Castrillón estrena su nuevo juzgado: una inversión de 111.000 euros y 159 metros cuadrados para dar servicio a 22.000 habitantes
La ministra Pilar Llop y el presidente del Principado han inaugurado las instalaciones | Asturias recibirá en 2022 más de 2,6 millones del Plan de Resiliencia y Recuperación de la Unión Europea para la modernización de la Administración de Justicia
El Gobierno de Asturias ha invertido más de 111.000 euros en el nuevo juzgado de paz de Castrillón, ubicado en la confluencia de las calles Fruela y Xabucu, en Piedras Blancas, que resuelve las carencias del antiguo espacio. Las instalaciones suman 159 metros cuadrados, frente a los 55 del local anterior, y cuentan con zona de atención al público, sala de vistas, tres despachos y área para archivo y documentación.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, han participado hoy en la inauguración del nuevo juzgado junto con la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero; la consejera de Presidencia, Rita Camblor; la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, y la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, entre otras autoridades.
El Principado concedió al Ayuntamiento una subvención de 100.000 euros para la ejecución de las obras. Además, asumió la redacción del proyecto constructivo, aportó 10.700 euros para el mobiliario y financió la tecnología necesaria para el funcionamiento del órgano: la red de comunicaciones de telefonía y datos, ordenadores e impresoras.
El nuevo juzgado de paz da servicio a más de 22.000 habitantes y es el que más población atiende de los 60 órganos de este tipo que funcionan en Asturias, por delante de los de San Martín del Rey Aurelio (15.800), Corvera (15.500), Llanera (13.000) y Gozón (10.200).
Estos órganos cubren las necesidades de los municipios de más de 7.000 habitantes en los que no existe juzgado de primera instancia y están atendidos por jueces no profesionales que ejercen funciones jurisdiccionales y resuelven cuestiones de menor relevancia, reguladas siempre por la Ley del Poder Judicial. También cuentan con funcionarios de la Administración de Justicia y personal de los propios ayuntamientos.
Entre otros cometidos, funcionan como registro civil –allí se inscriben los nacimientos, matrimonios y defunciones del municipio- prestan auxilio judicial, es decir, colaboran con otros juzgados para evitar desplazamientos a la ciudadanía, y tramitan asuntos como la toma de declaraciones, la comunicación de sentencias, los ofrecimientos de acciones legales, las entregas y recogidas de permisos de conducir, los embargos, los actos de conciliación y los juicios verbales.
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La prestación de justicia en los municipios
El acuerdo entre el Ayuntamiento de Castrillón y el Gobierno de Asturias para la adecuación del nuevo juzgado se enmarca en las actuaciones previstas en la Ley de Eficiencia Organizativa. De este modo, el Principado se adelanta a la adecuación de espacios modernos y dotados de la tecnología necesaria para transformar los juzgados de paz en modernas oficinas de justicia y convertirlos así en instrumentos útiles para reducir las brechas territorial, digital y ecológica, acercando los servicios públicos a la ciudadanía.
Este tipo de intervenciones resultan de especial trascendencia para Asturias, que apuesta por el municipalismo y por la cercanía en la atención a la población, a pesar de la dispersión territorial.
El proyecto se enmarca en el Plan Justicia 2030 que impulsa el Gobierno de España y cuyo principal propósito es transformar este servicio para hacerlo más accesible y eficiente, con el fin de contribuir al esfuerzo común de cohesión y sostenibilidad.
Más de 2,6 millones
Por otra parte, el Principado recibirá en 2022 más de 2,6 millones procedentes del Plan de Resiliencia y Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU) para la Administración de Justicia, dentro de los proyectos que el Ministerio de Justicia pondrá en marcha junto con las comunidades autónomas con competencias transferidas. Los fondos se destinarán principalmente a la modernización tecnológica y al desarrollo de las actuaciones necesarias para la adaptación de las aplicaciones a las leyes de Eficiencia Procesal y de Eficiencia Organizativa.
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