecha el departamento que rige María Jesús Montero dejó de divulgar ese trabajo. El Gobierno del Principado, la Junta General y diversos representantes de la sociedad civil reclamaron mantener abierto al público esa serie estadística, técnica y homogénea, pero Hacienda hace caso omiso. Considera que cumple con sus obligaciones remitiendo esos informes solo a la Oficina Presupuestaria de las Cortes, dejándolo a disposición de los diputados.
Los últimos informes que se hicieron públicos causaron revuelta sobre todo en Asturias y Cataluña, al saberse que la inversión realmente materializada estaba quedando muy lejos de la que prometen los presupuestos. El de 2021 habían llegado el 40,51% de los fondos consignados. En junio de 2022 el presidente del Principado, Adrián Barbón, emprendió un «maratón» ministerial para pedir explicaciones por esa baja ejecución. Tras entrevistarse con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, su Ejecutivo emitió un comunicado asegurando que había logrado «el compromiso del Gobierno central de crear una comisión bilateral para evaluar la ejecución de las inversiones en Asturias». El presidente lo definió como un «hito histórico», un «paso adelante en cuanto al reconocimiento de la importancia de Asturias; parece a veces que con unas comunidad sí y con otras no, bueno, pues con Asturias también va a existir ese encuentro bilateral».
El 20 de octubre de 2022 el tema parecía cobrar forma. Ese día se reunió la Comisión Bilateral Estado-Principado, cita tras la cual las partes anunciaron la creación de dos grupos de trabajo específicos, uno centrado en las grandes obras estatales en Asturias, el segundo en el «seguimiento presupuestario de las actuaciones, inversiones, planes y programas territorializados».
«Se sometía a la voluntad»
Dos años y medio, nada de ello existe. Lo reconoce el Gobierno central en una reciente respuesta a los senadores asturianos del PP. En ella matiza que el acuerdo suscrito en octubre de 2022 entre ambas administraciones expone, textualmente, que ambas «manifiestan su voluntad de crear dos grupos de trabajo». «Atendiendo al tenor literal del mencionado apartado, la creación de sendos Grupos de Trabajo no se configuró como preceptiva ni emanada directamente de dicha declaración, sino que se sometía a la voluntad conjunta de ambas administraciones», argumenta la respuesta. La contestación está fechada el 5 de mayo y hasta ese momento el Gobierno central dice no tener constancia «de la creación de ninguno de los grupos».
Siguiendo la lógica de la respuesta, cabría deducir que ha faltado esa «voluntad conjunta» para materializar aquel anuncio, aunque quizás más por una de las partes. El pasado noviembre, cuando este periódico preguntó por el asunto, el Principado aseguró que «las elecciones autonómicas de mayo de 2023 y las nacionales de julio han postergado la creación de esos dos grupos, pero está previsto que se constituyan el próximo enero». Tampoco esa expectativa fue la buena.
El tiempo pasa sin que el Gobierno autonómico logre ese foro estable y reglado con el Ejecutivo central en el que confiaba se le iba informar de la situación de cada obra y proyecto. El equipo del consejero Alejandro Calvo, que lleva el área de transportes desde 2020, intentó lograr el mismo objetivo por una vía distinta; propuso refundar la Alianza de las Infraestructuras fijando que cada año habría una reunión tras el primer cuatrimestre, «una vez conocidos los datos de ejecución» presupuestaria. Su objetivo inicial era que a esa reunión asista el secretario de Estado, idea que recibió con extrañeza en el Ministerio de Transportes.
A falta del grupo de trabajo anunciado, saber qué anda haciendo cada departamento estatal en Asturias queda a merced de la habilidad de cada consejero para entenderse con el ministerio de su ramo y la voluntad política de éste para rendir cuentas. Es una labor de fontanería en la que está abriendo más de una puerta la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y en la que se viene fajando el propio Calvo.
El Gobierno regional desoye la petición de asumir la gestión de la sanidad en la cárcel
Otro compromiso de la Comisión Bilateral celebrada en octubre de 2022 fue la «apertura oficial de las negociaciones» para que el Principado asuma la competencia sobre los ríos asturianos. Es una posibilidad recogida en el estatuto de autonomía. El año anterior el entonces vicepresidente Juan Cofiño anunció su voluntad de avanzar, apremiándole entonces el líder de IU, Ovidio Zapico, a no dejar pasar la oportunidad y poner fin a «una anomalía que dura ya 40 años». Según los registros del Ministerio de Política Territorial, se celebró una comisión mixta en 2022 y ninguna más. En una respuesta a los senadores asturianos del PP, el Gobierno central concreta que la petición asturiana es sobre los recursos y aprovechamientos hidráulicos y «está siendo objeto de valoración». En la contestación también se revela que en octubre de 2007 el Gobierno central «invitó» al Principado a iniciar una negociación bilateral para traspasarle la gestión de la asistencia sanitaria en la cárcel de Asturias, «sin que se haya recibido respuesta a la citada invitación». En julio de 2024 el Ejecutivo central volvió a ofrecer el inicio de esas negociaciones, sin lograrlo. Ambas administraciones llevan 105 traspasos acordados, lo que sitúa a Asturias como la sexta que menos competencias incorporó. La última se acordó en 2010. Solo Murcia lleva más tiempo sin ampliar su capacidad de autogobierno, si bien en su caso tiene ya 111 traspasos cerrados. Galicia, que llevaba desde 2008 sin ampliar su casillero, logró que ayer el Consejo de Ministros aprobara cederle las competencias sobre el litoral.
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