Los mineros de Vega de Rengos exigen a Industria que les permita volver al pozo

Vuelven las manifestaciones a la minería. El Principado decretó la suspensión de actividad en la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea) a principios de abril, y hoy una manifestación convocada por los trabajadores afectados ha recorrido el centro de Oviedo, para terminar ante la Consejería de Industria. Reclaman que se revoque la paralización y se permita a Tyc Narcea retomar la actividad. La protesta ha sido apoyada por el alcalde de Cangas del Narcea, así como por los sindicatos SOMA y CC OO.

El consejero, Borja Sánchez, se comprometió en la víspera ante los alcaldes de las comarcas mineras a agilizar el expediente y convocar una reunión con la empresa, los sindicatos y los regidores para explicarles la decisión que finalmente adopte el nuevo equipo al frente de la dirección general de Minas. La decisión de parar la actividad la acordó el anterior, a las órdenes de la entonces consejera Belarmina Díaz, después de que IU-Convocatoria solicitara detener todas las explotaciones que tengan un permiso similar al que se dio a la mina de Cerredo (Degaña), donde fallecieron cinco trabajadores.

Desde Tyc Narcea se viene insistiendo en que ellos pasaban inspecciones cada dos meses, resultando todas favorables. También confirmaron esta mañana haber remitido toda la documentación reclamada por la consejería para verificar la legalidad de la actividad. Las dudas se centran en el Proyecto de Investigación Complementario (PIC) que la propia consejería concedió en 2021 y fue renovando y ampliando hasta autorizar la extracción de 90.000 toneladas de antracita de una capa sin explotar, al objeto de someterlas a una prueba industrial en una siderúrgica. Según la empresa, la propia multinacional siderúrgica habría remitido documentación a la consejería para acreditar que el material se está empleando para el fin autorizado.

Sobre el asunto se ha manifestado hoy el nuevo viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo: «Aquí lo importante es la legalidad. Se abrirá o no en función de la legalidad de los hechos. Lo que vamos a comprobar es si la empresa cumple o no; si se determina que cumple las condiciones establecidas en el PIC, se podría llevar a cabo la apertura, y si no, no». El viceconsejero incidió en que su departamento «no está discutiendo la seguridad» de la mina, «como se ha manifestado en varias ocasiones». El objeto de esta comprobación es «si el PIC que se concedió se está cumpliendo conforme a las condiciones dadas». Para ello se viene pidiendo información y hay documentos que «nos han llegado ayer mismo», detalló. «La discusión es preservar la legalidad, ese es nuestro objetivo y trataremos de hacerlo con la máxima premura», comprometió. Eso sí, «es mucha la información» a analizar y el expediente «va creciendo todos los días».

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