Jesús María Chamorro

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias

«Si la reunificación en Llamaquique se va a demorar, pedimos una alternativa»

–¿Satisfecho con la elección?

–Estoy muy contento porque había plazas que llevaban mucho tiempo sin cubrir. Había buenos candidatos y quiero resaltar y destacar la excelencia de todos ellos, todos muy cualificados y con buenas trayectorias. Los elegidos son buenos, ni más ni menos que los que no fueron elegidos, pero estoy muy satisfecho de que por fin tengamos cubiertas estas plazas.

–El Consejo del Poder Judicial ha pedido «responsabilidad institucional» a los políticos ante las cada vez más frecuentes críticas a jueces. ¿Nota ahora más presión política?

–Los jueces deciden sobre la vida, sobre la hacienda, sobre los derechos de los demás y eso es complicado. Llevo 26 años en la carrera judicial y la presión política y mediática la he vivido prácticamente desde que empecé. Ahora vivimos tiempos complicados y los jueces siempre estamos en el centro del huracán. No es bueno para la sociedad democrática que se desconfíe de los jueces y para ello lo primero es el respeto institucional por parte de los otros poderes hacia el ejercicio de los demás.

–¿Corren los jueces el riesgo de caer en el descrédito que ya sufre la clase política?

–La sociedad tiene gran confianza en sus jueces y posiblemente esta confianza sea mayor por parte de aquellos que han sido usuarios de la justicia. Si no, no se explica que haya tantos miles de pleitos, y tantos miles de ciudadanos que acuden a los tribunales un día sí y otro también.

–¿Se abusa de los procesos judiciales? ¿Debería intentarse antes resolver los conflictos por otros medios?

–Los medios alternativos de resolución de conflictos, el arbitraje, la mediación, etcétera no acaban de dar el resultado que se espera que den porque la ciudadanía siempre cree que la respuesta judicial es la más neutral, más imparcial y más independiente. Pero sí habría que racionalizar el acceso a la justicia y una de las maneras es acudir a estos medios alternativos de resolución de conflictos que ahora son perceptivos en orden civil y mercantil, y que yo espero que se conviertan realmente en una alternativa para evitar pleitos menores.

–La pandemia y la sucesión de huelgas habían tensionado mucho la justicia asturiana. ¿En qué situación está ahora?

–Hemos retomado el nivel de resolución que teníamos antes de la pandemia, incluso antes de los conflictos que, efectivamente, sufrió la justicia. Se ha incrementado la litigiosidad, se han atendido 164.000 asuntos y hemos dictado un 44% más de sentencias que el año anterior y, por tanto, estamos en unos ritmos de resolución muy altos.

–¿Hay margen de mejora?

–Con la plantilla que tenemos ahora es difícil mejorarlos. Estos datos se deben al esfuerzo y compromiso de los jueces y creo que es difícil optimizarlos más. Ahora, con la nueva ley de Eficiencia Judicial, vamos hacia una estructura nueva, una macroorganización, con tribunales de instancia y una oficina judicial, pero su éxito también va a depender de que estas oficinas, que dependen del Principado, tengan capacidad para optimizar esos recursos.

–Otro de los cambios que implicará la nueva ley es que los juzgados de violencia asumirán los delitos sexuales y deberán resolverlos en nueve meses. ¿Asturias está capacitada para ello?

–A partir de octubre nosotros tendremos en los juzgados de violencia de género, que ahora tramitan unos 9.500 asuntos al año, 1.300 asuntos. 11.000 en total según las cifras del año pasado.

–¿Y es viable el cumplimiento de esos plazos?

–Los jueces estamos muy acostumbrados a cumplir con la ley y tendremos que afrontarlo. Eso sí, esto va a suponer un mayor esfuerzo por parte de esos juzgados y requiere, a nuestro juicio, de cierto cambio en la organización, con la denominada comarcalización. Parece que ya va a ser realidad en Gijón con la creación de una sección especializad en violencia de género con jueces que atenderán este tipo de casos procedentes de todo el Oriente de Asturias. Y la idea es comarcalizar el resto de la región.

–En su discurso de inicio de año judicial volvió a reclamar más medios. ¿Ha visto atendidas sus peticiones?

–Nosotros sufrimos déficit de medios materiales y personales. Fundamentalmente medios materiales. Tenemos un plan de infraestructuras que el Principado aprobó después de mucha insistencia en el que prácticamente se prevén obras en todos los edificios judiciales, con más o menor intensidad. Pero ese plan tiene un plazo de ejecución de doce años, estamos hablando de 2037. Lo que pedimos es una apuesta presupuestaria para acortar esos plazos y, también, que se incluya en ese plan la reunificación judicial de Oviedo. La situación actual con ocho sedes es poco sostenible y va a ser aún menos con la nueva oficina judicial, que va a ser común para todos.

–Teniendo en cuenta los plazos que maneja la Universidad, no parece que Llamaquique vaya a estar disponible para ustedes al menos hasta 2031...

–Si estos plazos que están apareciendo estos días en los medios son correctos, si la reunificación de Llamaquique se va a demorar, nosotros pedimos una solución alternativa.

–Usted en su momento pidió una solución puente.

–Pedíamos una solución puente si los plazos eran razonables, pero si los plazos no lo son lo que habrá que buscar es una solución distinta. Apostamos por Llamaquique porque nos parecía una solución eficiente y económica, y se creó una comisión donde todos estábamos de acuerdo. Pero claro, siempre y cuando haya unos tiempos razonables. Llevamos pidiendo la concentración de sedes desde hace 25 años y seguimos con ese problema. Necesitamos unas sedes del siglo XXI. No podemos seguir esperando.

–¿Qué alternativa propone?

–No soy yo a quien le corresponde plantearla. Yo gobierno el Poder Judicial.

–El accidente de Cerredo se ha convertido en otra prueba de fuego para la justicia asturiana. ¿Cuenta el juzgado de Cangas del Narcea con suficientes medios para completar la investigación con garantías y de forma ágil?

–La capacidad de los juzgados asturianos está a prueba de cualquier fuego y creo que hemos dado muestras de ello. Tenemos una media de resolución máxima de 10 meses. Este proceso lo desconozco porque con la jueza –sustituta, pronto tomará posesión la titular– sólo he hablado de los medios que necesita y dos cosas puedo decir: La carga de trabajo del juzgado a día de hoy no requiere de un nuevo juez de refuerzo, pero sí se han pedido dos funcionarios adicionales para agilizar la tramitación porque va a haber mucha petición de pruebas, alegaciones, muchas partes en el proceso... Y también se ha pedido al Principado que habilite algún espacio anexo porque el espacio es pequeño.

–A raíz del accidente de Cerredo también hay quien insiste en la necesidad de disponer de juzgados especializados en siniestralidad laboral. ¿Lo ve necesario?

–No hay un número suficiente de accidentes laborales, con resultado penal, como para crear un juzgado de siniestralidad laboral. Nosotros creemos que los jueces, tanto los de lo social como los de lo penal que instruyen este tipo de casos están formados y tienen el conocimiento adecuado. Pero esa agilización que se pide tendría que venir de la mano de la propia Administración. Y pongo un ejemplo: para sacar la grúa de El Musel en el accidente que hubo en septiembre tuvimos que esperar varios meses. Y ese retraso no es imputable al juzgado.