IU de Asturias marca posición ante la FSA: no tolerará que la política ambiental quede «sometida» a la industria

La resolución, aprobada por «unanimidad» de la Comisión Colegiada de IU, recuerda que el presidente del Principado, Adrián Barbón, hizo público el cambio de consejera el jueves pasado, «sin comunicación previa alguna». IU «no ha participado» de una decisión que, asumen, es competencia exclusiva del jefe del Ejecutivo. Sin embargo, recalcan que «todas las decisiones sobre los cambios en el gobierno tienen un impacto en la marcha» del mismo.

IU sostiene que su inquietud «no es sobre los nombres, sino sobre las políticas». Desde el inicio de la legislatura ha tenido en Roqueñí su principal antagonista y la valoración que la formación tiene de la actual directora general de Energía y Minas no es mejor. La entiende una persona demasiado afín a los grandes proyectos empresariales que tratan de combatir o limitar desde las competencias que ejercen en Ordenación del Territorio.

El principal temor de la coalición es que en adelante Díaz aproveche la nueva Ley de Proyectos Estratégicos para dar facilidades a la implantación de Costco en Siero, la apertura de la mina de oro de Salave y el desarrollo de grandes parques de baterías o instalaciones eólicas. Para espantar ese fantasma, el partido que lidera Zapico aspira a acordar con el socio mayoritario cómo será la aplicación de dicha norma, así como el desarrollo reglamentario de la Ley de Calidad Ambiental, que estaba muy avanzado con el equipo de Roqueñí.

A estos efectos, IU establece que se relaciona «directamente» con la FSA-PSOE, y que «no va a renegociar con la Consejería de Industria ninguno de sus objetivos políticos (...) ni va a entrar en una discusión diaria con esa consejería sobre la necesidad de respetar los principios de desarrollo sostenible». Se trata, por tanto, de obtener del socio mayoritario garantías de que Díaz se ajustará a lo pactado entre los dos partidos. «Este cambio en la consejería de Industria no puede poner en cuestión los acuerdos alcanzados con la FSA-PSOE», reivindica. «No puede haber una reversión o debilitamiento de estos objetivos políticos con los que entramos al gobierno», previene.

A juicio del partido de Zapico, «la prioridad del Gobierno es la protección de los principios de desarrollo sostenible» y «los grupos empresariales no tienen prevalencia sobre ningún sector ciudadano o movimiento social». Bajo esas coordenadas, es «inexcusable» que las áreas ambiental e industrial que Belarmina Díaz tendrá a su cargo se coordinen «con nuestra consejería».

«IU cree que el gobierno no puede situar el área ambiental políticamente sometida a los criterios de las políticas industriales, y mucho menos bajo intereses privados», dice, considerando que es necesario hacerlo.

Dentro del Gobierno, Zapico es un consejero más, una voz en un Ejecutivo donde los socialistas ocupan once asientos. Para reequilibrar la relación IU apela a otro marco, el de la relación entre partidos. A su entender, «se hace indispensable en esta segunda fase de la legislatura reforzar la coordinación política entre la FSA-PSOE e IU-Convocatoria como estructuras políticas que generan, impulsan y dirigen los acuerdos institucionales».

Hay por tanto recelo, temor y suspicacias entre los socios, pero también mucho de estrategia e interés de fijar posición, siempre dentro de un Ejecutivo que ambas partes dicen querer preservar. La cuestión es acotar los sacrificios que para ello está dispuesto a hacer cada parte.