Los juristas instan al Principado a denunciar ya el peaje del Huerna ante el Tribunal Supremo

Durante el debate de orientación política el presidente Adrián Barbón anunció que «solicitará antes de final de año» la revocación del peaje «directamente a la Comisión Europea», lo hará «con el aval jurídico de un informe encargado expresamente». «Contrataremos a los mejores administrativistas», enfatizó.

Como toda la oposición, la diputada de Somos, Covadonga Tomé, le hizo ver que quien tiene capacidad de revertir el contrato es el Gobierno central, a lo que Barbón opuso es la Comisión quien promueve un expediente contra España por esa concesión y «claro que nos tenemos que personar, porque hasta ahora no hemos sido parte del procedimiento».

Lo anunciado casa con lo que la Junta General reclamó al Ejecutivo que hiciera, en junio de 2024. A propuesta de Foro y por unanimidad, el pleno instó al Principado a «ser parte activa en este procedimiento, encargando un estudio en el que se exploren las vías jurídicas para la anulación de la prórroga concedida irregularmente y se valoren los costes económicos que tendría para el Estado la asunción de la gestión directa de la AP-66«. En agosto de 2024 el consejero Alejandro Calvo precisó que se encargaría »un estudio externo para convertir la posición del Principado en una posición jurídica sólida«.

Ahora el Ejecutivo asturiano acelera pero la normativa le impide «personarse» y sus opciones de influir existen, pero son relativas. Este periódico consultó a la Comisión Europea, al Tribunal de Justicia de la UE, a denunciantes de otros procesos similares y a dos juristas de reconocido prestigio. La conclusión es que, a estas alturas, hay una vía jurídica por explorar; pasa por denunciar la supuesta ilegalidad al Tribunal Supremo. Es una estrategia que iniciará una patronal del transporte gallego contra otra autopista y que en Asturias, Fade y el sector sopesan, buscando ya un bufete asturiano.

¿Cuál es la situación ahora? «Lo que tenemos es un procedimiento de infracción en el que España ha respondido a la carta de emplazamiento de la Comisión justificando el contrato», sitúa Javier González Vega, catedrático del Grupo de Derecho Internacional Público y Derecho de la UE de la Universidad de Oviedo. Las guías jurídicas que edita la UE para explicar el proceso son claras. Este caso se inició a raíz de una denuncia cursada en 2021 por Daniel Ripa, entonces diputado de Podemos Asturias, y aunque «la actuación de los denunciantes resulta básica para ayudar a detectar los incumplimientos de los Estados miembros, eso no los convierte en sujetos parte del recurso de incumplimiento».

Ni Ripa, ni el Principado, ni Aucalsa, pueden ser parte. Las normas de la UE solo permiten actuar como tal a Estados, Comisión, Banco Central Europeo y Banco Europeo de Inversiones. «Las personas físicas y jurídicas no podrán intervenir», recalca una guía del Europarlamento. El Grupo Itinere, matriz de Aucalsa, se refiere al asunto en sus memorias como algo de lo que tiene noticia pero «no ha recibido ninguna notificación al respecto» ni «es parte del procedimiento que se pudiera desarrollar».

«En este momento lo más que puede hacer el Principado es enviar a la Comisión sus consideraciones para que las valore si quiere», dice el abogado y profesor universitario Javier Junceda. «No hay obligación de tenerlas en cuenta», matiza González Vega.

El tiempo corre. En estos momentos la Comisión ya analiza la respuesta que ha dado España; «Bruselas emitirá un dictamen motivado en el que acepte esos argumentos o por contra mantenga que hay una vulneración de la normativa», indica González Vega, quien previene de un factor: «El procedimiento es flexible y la Comisión, por criterios de oportunidad o políticos, puede decidir no dar el siguiente paso, que sería denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Podría considerar que el contrato incumplió las directivas, pero aún así, no ir a la vía judicial». Bruselas suele ir a los tribunales «si considera que la cuestión es trascendente y el incumplimiento grave, si no, puede decidir que aquí termine el procedimiento».

Si mantiene su posición y denuncia a España al TJUE, el pleito también tiene actores muy delimitados. Desde el tribunal se remiten a su estatuto, que especifica que en los litigios «las personas físicas y jurídicas no podrán intervenir en los asuntos entre los Estados miembros, entre las instituciones de la Unión o entre Estados miembros, por una parte, e instituciones de la Unión, por otra». Por eso en otro caso en el que Bruselas denunció la prórroga de una autopista italiana, los únicos dos actores del pleito eran la Comisión e Italia; ni la concesionaria ni las autoridades locales pudieron intervenir.

Desde el TJUE explican que la duración media de sus procedimientos es de 18 meses, «pero no hay una fórmula matemática que pueda aplicarse». Caso de haber condena, no impone sanciones. Solo si después de ella el Gobierno central no cumple, es cuando Bruselas puede volver al TJUE a pedir otra sentencia ya castigando con multas.

¿Qué más puede hacer el Principado? «Cuando hay causa de nulidad en un contrato, pedir su revisión de oficio en vía contencioso-administrativa, en este caso, como lo acordó el Consejo de Ministros, habría que ir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo», indica Junceda. «Ahora la dueña del procedimiento es la Comisión, pero podría ser más pertinente abrir una vía interna dado que todos los jueces de Europa tienen el deber de garantizar el cumplimiento de la normativa europea», avala González Vega.