La Junta vota «no» a las iniciativas del PP en favor de la igualdad y contra la amnistía

La portavoz del grupo socialista, Dolores Carcedo, se remitió al manifiesto aprobado por la Federación Socialista de Asturias (FSA) el pasado 1 de octubre para mostrar su respaldo a las negociaciones iniciadas por el presidente en funciones, a favor de un proyecto de progreso y de convivencia, y reclamó a los populares que «nos dejen explorar las opciones que hay para hacerlo y trabajar por el futuro de este país, del que ustedes tantas veces se desentienden». «Votamos no a la campaña de confrontación del PP», concluyó la socialista, quien previamente había argumentado de forma extensa por qué su partido no iba a consentir lecciones ni de igualdad ni de constitucionalidad por parte del principal partido de la oposición. «¿Dónde estaban cuando se aprobaban medidas reales para la igualdad como la subida del salario mínimo, la actualización de las pensiones o la reforma laboral?», preguntó a la bancada popular, a la que acusó de, siguiendo el dictado de Génova, «sobreactuar, hacer ruido, generar miedo y dudas» para ocultar el fracaso electoral.

Con similares argumentos justificaron su voto negativo a ambas iniciativas IU-Convocatoria por Asturias y Podemos. Xabel Vegas, como portavoz de la coalición, dijo sentir lástima por Diego Canga, al que considera que se ha visto obligado a participar en esta «performance» política y acusó a los populares de ser «corresponsables del divorcio emocional entre Cataluña y España». Vegas dio un paso más que la portavoz socialista y no eludió la palabra «amnistía» como, el mismo anotó, «hacen otros partidos». En su opinión, la amnistía puede ser una «herramienta de conciliación que, llegado el caso, debe debatirse y votarse en las Cortes con el control del Tribunal Constitucional». Previamente, la diputada de Podemos también había justificado su voto negativo a sendas iniciativas que, criticó, «forman parte de una campaña estatal del PP y no deberían ocupar tiempo en esta Cámara». Reprochó que el PP enarbole ahora la bandera de la igualdad cuando es un partido «que defiende políticas fiscales tendentes a favorecer a minorías» y apuesta por la «privatización de los servicios» y, al igual que Xabel, acusó a esta formación de haber sido una «auténtica fábrica de independentistas en Cataluña».

Las proposiciones no de ley presentadas por el PP fueron defendidas, en un único punto del orden del día, por el portavoz del PP, Diego Canga, y la portavoz adjunta, Beatriz Polledo. El primero recriminó al presidente asturiano Adrián Barbón que no hubiera tenido la «valentía» de otros históricos dirigentes socialistas de rechazar las negociaciones iniciadas ya por Pedro Sánchez con los independentistas y que, en su opinión, suponen un «ataque frontal al Estado de derecho». Canga pidió rechazar cualquier proyecto que trate de «romper la igualdad entre los ciudadanos» y, concretamente, se posicionó en contra de la condonación de la deuda catalana que, advirtió, «la pagarían los asturianos». «¿Dónde queda nuestra tierra en ese intercambio de cromos que ha convertido Sánchez su paso por la Moncloa», preguntó. Polledo, por su parte, incidió sobre la idea de que el PSOE está intentando llegar a la Moncloa «a cualquier precio», incluso «negociando con el autor de un golpe de Estado y prófugo de la Justicia».

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A su lado se posicionó el grupo parlamentario de Vox. La portavoz, Carolina López, recrimina que «el golpe de Estado de 2017 perpetrado desde la Generalidad de Cataluña pretenda trasladarse ahora al Palacio de la Moncloa, envuelto en ropajes de legalidad, una vez que los socialistas han perpetrado en gran medida el asalto del Tribunal Constitucional». Y advirtió: »Un político amnistiando a otro político, a cambio de sus votos, para mantenerse en el poder, comete un acto de corrupción inigualable». El diputado de Foro, Adrián Pumares, también apoyó la iniciativa popular argumentando que una institución democrática no debería estar discutiendo sobre estas cuestiones porque «es algo en lo que todos deberíamos coincidir» y calificó de «inaceptable» que, por intereses partidistas, se pretenda «legitimar a alguien que llevó a cabo una declaración unilateral de independencia y se deslegitime la democracia y la justicia española».