Avall ve «insuficiente» la protección del PGO de Llanes para la costa

Con el plazo de presentación de alegaciones al Plan General de Ordenación (PGO) de Llanes ya cerrado, aquellos que han aportado sus consideraciones al documento de aprobación inicial comienzan a hacer públicas sus posturas. Es el caso de la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), que en un documento cercano a la veintena de páginas desgrana lo que a su parecer son los 'males' del plan tal y como ahora está redactado. Desde la entidad hacen especial hincapié en la protección de la costa, a su parecer «insuficiente».

El documento, dicen, «se limita a reproducir en el suelo no urbanizable (SNU) de Costas, con pequeños ajustes, las delimitaciones del planeamiento anulado de 2003, apostando, en contra de sus postulados y objetivos, por un modelo desarrollista y expansivo». Indican además que «sería conveniente incorporar la delimitación» de planes autonómicos ya existentes «respecto a ampliar la franja litoral de 500 metros para incluir los suelos no urbanizables afectados por la delimitación de Paisaje Protegido de la Costa Oriental». El objetivo pasa así por redefinir los núcleos de población para hacerlos más compactos, contener «la difusión del suelo de uso residencial» y evitar la formación de continuos urbanizados.

Avall realiza también un análisis de distintos pueblos del litoral, con la recomendación genérica de «evitar crecimientos en dirección al mar». A nivel de detalle, Celorio concentra buena parte de las consideraciones, entre las cuales incluyen la necesidad de revisar las «intensidades adoptadas en el nuevo suelo urbano». También piden «recoger sólo la edificación consolidada y redefinir su perímetro», así como «insertar las parcelas no edificadas dentro del SNU de Costas hasta la autovía». Respecto al camping María Elena, situado en esa localidad, sostienen que debe excluirse del nuevo suelo urbano «por su manifiesta improcedencia de pertenencia a malla urbana alguna».

Además de a Celorio, Avall alude a los «nuevos suelos urbanos» de Poo y Barro. «Son núcleos de población costeros que deben seguir conservando su ruralidad», afirman frente a la «generosidad» de crecimiento que detectan. Por ello piden que los tres pueblos se «consideren como núcleos rurales en cuanto a intensidades y las dinámicas propias de los núcleos rurales del litoral».

La asociación solicita asimismo una «aclaración» respecto al «perímetro delimitado en Cuevas del Mar, por cuanto no cumple los requisitos definidos en la legislación urbanística que permitan constituir núcleo de población y excluirlo del SNU de Costas».

Del repaso por localidades, de Posada se muestran «disconformes con la expansión» más allá de la carretera AS-263. Sin salir de esa zona, solicitan que se declaren «fuera de ordenación expresa los esqueletos en su día erigidos a la entrada de Bricia y que hoy constituyen una ruina urbanística». En cuanto a la villa de Llanes, apuestan por «incrementar la protección de la ladera sur del paseo de San Pedro para evitar edificaciones que perturben el interés paisajístico».

La batería de propuestas continúa con la petición de redefinir los núcleos rurales, «limitándose a los que realmente lo son y no agrupando bajo su crecimiento alveolar edificaciones vacacionales». De ordenación piden sacar por su parte a «aquellas edificaciones en estado de abandono situadas dentro de la franja litoral que no cumplen ninguna función territorial, como la ruina de Toranda» y a los «campamentos de turismo» así calificados por los planes autonómicos.

Por otro lado, Avall pide al equipo redactor aclarar ciertos puntos, como «la exigencia de parcela mínima respecto a los núcleos alveolar litoral, compacto litoral y alveolar general» y «las parcelas incluidas en los riesgos ambientales» y las limitaciones que de ellos derivan. También que «se corrija la representación gráfica de los aparcamientos públicos del litoral».

Cargan además contra aspectos formales, como la cartografía expuesta al público, que según su experiencia «ha dificultado, cuando no impedido, evaluar con rigor las condiciones de la ordenación» al no estar «representadas con claridad las fincas y parcelas afectadas». Esa carencia que denuncian «ha generado ciertas dosis de inseguridad jurídica en la consulta de la documentación» y alertan incluso de que pudiera resultar contaminado el proceso de participación ciudadana.